EscucharMarta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, es la primera funcionaria, hasta donde alcanza la memoria, que considera a la prensa una amenaza para su integridad física. Criticada por presentarse a una comparecencia legislativa escoltada por dos agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI), diputados del oficialismo la defendieron alegando la existencia de amenazas en su contra. Ahora, por boca de la funcionaria, sabemos que la precaución obedeció al temor a la prensa.
La UEI es un cuerpo especializado en operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, según el artículo 1 de su reglamento. Los periodistas asignados a la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos no encajan en ninguna de las dos categorías y no existe un solo precedente de agresión de los informadores contra funcionarios u otras personas.
Los videos de la visita de la presidenta ejecutiva la muestran caminando por los pasillos con los informadores detrás, tratando de preguntarle sobre la polémica surgida por su salario y el anuncio de la quiebra de la CCSS fundado en estudios cuestionados, incluso, por la Contraloría General de la República. En el tránsito por los pasillos, ella ignora las preguntas, todas legítimas y respetuosas.
Como suele suceder, cada periodista procura respuestas y se produce una aglomeración, pero en ningún momento se percibe riesgo para la funcionaria ni para quienes la acompañan. Por el contrario, los guardaespaldas reparten empujones y codazos. Uno de ellos intentó hacer una zancadilla a uno de los informadores, además de empujarlo y golpearlo con el codo. En la aglomeración, el grupo donde iba Esquivel también fue empujado sin el menor peligro para su integridad física.
A fin de cuentas, la función de los guardaespaldas fue impedir a los periodistas hacer su trabajo. La funcionaria no tenía intención de responder las incómodas preguntas y el despliegue de seguridad contribuyó a aislarla. No había otro motivo para solicitar la escolta con antelación.
Pero la UIE no existe para entorpecer la rendición de cuentas ni para garantizar a los funcionarios la posibilidad de decidir cuándo hacerlo desde un espacio de confort. Los periodistas abordaron a Esquivel en un edificio público al cual accedieron legalmente después de pasar los controles establecidos. La presidenta ejecutiva se presentó para atender la convocatoria de los legisladores en ejercicio de la función que tienen encomendada. La visita fue un acto oficial y público, donde Esquivel carecía de la menor expectativa de privacidad.
Frente a las críticas por el uso de la UEI, la funcionaria insistió en la necesidad de protegerse de los periodistas y anunció, por escrito, la decisión de declinar todo nuevo requerimiento de los diputados mientras no se le garantizara seguridad frente a los informadores. La carta enviada a Rodrigo Arias, presidente del Congreso, era un reto para el poder de convocatoria e interpelación de la Asamblea Legislativa y se permitía aconsejar métodos alternativos para las comparecencias, “como la virtualidad”.
Esos métodos son, seguramente, la aspiración de muchos funcionarios llamados a rendir cuentas. Presentarse físicamente ante los diputados y la prensa implica riesgos, pero no a la integridad personal, sino políticos. La respuesta del presidente legislativo dejó en claro que el primer poder de la República no sumará esfuerzos con la UEI, un cuerpo policial adscrito al Ministerio de la Presidencia, para aislar a la funcionaria de los periodistas y más bien le recordó la posibilidad de ser conducida al Congreso por la Fuerza Pública para hacerla cumplir sus obligaciones constitucionales.
Ante la firmeza del Congreso, Esquivel acudió el martes al llamado de la Comisión de Asuntos Sociales sin agentes de la UEI y hasta respondió, sin muchos detalles, a preguntas de los periodistas. Nadie salió lastimado.
