EscucharUn juez penal de Hacienda y Función Pública ordenó este jueves la suspensión por seis meses de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y otros cuatro altos jerarcas de la institución investigados por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en contratos para la administración de 138 Ebáis.
Además de Esquivel, la medida cautelar también cubre a la gerenta general interina de la CCSS, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes; a los directivos Isabel Camareno Camareno, representante del gobierno, y Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana, ambos delegados del sector patronal.
En la causa, conocida como Caso Barrenador, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) también investiga a los exdirectivos Jorge Luis Araya Chaves (patronal), Jorge Porras López (gobierno) y Roberto Quirós Coronado (patronal).
A los ocho se les prohibió comunicarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar de cualquier forma a los testigos del caso, así como conocer cualquier situación laboral de los mismos. Además, no podrán conocer ningún asunto relacionado con la licitación bajo pesquisa.
Mediante un video, el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, se refirió brevemente este jueves a la decisión del juez de acoger la petición planteada por la FAPTA. “Esto nos complace mucho porque podemos demostrar que nuestras actuaciones siempre fueron apegadas a derecho”, aseveró.
La tesis del Ministerio Público es que los ocho investigados habrían permitido la firma de un contrato por ¢471.000 millones por un periodo de 10 años con cuatro cooperativas y una asociación médica para la administración de 138 Ebáis, sin garantizar la razonabilidad de los precios, como exige la Ley General de Contratación Administrativa.
De acuerdo con el expediente, estas personas en “plena coordinación y de común acuerdo, llevaron a cabo acciones mediante las cuales ejercieron un control activo sobre la elaboración del cartel” de licitación.
Además, señala que los imputados emitieron acuerdos que les permitieron vigilar el proceso de elaboración del pliego. Incluso, según indica, se debía enviar versiones de borrador a la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva para “su análisis previa publicación”, lo cual excede las competencias y funciones de los directivos.
Los ocho sospechosos enfrentan una causa por los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
El fiscal Rónald Segura mencionó, el día en que terminó la audiencia sobre medidas cautelares, que la intención del Ministerio Público es “salvar una institución insigne”, pues alegó que el servicio que brinda la CCSS posiciona a Costa Rica como uno de los mejores sistemas de salud del mundo.
“Este contrato tuvo una serie de actuaciones que nosotros cuestionamos, como la eliminación del primer cartel, reuniones con grupos interesados una vez que se había recibido el cartel para su aprobación, y una prueba que se acogió de la Contraloría General de la República, donde dice que ya hay adjudicación por parte de la Junta Directiva, y esto genera una responsabilidad para la Caja”, dijo el fiscal, el día en que concluyó la audiencia.
Asimismo, afirmó que los funcionarios públicos deben tener claro que las decisiones que toman deben estar apegadas a la Ley General de Contratación Administrativa, en la que se señala que toda contratación debe tener una razonabilidad de precios.
“Eso nunca pudo ser cuestionado por la defensa y todos los estudios dicen que son excesivos, no hubo ningún tipo de prueba contraria”, mencionó.
El auditor de la CCSS, Ólger Sánchez, fue quien denunció ante la Fiscalía el presunto sobreprecio el 10 de julio, cuatro días después de que la Junta Directiva aprobara la adjudicación a las cooperativas y la asociación médica.
La Junta Directiva procedió así por recomendación de un informe que firmó, en solitario, la gerenta general a. i., María de los Ángeles Gutiérrez Brenes. Criterios internos de la CCSS habían advertido que el pago es excesivo porque en los últimos cuatro años se les ha pagado a esas cooperativas, en promedio, ¢29.000 millones por año.
