La audiencia del caso Barrenador concluyó este lunes y será en los próximos días cuando el juez penal resuelva las medidas cautelares que le impondrá a los ocho imputados por supuestamente permitir un millonario sobreprecio en la adjudicación de la administración de 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana.
A la salida de la última sesión, a las 4:30 p. m., el fiscal Ronald Segura, de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), aseguró sentirse satisfecho por el trabajo realizado hasta ahora. “Lo que estamos tratando de hacer es salvar una institución insigne”, mencionó al alegar que el servicio que brinda la CCSS posiciona a Costa Rica como uno de los mejores sistemas de salud del mundo.
Subrayó que el Ministerio Público, como órgano acusador del Estado, presentó “un gran elenco probatorio” para justificar por qué el contrato generaría un perjuicio económico al Estado. Para la Fiscalía, el sobreprecio anual que se aprobó pagar a cuatro cooperativas y una asociación médica, por 10 años, es de ¢12.400 millones.
“Este contrato tuvo una serie de actuaciones que nosotros cuestionamos, como la eliminación del primer cartel, reuniones con grupos interesados una vez que se había recibido el cartel para su aprobación, y una prueba que se acogió de la Contraloría General de la República, donde dice que ya hay adjudicación por parte de la Junta Directiva, y esto genera una responsabilidad para la Caja”, agregó el fiscal.
Asimismo, afirmó que los funcionarios públicos deben tener claro que las decisiones que toman deben estar apegadas a la Ley General de Contratación Administrativa, en la que se señala que toda contratación debe tener una razonabilidad de precios.
“Eso nunca pudo ser cuestionado por la defensa y todos los estudios dicen que son excesivos, no hubo ningún tipo de prueba contraria”, mencionó.
A los ocho imputados se les investiga por tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
En la causa se encuentran la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel; la gerenta general, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes; los directores Isabel Camareno Camareno (representante del gobierno), Zeirith Rojas Cerna (sector patronal), Johnny Gómez Pana (patronal) y los exdirectivos Jorge Luis Araya Chaves (patronal), Jorge Porras López (gobierno) y Roberto Quirós Coronado (patronal).
El abogado Edgardo García y su defendida, Marta Esquivel, dijeron que de momento no se van a referir al caso debido a que aún no se les ha dado la resolución, la cual podría estar para finales de esta semana.
Por su parte, el exdirector Roberto Quirós afirmó que no podría referirse al caso; sin embargo, alegó que está anuente a dar cuentas a la opinión pública “de la actuación proba”. “Todo lo actuado ha sido para el beneficio de 600.000 asegurados y más, que gozan de un excelente servicio brindado por las cooperativas”, concluyó.
La FAPTA pidió el martes anterior al juez que lleva el caso suspender durante seis meses a Marta Esquivel Rodríguez del cargo de presidenta ejecutiva de la CCSS, así como a otros cuatro miembros de la Junta Directiva de la CCSS: Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, Jorge Porras López y María Isabel Camareno Camareno.
Para los ocho investigados, la Fiscalía también pidió que se les impida cualquier relación con testigos y con la licitación que dio pie a esta causa penal. Además, la FAPTA requirió que se les exija presentarse a firmar una vez al mes ante el juzgado y se les prohíba la salida del país.
En una sesión extraordinaria, el sábado 6 de julio, la Junta Directiva aprobó el contrato con las cooperativas y asociación médica por un total de ¢471.000 millones por 10 años.
Cuatro días después, el auditor interno de la CCSS, Ólger Sánchez Carrillo, presentó la denuncia ante la Fiscalía por considerar que el aumento en el contrato es excesivo. Lo justificó con criterios técnicos de la misma CCSS que advirtieron que había que declarar infructuosa esa licitación porque las ofertas de las cooperativas y la asociación médica sobrepasaban los montos que pagó la CCSS en los últimos cuatro años. En promedio, la CCSS erogó ¢29.000 millones por año.
El 24 de julio, la Contraloría General de la República también envió a la Fiscalía una relación de hechos sobre esa adjudicación.
