El gobierno incluyó en el Presupuesto Nacional del 2026 menos recursos para financiar el Seguro de Salud, lo cual tendrá un impacto de manera directa en la atención que reciben en clínicas y hospitales 420.000 personas en condición de vulnerabilidad, según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
En Costa Rica, el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) es el principal régimen administrado por la Caja, que brinda consultas médicas, hospitalización, maternidad, farmacia y subsidios por incapacidad. Este es financiado por las contribuciones obrero-patronales y estatales.
El gobierno, por mandato de leyes especiales, tiene la obligación de presupuestar recursos para la atención de salud de grupos desprotegidos como personas en pobreza, en condición de riesgo, con VIH-SIDA, adolescentes embarazadas, pacientes con cáncer de cérvix y menores de edad sin posibilidad de aseguramiento por parte de sus padres.
Para el próximo año, el Ministerio de Hacienda presupuestó ¢1,06 billones para la CCSS, distribuidos en ¢503.292 millones para el Seguro de Salud, ¢394.432 millones para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y ¢163.309 millones para el Régimen No Contributivo (RNC) de pensiones.
Sin embargo, según información de la Gerencia Financiera y la Dirección Actuarial de la Caja, la institución estimó que requerirá ¢1,47 billones.
En total, esto representa un recorte de ¢412.681 millones para el próximo año, concentrándose principalmente en el seguro de salud. La Caja estimó necesitar ¢896.388 millones de transferencias hacendarias y solo recibió ¢503.292 millones, es decir, con un faltante de ¢393.095 millones.
Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, explicó a La Nación que el impago del gobierno y el creciente déficit en el Seguro de Salud repercuten directamente en la calidad del servicio. Además, indicó que, de cerrarse esta modalidad, más de 420.000 personas quedarían fuera del seguro de salud.
Picado advirtió de que, en los próximos años, el SEM requerirá un financiamiento adicional equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) para reducir las carencias en personal, infraestructura, equipamiento y tecnología, así como para habilitar nuevos servicios y atenciones médicas.
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“El cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado es un tema crítico en la sostenibilidad del Seguro de Salud, y en la posibilidad de contar con los recursos necesarios para lograr servicios oportunos, eficaces, de calidad y alta satisfacción para los asegurados”, señaló Picado.
El gerente financiero agregó que, ante el menor aporte del gobierno, deberán usar los recursos provenientes de las cuotas obrero-patronales para cubrir el faltante.
Lo anterior limita los posibles destinos que tendría ese dinero si el Estado aportara lo correspondiente, que, según Picado, sería la mejora del servicio de salud en general.
“Ante el incumplimiento en el pago del Ministerio de Hacienda de casi la totalidad del costo del programa de Aseguramiento por Cuenta del Estado, el financiamiento de las atenciones y servicios de salud que se otorgan a sus beneficiarios recae directamente sobre los recursos que aportan los patronos, trabajadores asalariados y trabajadores independientes”, explicó el jerarca.
En cuanto a los regímenes del IVM, principal fondo de pensiones del país, y del RNC, que cubre a beneficiarios en situación de pobreza, la CCSS estimó requerir ¢405.137 millones y ¢172.191 millones, respectivamente para el 2026.
No obstante, Hacienda también asignó menos recursos, otorgando ¢394.432 millones al IVM y ¢163.309 millones al RNC. Es decir, se da un faltante de ¢10.705 millones, en el primero; y de ¢8.882 millones, en el segundo, según la Caja.
La Nación consultó al Ministerio de Hacienda, desde las 9 a. m. del martes 2 de setiembre, vía correo electrónico, las razones de los recortes presupuestarios y la justificación respecto a las partidas más afectadas por los faltantes de dinero. Sin embargo, al cierre de edición no se recibió respuesta o acuse de recibido.
No obstante, en la presentación del Presupuesto Nacional, el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, afirmó que existe una mesa de diálogo permanente con la Caja para definir ajustes y desembolsos.
Recortes en el Seguro de Salud afectan grupos vulnerables
En el caso del faltante en el Seguro de Salud, los documentos proporcionados por la Gerencia Financiera indican que los tres rubros con mayor faltante respecto a las proyecciones de la CCSS son: atención a personas indigentes, leyes especiales, y cuotas estatales correspondientes a convenios, trabajadores independientes y asegurados voluntarios.
El principal faltante se concentra en el rubro “Costo indigente Ley 7374”. Esta norma trasladó a la CCSS la responsabilidad de la atención a la población indigente, previamente a cargo del Ministerio de Salud, garantizando servicios de salud integral a personas sin recursos mediante fondos especiales.
Para este concepto, la Caja proyectó una necesidad de ¢162.502 millones, pero Hacienda asignó únicamente ¢2.000 millones, o sea, una diferencia de ¢160.502 millones.
Por su parte, las leyes especiales cubren principalmente a grupos en situación de vulnerabilidad o exclusión, incluyendo menores de edad, adultos mayores sin recursos para costear su atención médica, personas en abandono o indigencia, comunidades indígenas y personas en pobreza extrema o con alguna discapacidad, entre otros.
La CCSS proyectó para estos grupos un requerimiento de ¢129.843 millones, pero solo recibió ¢25.323 millones, lo que genera una diferencia de ¢104.520 millones.
El tercer rubro con mayor recorte corresponde a las cuotas que el Estado debe aportar a convenios, trabajadores independientes y asegurados voluntarios, incluyendo las cuotas complementarias al SEM.
La Caja previó una necesidad de ¢195.786 millones, pero Hacienda presupuestó ¢123.981 millones, o sea, ¢71.805 millones menos.
También se registraron disminuciones, en menor proporción, en rubros como la cuota estatal a la Caja, recursos destinados a brindar aseguramiento médico a privados de libertad, fondos para fecundación in vitro y atención a pacientes en fase terminal.
Asimismo, aunque en menor medida, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y el No Contributivo también registraron recortes. Para el IVM, la Caja solicitó ¢405.137 millones y Hacienda giró ¢394.432, con un faltante de ¢10.705 millones.
Sin embargo, la Gerencia Financiera indicó que en la cuota estatal al IVM el déficit real fue de ¢17.165 millones, diferencia que no aparece en el total porque el gobierno compensó con mayores aportes en otros rubros.
En cuanto al RNC, de los ¢172.191 millones solicitados, el gobierno presupuestó ¢163.309 millones.
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Hacienda afirma que existe mesa técnica para llegar a acuerdo con la Caja
Durante la presentación del Presupuesto Nacional ante el Congreso, el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, indicó que una mesa técnica analiza de forma continua las diferencias entre las proyecciones de la CCSS y las estimaciones oficiales.
Explicó que se revisan periodos específicos y las bases de datos de ambas instituciones para establecer el origen de la deuda y definir si corresponde un ajuste presupuestario.
“Esa mesa técnica está activa y en este momento se están haciendo revisiones de las bases de datos”, afirmó Lücke.
El jerarca recordó que en 2022 y 2023 se alcanzó un acuerdo entre la Caja y Hacienda para cubrir las obligaciones pendientes del 2015 al 2018.
“Esas mesas de negociaciones siguieron activas todo el año pasado (2024) y en este momento. Dependiendo de lo que salga de esas mesas, se pueden replantear nuevos aportes”, afirmó.
