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Los nicaragüenses no tienen la “forma de gobierno que han elegido”, como afirmó, con inaceptable y ofensiva temeridad, la presidenta Laura Fernández. Lo que tienen y sufren es una forma de gobierno impuesta mediante la opresión: la dictadura bicéfala, atroz, oscurantista, corrupta, agresiva y criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Su cúspide la ocupan y controlan estos “copresidentes”. No se sostienen por la voluntad del pueblo, sino por la brutalidad de la represión. No gobiernan para beneficiar a los ciudadanos, sino para aumentar su poder y riqueza, y beneficiar a una reducida camarilla, incluidos sus hijos. Han traicionado todos los ideales posibles. Mantienen una estrecha alianza con Rusia, China y Cuba. Son un riesgo para la estabilidad de Centroamérica y la integridad territorial de Costa Rica.
Como los costarricenses, la presidenta conoce tan trágica situación. Los nicaragüenses la sufren. Está demasiado cerca como para suponer ignorancia. Sin embargo, en una entrevista con la cadena colombiana de noticias NTN24, el viernes, Fernández lanzó la temeraria afirmación que comentamos. Lo hizo cuando, tras hablar de las dictaduras de Cuba y Venezuela, la entrevistadora le preguntó cómo manejábamos las relaciones con la de Ortega-Murillo.
Su respuesta tuvo tres partes, todas inexactas, por decir lo menos. Primero, dijo que el 25% de la población de Costa Rica es nicaragüense. No existe una cifra oficial, pero las estimaciones más conservadoras hablan de 200.000 y las más extremas calculan alrededor de 400.000 habitantes de esa nacionalidad. Es decir, ni el 10% del total.
De inmediato, se refirió a la “estabilidad” económica de Nicaragua. Si por esta solo se entiende una inflación controlada, una balanza comercial favorable, un crecimiento nominalmente favorable y una deuda pública menor a la de Costa Rica como porcentaje del producto interno bruto (PIB), tiene razón. Sin embargo, esas cifras esconden el desempleo y subempleo reales. No toman en cuenta que Nicaragua es uno de los tres países más pobres de América. Dejan por fuera la expulsión de población y que sus remesas desde el exterior representan alrededor de un 25% del PIB.
El clímax fue decir que la dictadura es el sistema de gobierno “elegido” por su pueblo. Fue la más inexcusable de todas.
Entendemos que la presidenta no asumiera una posición de crítica beligerante contra el régimen. Con Nicaragua compartimos una frontera larga y porosa. Su capacidad militar representa una amenaza permanente. Su territorio es vía inevitable para el comercio con Centroamérica; también, el segundo mayor destino de nuestras exportaciones a la región y plaza importante para inversionistas costarricenses. Sin embargo, una cosa es ser prudente y otra, muy distinta, lavarle la cara a una brutal tiranía.
Su declaración implica mucho más que un inaceptable desliz. Constituye un claro desdén por la naturaleza y razón de ser de la democracia, algo particularmente grave en quien ocupa la presidencia de nuestro país. No solo ofende y preocupa a los nicaragüenses, sino también a los costarricenses.
Sobran los ejemplos de perversidad de la dictadura Ortega-Murillo. Recordemos las matanzas, la represión desaforada y las violaciones a derechos humanos básicos durante y después de las protestas de 2018; el encarcelamiento de centenares de opositores; la salida forzosa y despojo de la nacionalidad a muchos de ellos. No olvidemos el cierre de todos los medios de comunicación independientes y organizaciones civiles; la captura de universidades, la persecución contra la Iglesia católica y la expulsión de sacerdotes y monjas.
Los Ortega-Murillo, además, eliminaron toda competencia en las falsas elecciones de 2021, al encarcelar e impedirles participar a los candidatos independientes. Tres años después, impusieron reformas masivas a la Constitución, que oficializaron los peores instrumentos de represión y convirtieron al país en un régimen de familia única. ¿Elegido?
Su represión, además, supera fronteras. En los últimos cuatro años, igual número de opositores nicaragüenses han sido asesinados en Costa Rica. El más reciente fue el mayor en retiro Roberto Samcam Ruiz. Todos los hilos conducen a la seguridad del Estado de la dictadura. Sin embargo, nuestro anterior gobierno y el actual han guardado silencio, y los opositores nicaragüenses se sienten inseguros aquí.
En este contexto, las declaraciones de la mandataria resultan inaceptables. Peor aún, de nuevo levantan serias dudas sobre su concepto de democracia y sobre la conducción de nuestra política exterior, que durante décadas ha estado guiada por el respeto a los derechos fundamentales y a los principios del Estado de derecho.
