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El diagnóstico es grave. El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) entró en alerta roja por falta de decisiones y acciones de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del gobierno de Rodrigo Chaves. Era una crisis anunciada, pero se le miró como un problema más.
Ahora, la noticia de que, por primera vez en su historia y ante el impago de las cuotas estatales en 2025, el régimen debió tomar ¢50.000 millones de su reserva para pagar las pensiones de 393.000 jubilados es un grito de alarma: un escenario que los estudios actuariales proyectaban para 2041 se adelantó nada menos que 16 años.
Con la crisis ya encima, no hay margen para que la clase política se ande con más rodeos y promesas inciertas, tampoco para que apueste a planes a largo plazo que nadie ejecuta porque, como lo resumió el exjerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), Javier Cascante, lo sucedido “es muy peligroso para la sostenibilidad” del régimen.
De manera inmediata, lo procedente es que la CCSS dé pasos firmes para llenar ese hueco de ¢50.000 millones, lo cual implica forzar al Ministerio de Hacienda a pagar la deuda que arrastra con el IVM desde 2018; inicialmente era de ¢56.000 millones, pero, con intereses acumulados, alcanza los ¢68.000 millones.
Los directores de la Caja y el propio presidente de la República deben admitir que la situación es asfixiante. El año pasado se tomó esa millonaria partida de la reserva, pero en 2024 se utilizó casi la totalidad de los intereses generados por el fondo (¢222.000 millones) para cubrir el pago a los jubilados, y en 2023, un 75% (¢188.000 millones). La consecuencia es obvia: se frenó el crecimiento del fondo.
Pero hay más datos que asustan. Desde 2020, el gasto en pensiones supera los ingresos por contribuciones y está previsto que, en 25 años, es decir, en 2050, habrá 2,4 cotizantes por cada jubilado frente a los cinco actuales. Y es aún más serio: cada mes, el régimen tiene más beneficiados; este año cerrará en 400.000 (8% de la población del país) y se prevé que, para 2050, serán 937.000 (15%).
En esta desesperante coyuntura, hay que tener claro que la morosidad de Hacienda está confirmada por la sentencia N.° 2020-10608 de los magistrados de la Sala Constitucional que, en 2020, obligó al Estado a cancelar los ¢56.000 millones más intereses. El caso se remonta a 2016, cuando, para nivelar los ingresos del régimen, la entonces Junta Directiva de la CCSS aprobó un aumento gradual en el aporte que el Estado debe hacer de acuerdo con el salario de cada trabajador del país. El monto se incrementó de 0,58% a 1,24%; actualmente está en 1,75% y en 2035 llegaría a 1,91%.
Los trabajadores también aportan más para la pensión. Ahora es 4,33%, más 5,50% para el Seguro de Salud y Maternidad, y 1% para el Banco Popular, según la Ley del Trabajador. El monto total por trabajador es de 10,83% del salario bruto, mientras que el patrono destina 26,83% adicional al salario por concepto de cargas sociales.
La sentencia de 2020 precisó que si bien no existe un porcentaje específico asignado a favor del IVM, el artículo 177 de la Constitución sí le exige al Estado garantizar las cuotas para la sostenibilidad del régimen fijadas por la CCSS.
Sin embargo, los discursos del gobierno y Hacienda prometen, pero no concretan. En marzo de 2025, el entonces ministro y ahora candidato a diputado oficialista, Nogui Acosta, declaró que presupuestaron parte del dinero para pagar la deuda, pero no se hizo el pago. En diciembre, el actual jerarca, Rudolf Lücke, confirmó que tienen los recursos, pero argumentó que falta el análisis de la documentación, debido a la complejidad del cruce de información entre los datos de la CCSS y los registros estatales sobre los saldos pendientes. Todo se podría resumir en que hay dinero, mas no decisión. Y, al parecer, tampoco voluntad.
Así, todo dependerá ahora de quienes asuman el mandato a partir del 8 de mayo y de cuán fiables sean sus propuestas. A todos, lo primero que hay que exigirles es comprometerse a pagar la cuota estatal tal y como la aprobó la CCSS.
Paralelamente, deben evaluar con celeridad la propuesta de la Gerencia de Pensiones que plantea, por medio de una ley, transferir el aporte patronal del 0,25% del Banco Popular al IVM para financiar pensiones. El texto de ley existe desde 2019 y en 2024 el diputado socialcristiano Alejandro Pacheco lo retomó al considerar que el traslado de recursos no afectaría la operación del Banco.
Los candidatos presidenciales también han puesto sobre la mesa planes como financiar el régimen con la explotación de oro, la venta del Banco de Costa Rica, la formalización del empleo, cambios en la estructura de las cotizaciones y, por supuesto, el pago de Hacienda.
Sin embargo, insistimos, el IVM no está para esperar más promesas a largo plazo, sino para acciones inmediatas, porque ya transita por arenas movedizas debido a impagos e inacción.
Si esta tendencia no se revierte pronto, no solo se comprometería el futuro de jóvenes trabajadores y de jubilados, sino que terminarán haciéndose necesarias reformas abruptas que, de seguro, lanzarían a las calles a miles de personas. Sí: habría protestas y convulsión social. Por eso, es vital que quienes gobiernen a partir de mayo sean políticos comprometidos con la sostenibilidad del IVM y aspiren a mantener la paz.
