Diputados apuran plan para trasladar Unidad Especial de Intervención a Seguridad Pública

Igualmente, añade que la unidad estará destinada a la protección de la seguridad nacional, incluyendo la prevención y respuesta ante actos de terrorismo, secuestros y otras actividades delictivas que requieran de intervención especializada.

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La Unidad Especial de Intervención es un cuerpo policial especializado en operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, de acuerdo con el artículo 18 de la ley de Policía. No obstante, algunos diputados alegan que es de uso discrecional del mandatario y que, por lo tanto, no está al servicio de la seguridad pública.

“Es necesario contribuir al mejoramiento de los cuerpos policiales del país, ubicando realmente bajo un mando técnico este tipo de unidades especiales, que en este momento operan en otros espacios que no son el MSP”, declaró Gilberto Campos, legislador del Partido Liberal Progresista (PLP) y proponente del proyecto.

Diputados cuestionan control del presidente sobre UEI

El proyecto dispensado de trámites propone eliminar las competencias del presidente de la República para autorizar, previa y expresamente, la participación de los miembros de la UEI en cualquier operativo.

De la misma manera, se anulan los poderes del mandatario de encargar, exclusivamente al ministro de la Presidencia, la supervisión y la evaluación del correcto desempeño de las funciones de este cuerpo.

Ariel Robles, diputado del Frente Amplio (FA), cuestionó que exista una unidad especializada policial que esté a disposición “para investigar a diputados, periodistas o resolverle los problemas familiares del presidente”. Aseguró que este tipo de unidades de investigación “son sumamente peligrosas para las democracias”.

La también frenteamplista Priscilla Vindas alegó que la UEI opera en la actualidad como una policía política, pero que dentro del Ministerio de Seguridad Pública sus tareas tendrán una mayor fiscalización.

Por otro lado, Pilar Cisneros, jefa de la bancada de gobierno, sostuvo que la iniciativa tiene “todo el sentido del mundo”, pero criticó la dispensa aprobada. Para la oficialista, el trámite acelerado empobrece la discusión y provoca que se pierda la oportunidad de escuchar a todas las partes, de estudiar y recibir insumos de expertos.

María Marta Carballo, vocera de los socialcristianos, aseveró que el voto en contra de la moción se debe a que su fracción no tiene una posición consensuada respecto al proyecto y que se tiene pendiente una reunión con el núcleo de seguridad del partido político para analizar la propuesta.

Por el PPSD votaron en contra los diputados Ada Acuña, Aldo Agüero, Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Manuel Morales, Paola Nájera y Jorge Antonio Rojas.

Finalmente, el expediente legislativo otorga al Poder Ejecutivo un plazo de seis meses, a partir de la publicación de la ley, para que realice los ajustes necesarios para integrar a la UEI en la estructura operativa y presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública.