Las diputadas Dinorah Barquero y Sofía Guillén, de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA), exigieron una investigación interna, en la Asamblea Legislativa, por la presencia de dos oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI) junto con Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a su salida de su comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Al terminar la audiencia, la funcionaria fue rodeada de dos oficiales externos al Congreso y estos la escoltaron para evitar que fuera abordada por los periodistas de medios escritos y televisivos.
De hecho, Esquivel evitó responder las preguntas y, en el camino hacia su salida, los oficiales de la UEI tuvieron encontronazos con los periodistas, con empujones, codazos y bloqueo a las cámaras de video y fotográficas.
Al reclamo se unieron el jefe de la fracción del PLN, Óscar Izquierdo, así como los frenteamplistas Ariel Robles y Jonathan Acuña, quienes defendieron la labor de los periodistas que cubren el Congreso, incluso cuando planteen a ellos mismos o a funcionarios del Poder Ejecutivo, “preguntas incómodas”.
Usualmente, la seguridad interna de la Asamblea es la que da este tipo de protección a los funcionarios que así lo solicitan debidamente.
En intervenciones en el plenario, Barquero y Guillén dijeron al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, que eso no se podía permitir, porque la UEI es un cuerpo especializado creado como una unidad de élite especializada en labores de inteligencia y seguridad nacional.
Los oficiales de la UEI reciben entrenamiento en liberación de rehenes, antiterrorismo, labores de inteligencia, explosivos, como francotiradores y operaciones antidrogas, entre otras.
La ley 7410, Ley General de Policía, establece que ese cuerpo tiene potestades para proteger a miembros de los supremos poderes y dignatarios que visiten el país, así como sus labores sobre explosivos, antiterrorismo y antinarcotráfico.
La UEI es un cuerpo adscrito al Ministerio de la Presidencia.
En ese sentido, Dinorah Barquero enfatizó que ese cuerpo es para la protección de presidentes, ministros y no presidentes ejecutivos, y también declaró que se dio una bofetada a la Asamblea Legislativa, y calificó el hecho como una trasgresión a la división de poderes.
Sofía Guillén exigió a Arias conocer si la Presidencia de la República o el Ministerio de la Presidencia coordinaron, con la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el ingreso de los oficiales de la UEI o de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) a la Asamblea.
Cuando Rodrigo Arias le respondió que no había sido así, la frenteamplista enfatizó que se debía investigar por qué los oficiales estaban acompañando a Marta Esquivel, no con los propósitos que dice la ley.
“La ley no dice que la DIS o la UEI tienen que ser guardaespaldas de un presidente ejecutivo de la CCSS para andar empujando periodistas. De hecho, la UEI interviene en casos extremos de peligro. Si no le solicitaron a usted el permiso, ¿por qué ingresaron? ¿Es que se le negó a la presidenta de la Caja la seguridad de esta Asamblea?”, reclamó Guillén.
En ese sentido, la jefa del FA pidió sentar las responsabilidades que se puedan sentar, respecto al acto acaecido este jueves.
Consultada sobre ese hecho, la directora ejecutiva de la Asamblea, Karla Granados, respondió que “se trató de miembros de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia, Rogelio Chávez Barbosa y Juan Carlos Chacón Sandoval”.
“Ellos informaron al departamento de Seguridad (cuya jefa es Magaly Camacho) que harían el ingreso con la señora Marta Esquivel, en calidad de escoltas”, respondió ese departamento.
También, puntualizó que “es normal que personeros del Poder Ejecutivo ingresen como escoltas a la institución; sin embargo, se verifica que no porten armas de fuego”.
Jefes a reunión de emergencia
En una reunión exigida por los jefes de las fracciones legislativas con Rodrigo Arias, a puerta cerrada en un salón adjunto al lobby del plenario, pidieron explicaciones a Karla Granados y a la jefa de Seguridad del Congreso, Magaly Camacho.
Allí, la administración manifestó que Marta Esquivel argumentó supuestas amenazas que ha recibido y que eso justificaba la presencia de los escoltas de la UEI. En esa misma sintonía, se manifestaron Pilar Cisneros y Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Al terminar la reunión, Karla Granados puntualizó que la Dirección Ejecutiva se comprometió a elaborar un informe detallado sobre lo sucedido este jueves, pero además emitir recomendaciones de mejora, tanto para la seguridad como la aplicación de protocolos, cuando soliciten el ingreso oficiales de seguridad externos.
Consultada respecto a los escoltas que acompañaron a Esquivel, la Dirección de Comunicación Organizacional de la CCSS respondió que trasladaron la consulta sobre los oficiales de la UEI a la Presidencia Ejecutiva, para contestar por qué se gestionaron.
Eso sí, esa Dirección de Comunicación enfatizó que la presencia de dichos escoltas no fue coordinada por esa dependencia de la Caja.
