EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá que darle este año un pellizco histórico a las ganancias provenientes de las inversiones de la reserva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para pagar las pensiones de sus 354.510 beneficiarios.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la institución, confirmó a La Nación que en este 2023 se llegará a destinar un 90% de los intereses generados para cubrir las jubilaciones, lo cual equivale a ¢178.675 millones.
Las utilidades producidas por los activos financieros del fondo de jubilación ascenderán este año a ¢198.528 millones, correspondientes a intereses por las inversiones en títulos valores y por los ingresos generados por la cartera hipotecaria, según datos de la CCSS.
“Se estima usar el 90% de los intereses (para pagar pensiones). Es el nivel más alto usado hasta la fecha, por lo general es el 70%”, explicó Barrantes.
El uso de la mayoría de las ganancias de las inversiones del fondo se origina a raíz del impago del Gobierno en cuanto a contribución estatal al IVM y por el rápido crecimiento de nuevos jubilados durante este año.
En julio pasado, la Dirección Actuarial de la Caja previó que, al cierre del 2023, los ingresos del régimen ascenderían a ¢1.633.509 millones, pero que los gastos llegarían a ¢1.684.889 millones. Es decir, se generaría un faltante de ¢51.380 millones que tendría que ser cubierto con la reserva del régimen, tal como reveló La Nación en octubre anterior.
Sin embargo, el gerente de Pensiones indicó que dicho escenario no se cumplirá porque los ingresos por cotizaciones de patronos del sector privado fueron mayores y mejoró “un poco” el pago del Gobierno correspondiente al aporte estatal.
“Se estima usar el 90% de los intereses (para pagar pensiones). Es el nivel más alto usado hasta la fecha, por lo general es el 70%”.
— Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS
Para este año, la Contraloría General de la República (CGR) estimó que el Ministerio de Hacienda no presupuestó para el IVM ¢103.350 millones, mientras que, en el 2022, fueron ¢109.300 millones. Para el 2024, el hueco será de ¢71.630 millones.
Los incumplimientos del Gobierno con el fondo de jubilación son sistemáticos. La mora alcanzó los ¢604.326 millones a setiembre anterior, según los estados financieros del régimen.
Monto inédito
El monto de los intereses usado para cancelar las pensiones de los jubilados en este 2023 es el más alto en un periodo de siete años, tal como muestran los datos de la propia institución autónoma.
Los ¢178.675 millones son el equivalente a 5,41% de la reserva del IVM, la cual asciende a ¢3.301.080 millones, según los estados financieros del sistema.
Las ganancias de las inversiones son importantes porque dichos recursos se destinan para el pago de los futuros jubilados. Sin embargo, utilizar los fondos para costear las pensiones actuales implica un desfinanciamiento del régimen.
La Auditoría de la Caja alertó, en diciembre del 2022, del uso recurrente de los intereses de las inversiones del fondo.
“De la información del flujo de efectivo se observa que los ingresos ordinarios totales (cotizaciones) del IVM cubren el 91,08% de los gastos ordinarios totales, por lo que el restante 8,92% es financiado con los intereses devengados por las inversiones del portafolio de IVM”, se advirtió en el informe de Auditoría en ese momento.
En el 2018, se usaron ¢89.747 millones y, para 2019, fueron ¢36.975 millones. Dicho monto representó el 3,8% y 1,4% de la reserva del IVM, respectivamente.
Sin embargo, la pandemia de la covid-19 modificó la dinámica a raíz del incremento del desempleo, la suspensión de contratos de trabajo y el cierre de empresas.
En el 2020, la Caja usó ¢171.833 millones de los intereses, es decir, el equivalente al 6% de la reserva. Al año siguiente, bajó a ¢109.367 millones, según la fiscalización.
Sin embargo, para el 2022 volvió a elevarse el monto, pues se utilizaron ¢150.000 millones, o sea, el equivalente al 4,78% de la reserva de ¢3.136.356 millones.
El IVM es el régimen más importante de Costa Rica para el cual los 93.861 patronos inscritos aportan el 5,42% del salario de sus empleados, mientras que 1,7 millones de trabajadores contribuyen con el 4,17% de su sueldo, y el Estado con el equivalente al 1,57%.
