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Las denuncias de la exdiputada Marulin Azofeifa contra el legislador y excandidato presidencial Fabricio Alvarado revelan algo que va más allá de los hechos individuales: la forma en que las instituciones responden –o no responden– cuando la violencia sexual ocurre dentro de los propios espacios de poder.
Sin contar a las personas que realmente se indignan por hechos como este, en el debate público abundan quienes interpretan estos casos como una disputa política o personal y quienes los reducen a un conflicto individual por resolverse ante las autoridades pertinentes. No obstante, lo que realmente está en discusión es la capacidad de las instituciones de responder ante denuncias de violencia sexual cuando estas involucran a personas con poder. Más allá de coincidir o no ideológica o políticamente con la postura de la denunciante, el problema que queda al descubierto es la acción –y la omisión– institucional, y las condiciones reales de acceso a la justicia para las mujeres.
Según el relato público de Azofeifa –publicado por La Nación–, los hechos habrían comenzado en la campaña de 2018 y continuaron durante el ejercicio del cargo legislativo dentro de la Asamblea. Entre 2022 y 2025, cuando pasó a ser asesora con evaluaciones de desempeño firmadas por el propio Alvarado, las conductas habrían persistido, siendo la subordinación una condición que la pudo haber puesto en mayor vulnerabilidad.
De acuerdo con la denunciante, lo ocurrido fue comunicado desde 2018 a personas dentro de su propio entorno político. Entre octubre y diciembre de ese año, Azofeifa dice que informó de lo sucedido a Jonathan Prendas, Francisco Prendas, César Zúñiga, Harllan Hoepelman y David Segura. No se activó ningún mecanismo de protección. No se impulsó ninguna investigación. Todo permaneció oculto por años. Los hechos fueron conocidos y, aparentemente, la Asamblea Legislativa y el partido político eligieron no actuar.
El mismo día en que Azofeifa presentó su denuncia formal, el 4 de febrero de 2025, el exdiputado Hoepelman la habría llamado 12 veces y, al parecer, se presentó en su barrio a ofrecerle “un muy buen trato” a cambio de retirarla. Ella lo rechazó. Si estos hechos son ciertos, no describen solo una conducta individual, sino una dinámica de silenciamiento dentro de estructuras de poder.
Desde 2018, Azofeifa debió recibir atención médica en el Departamento de Salud de la Asamblea Legislativa y fue remitida a Psicología. En 2023, esa atención se intensificó. La violencia sexual produce impactos prolongados en la salud mental y costos económicos asociados a tratamientos, incapacidades y barreras en el desempeño profesional que, en la mayoría de los casos, asumen las propias víctimas. Difícilmente, el Estado reconocerá y reparará lo que ella vivió, y esa negación también es violencia.
Este caso no es el único. Costa Rica atraviesa un momento en que múltiples denuncias por violencia sexual contra figuras públicas han llegado simultáneamente al debate colectivo –desde hombres que han ocupado la presidencia de la República hasta diputados, líderes religiosos, futbolistas y creadores de contenido–. Incluso la hoy presidenta electa, Laura Fernández Delgado, denunció acoso sexual cuando trabajó como asesora de Alvarado, y señaló que otras colaboradoras vivieron situaciones similares. Una tercera mujer, Alicia Castillo, ha denunciado un presunto abuso sexual ocurrido cuando tenía 13 años.
La existencia de múltiples denuncias no es prueba de culpabilidad. Pero cuando varias mujeres, en distintos momentos y contextos, relatan experiencias similares vinculadas a una misma persona, la pregunta ya no es solo sobre esa persona. Es sobre las condiciones que lo hicieron posible. Estas denuncias visibilizan un patrón: violencia ejercida desde posiciones de jerarquía, tolerancia institucional sostenida y condiciones de impunidad que dificultan el acceso a la justicia, incluso para quienes ocupan cargos de poder.
Costa Rica está obligada a actuar con la debida diligencia en relación con la violencia contra las mujeres. Esa obligación alcanza a los poderes de la República cuando toleran conductas violentas en su interior. La Asamblea Legislativa tiene ante sí una decisión que trasciende este caso: ¿son realmente sus mecanismos confidenciales y efectivos? ¿Cómo se miden, si lo son? Y todos los partidos políticos, ¿qué harán, por su parte? ¿El tratamiento de estas situaciones seguirá dependiendo de las lealtades partidarias y de cuánta presión acumule la opinión pública?
Si las mujeres se atreven hoy a denunciar, no es porque el sistema funcione. Es porque algo cambió culturalmente. Pero si una mujer que fue diputada de la República, con acceso a redes institucionales y visibilidad pública, no logró activar mecanismos eficaces de protección ni acceder plenamente a la justicia, ¿qué puede esperar una mujer sin poder político, que depende económicamente de su empleo o que enfrenta condiciones de mayor vulnerabilidad? Una democracia que no garantiza a las mujeres condiciones reales de seguridad y acceso a la justicia es una democracia incompleta.
