Estos son los ocho detenidos por el caso de la contratación de la CCSS a cooperativas, para la operación de Ebáis con un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales:
- Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de CCSS
- María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de CCSS
- Zeirith Rojas Cerna, directivo de la CCSS como representante de los patronos
- Johnny Gómez Pana, directivo de la CCSS como representante de los patronos
- María Isabel Camareno Camareno, directiva de la CCSS como representante del gobierno
- Roberto Quirós Coronado, exdirectivo de CCSS quien fungía como representante de los patronos
- Jorge Porras López, exdirectivo de CCSS quien fungía como representante del gobierno
- Jorge Luis Araya Chaves, quien fungía como representante de los patronos
El 23 de setiembre, el país amaneció con una noticia que paraliza la toma de decisiones en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 28 allanamientos en oficinas de esa entidad, centros médicos y viviendas de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, miembros y exmiembros de la Junta Directiva.
Además, las autoridades judiciales también ingresaron a la vivienda de María Gutiérrez Brenes, gerenta general interina de la CCSS y asesora cercana a Esquivel.
Los agentes realizaron estas diligencias como parte de una investigación penal por los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública en la contratación millonaria de tres cooperativas y una asociación médica para administrar 10 áreas de salud que incluyen 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana.
Como resultado de las acciones, ocho personas fueron detenidas, entre ellas, Marta Esquivel, quien no se encontraba en su apartamento, ubicado en una torre de barrio Escalante, San José. A las 7:57 a. m., el Ministerio Público confirmó que la jerarca se presentó a la delegación del OIJ en Pérez Zeledón y allí fue aprehendida.
Esquivel está al frente de la CCSS desde setiembre del 2022, cuando fue destituido Álvaro Ramos por la aprobación de un aumento salarial retroactivo para los empleados de la entidad. Ella, anteriormente, fue ministra de Trabajo y antes hizo carrera en el Poder Judicial como jueza de Trabajo y magistrada suplente en la Sala Constitucional.
María de los Ángeles Gutiérrez, en tanto, fue nombrada gerenta general interina de la CCSS el pasado 17 de setiembre. Esa funcionaria fue ratificada en el puesto pese a que, desde julio un informe de Auditoría Interna la cuestionó por exceder sus competencias y presentar una recomendación a la Junta Directiva para adjudicar un convenio por ¢471.000 millones para administrar las 10 áreas de salud por 10 años.
De acuerdo con la Auditoría Interna, el 5 de julio Gutiérrez emitió el oficio GM-DPSS-0331-2024 en el cual recomendó adjudicar la licitación pese a que existían criterios técnicos que calificaban las ofertas de las cooperativas como “excesivas”. Para el órgano fiscalizador ese oficio no se ajustó “a la metodología establecida institucionalmente”.
El primer criterio que calificó como excesivas las ofertas provino del Área de Contabilidad de Costos, el 8 de abril de 2024. En ese documento se indicó que la CCSS pagó en promedio ¢29.200 millones por año en los últimos cuatro años por la administración de los centros médicos ubicados en esas 10 áreas de salud. Ese monto incluía mano de obra, materiales y suministros, gastos indirectos, alquileres y utilidades.
No obstante, según el análisis, el desembolso subiría a ¢53.300 millones por año, aproximadamente, sin que exista una mejoría en el servicio, en el alcance o en algún otro rubro.
El segundo criterio que describió como excesivas las propuestas fue elaborado por un equipo intergerencial el 7 de mayo, en el cual reiteraron que los montos ofertados eran excesivos.
Carlo Díaz, fiscal general, dijo que la investigación se inició por una denuncia de la Auditoría Interna de la CCSS, encabezada por Olger Sánchez Carrillo. “Aquí se denunció una injerencia directa de la CCSS para adjudicar un proceso de licitación en detrimento de uno que llevaba más de dos años de estar en curso. Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de ¢12.400 millones”, explicó Díaz.
Directivos y exdirectivos de CCSS detenidos
Entre los detenidos también está Zeirith Rojas Cerna, representante de los patronos ante la Junta Directiva de la CCSS y vicepresidente de ese órgano. Rojas, quien es médico cirujano y exfuncionario de la CCSS, llegó a la Junta Directiva en agosto de 2023 por designación de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Rojas, de 70 años, entró a sustituir a Lizbeth Salazar, quien tuvo que renunciar por ser familiar de Carlos Salazar, representante del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva.
También fue aprehendido, según el reporte de las autoridades, Johnny Gómez Pana, otro de los representantes de los patronos en la Junta Directiva de la CCSS. También llegó a la entidad en agosto de 2023.
María Isabel Camareno Camareno, exprecandidata a diputada por el Partido Unidad Social Cristiana y representante del gobierno en la Junta Directiva, también aparece en la lista de detenidos por este caso.
Camareno llegó por primera vez al máximo órgano de la CCSS en enero de 2023. En esa oportunidad fue designada como representante temporal del cooperativismo ante la suspensión, por parte del Consejo de Gobierno, de José Loría. Sin embargo, cuando la Sala Constitucional restituyó a Loría, en junio de 2023, Camareno tuvo que dejar el cargo.
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No obstante, en julio de 2023, el Consejo de Gobierno la designó como su nueva representante en la Junta Directiva.
Entre los exdirectivos detenidos se encuentra Roberto Quirós Coronado, quien fungía como representante de los patronos ante la Junta Directiva y se convirtió en mano derecha de Esquivel.
Quirós llegó a la Junta Directiva en enero de 2023 y dejó el puesto el 17 de julio de ese mismo año en medio de cuestionamientos por aparentes deudas con el Ministerio de Hacienda y supuesta injerencia en el cartel de licitación para contratar a las cooperativas.
Precisamente, en abril de 2023, Quirós negó en una entrevista con este diario que tuviera un conflicto de interés relacionado con esa contratación, pues fue abogado de Coopesana, una de las cooperativas interesadas, hasta 2014.
“La relación profesional con Coopesana terminó en 2014. No creo que exista una relación (...) Le tengo, entre los documentos que le voy a remitir, la carta de renuncia que yo firmé el 16 de abril de 2014. No hay conflicto de interés”, dijo Quirós en esa ocasión.
El exdirectivo lideró la creación de una comisión para revisar el proceso de licitación que la CCSS desechó y establecer los términos de referencia de uno nuevo.
Los otros exdirectivos detenidos son Jorge Porras López, quien días atrás se vio en la obligación de renunciar a la Junta Directiva por una denuncia sobre nombramiento irregular, y Jorge Luis Araya Chaves, quien fue representante de los patronos hasta el 10 de julio, apenas cuatro días después de participar en la sesión extraordinaria del 6 de julio en la que se aprobó la cuestionada adjudicación a las cooperativas.
