La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tomó la decisión de aplicar cobros sistemáticos y continuos al gobierno para exigir el pago de la millonaria deuda millonaria que arrastra en cuanto a cargas sociales.
Gustavo Picado, gerente financiero de la institución, confirmó a La Nación que alistan los procesos para recuperar las deudas del Estado, en la vía administrativa y, si no hay respuesta del Ministerio de Hacienda, mediante cobros judiciales.
“En los últimos meses, la Gerencia Financiera con sus equipos técnicos, ha venido preparando los procedimientos para iniciar de manera sistemática y continua, el cobro de los adeudos del Estado, vía administrativa inicialmente, y si fuera necesario, a través de la interposición de gestiones de cobro judicial”, aseveró Picado.
El gerente financiero explicó que las gestiones de cobro agruparán las facturas mensuales emitidas a Hacienda por los montos pendientes, abarcando periodos de entre seis y doce meses.
“Pese a que no se descarta, en un futuro, la posibilidad de suscribir convenios de pago, lo cierto es que la posición y criterios del Ministerio de Hacienda han convertido en insostenibles sus incumplimientos y el incremento exponencial de su deuda acumulada con los seguros sociales”, agregó.
Hasta mayo pasado, el saldo de la deuda histórica del Estado con la seguridad social ascendía a ¢4,6 billones, según los estados financieros de la CCSS. Las obligaciones han crecido en más del doble en seis años, pues en el 2020 eran de ¢2 billones.
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Sin embargo, el monto podría elevarse porque, para el 2026, el Ministerio de Hacienda presupuestó transferencias por ¢1,06 billones para la Caja. Sin embargo, la institución autónoma previó contribuciones del Estado por ¢1,47 billones, es decir, hay un faltante de ¢412.681 millones.
Las contribuciones del gobierno a la CCSS son para el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y para el Régimen No Contributivo de pensiones (RNC). Este último atiende a adultos mayores en pobreza extrema.
Picado señaló que el impago del Estado y presupuestar menos recursos repercuten directamente en la calidad de los servicios de consultas médicas, hospitalización, maternidad, farmacia y subsidios por incapacidad, que benefician a más de 420.000 personas.
Lo anterior incluye a población en situación de pobreza, personas en condición de riesgo, pacientes con VIH-Sida, adolescentes embarazadas, personas con cáncer de cérvix y menores sin aseguramiento por parte de sus padres.
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Hacienda justifica monto asignado a la CCSS en presupuesto
Luis Antonio Molina, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, explicó a La Nación que el Presupuesto Nacional debe elaborarse “dentro de los límites legales y fiscales vigentes”, por lo que, según afirmó, la brecha entre el monto solicitado por la Caja y lo previsto por el fisco está acotada por la normativa.
“La diferencia de ¢412.681 millones entre lo solicitado por la CCSS y lo presupuestado por Hacienda para el 2026, responde a una combinación de factores estructurales, legales y contables“, afirmó.
Molina sostuvo que muchas de las obligaciones que la Caja reclama “no cuentan con ingresos específicos asignados por ley”, por lo que Hacienda no puede incorporarlas automáticamente en el Presupuesto.
Por ello, detalló que la cartera prioriza los pagos según su capacidad fiscal real y los objetivos financieros del gobierno.
El jerarca agregó que, en el caso del Seguro de Salud, la diferencia entre lo solicitado y lo presupuestado obedece a que la Caja incluye poblaciones y coberturas que “exceden lo que Hacienda puede reconocer”.
Como ejemplo, mencionó el rubro de indigencia médica: mientras el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) establece un padrón único de personas en condición de indigencia, aseguró que la CCSS utiliza criterios propios que consideran otras condiciones socioeconómicas no contempladas en la Ley del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
“Este ha sido un tema recurrente que debe ser abordado de manera integral, para definir qué es indigencia y cómo se le va a cobrar al Estado, eso, de acuerdo con los registros de beneficiarios”, señaló.
“Hacienda, únicamente, puede incluir en el presupuesto aquellas partidas que tienen respaldo legal, fuente de financiamiento definida y espacio fiscal disponible. En muchos casos, la CCSS factura montos que no están asociados a ingresos específicos ni a partidas presupuestarias vigentes, lo que obliga a Hacienda a limitar su reconocimiento contable y financiero”.
— Luis Antonio Molina, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda.
El gerente Gustavo Picado rechazó los argumentos del viceministro y recordó que, según el artículo 177 de la Constitución Política, el Estado está obligado a definir las fuentes de financiamiento para cubrir las obligaciones con la CCSS, a fin de garantizar el principio constitucional de universalización de los seguros sociales.
“Un número importante de los montos que debe pagar el Estado a la institución nacieron de leyes o normativas promulgadas por el Poder Ejecutivo o la Asamblea Legislativa, y no fueron decisiones de la Junta Directiva de la CCSS”, sostuvo.
Según Picado, la cobertura de personas y familias en pobreza básica o extrema, conocida como Asegurados por Cuenta del Estado, se originó a partir de un decreto ejecutivo de 1984. De igual manera, la protección de menores de 18 años cuyos padres no pueden otorgarles aseguramiento proviene de la aprobación del Código de Niñez y Adolescencia.
En este último rubro, incluido en las leyes especiales de la Caja, la institución estimó una necesidad de ¢129.843 millones para el próximo año. Sin embargo, Hacienda presupuestó solo ¢25.323 millones, dejando un déficit de ¢104.520 millones.
“Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.”
— Artículo 177, Constitución Política de Costa Rica.
Adicionalmente, Picado rechazó el argumento de Hacienda sobre supuestas limitaciones normativas que impiden el giro de los recursos requeridos.
Pese a ello, el viceministro Molina reiteró que la cartera reconoce la importancia de la seguridad social, pero afirmó que debe actuar con responsabilidad fiscal, respetar el marco legal vigente y priorizar los pagos dentro del espacio presupuestario disponible.
Además, aseguró que se mantienen mesas técnicas con la CCSS para depurar cifras, validar beneficiarios y buscar soluciones sostenibles que permitan cumplir estas obligaciones sin afectar la estabilidad económica del país.
CCSS mantiene seis gestiones de cobro contra el gobierno
Según la Gerencia Financiera, a setiembre del 2025, la CCSS mantiene seis procesos distintos, tanto administrativos como judiciales, para el cobro de la deuda al gobierno.
En materia judicial, se tramita un proceso ante la Sala Constitucional (2020-010608), donde se declaró inconstitucional la omisión del Estado al no incluir en el Presupuesto Nacional del 2018 los recursos suficientes para cubrir el aumento en la cuota estatal del IVM.
Sobre este caso, la Caja indicó que negocia con la Presidencia el pago correspondiente de ¢68.986 millones.
Además, se ejecuta una sentencia para exigir el cumplimiento de la ley N.° 7274, que respalda el subsidio por indigencia médica, cuyo reclamo asciende a ¢5,9 billones y se dirime en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Por la vía administrativa, se tramitan cuatro procesos adicionales. Entre ellos figuran cobros relacionados con el control de tabaco, un timbre hospitalario y la universalización del SEM, ambos en preparación para ser elevados a la vía judicial.
Asimismo, se gestionan otros dos procesos vinculados a la regulación de dispositivos electrónicos para nicotina y tabaco, así como a los gastos administrativos de Fodesaf.