El régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), atraviesa una coyuntura crítica. El incremento acelerado de jubilados y la insuficiencia de recursos obligaron, por primera vez en su historia, a utilizar fondos de la reserva del sistema para cumplir con los pagos mensuales de 393.000 pensionados en el 2025.
Este escenario extremo, que la Caja originalmente tenía previsto encarar a partir del año 2041, llevó a las candidaturas presidenciales a plantear propuestas de alto impacto para sostener el principal fondo de retiro del país.
Entre las iniciativas figuran la explotación de oro, una eventual venta del Banco de Costa Rica, el cobro de la deuda estatal con la CCSS, la formalización del empleo y cambios en la estructura de las cotizaciones.
El gerente de Pensiones de la institución, Jaime Barrantes, había confirmado a La Nación que, ante un faltante de ¢68.000 millones en aportes estatales y cuotas obrero-patronales pendientes, la Caja tendría que recurrir a la reserva si el Ministerio de Hacienda no efectuaba el giro correspondiente antes del cierre del año pasado.
El impago se dio y la institución debió utilizar ¢50.000 millones del fondo.
Por otra parte, proyecciones de la institución autónoma advierten de que, en los próximos 25 años, el número de pensionados del IVM crecerá aceleradamente y presionará aún más las finanzas del régimen.
Para el 2050, se prevé que habrá 2,4 cotizantes por cada jubilado −frente a los cinco actuales− y que habrá 937.566 personas pensionadas, cerca del 15% de la población del país.
Jaime Barrantes afirmó a este diario que no ha sostenido reuniones con aspirantes presidenciales, aunque aseguró que la Caja analizará cualquier propuesta para fortalecer el sistema, siempre que sea sometida a una evaluación técnica sobre su impacto en cuanto a cobertura, suficiencia y sostenibilidad.
Ante este escenario, ¿qué medidas concretas plantean los candidatos presidenciales para evitar la quiebra del IVM? Estas son sus respuestas:
Laura Fernández, Partido Pueblo Soberano
Pese a reiteradas invitaciones y gestiones, Laura Fernández no quiso conceder una entrevista a La Nación para abordar este y otros temas, por lo que las propuestas que se detallan a continuación se desprenden de su plan de gobierno.
El documento propone “inyectar” recursos al IVM mediante la eventual venta del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa). Según su plan de gobierno, se implementarían mecanismos de equilibrio actuarial orientados a garantizar la sostenibilidad del régimen a largo plazo.
Asimismo, plantea una política de “cero tolerancia” frente a las pensiones de lujo.
Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional
Álvaro Ramos plantea fortalecer los incentivos para ampliar la base de cotizantes del IVM.
En esa línea, el candidato verdiblanco señaló que gestionaría acercamientos con los representantes del Estado en la Junta Directiva de la CCSS para impulsar la propuesta de una pensión básica universal.
“El modelo actual de cuotas y salario de referencia debe migrar a un modelo más parecido al de Suecia, de cuentas nocionales, con una variante, que se llama multiplicadores nocionales. “Fundamentalmente, el objetivo es que los incentivos para cotizar sean mucho mejores que los de ahora”, explicó Ramos.
Ariel Robles, Frente Amplio
Ariel Robles señaló que el Estado debe saldar en su totalidad la deuda con la CCSS. De no hacerlo, sostuvo, el país no contará con los recursos necesarios para atender los problemas del régimen.
El aspirante consideró que una parte de la población no cotiza a la Seguridad Social debido a la informalidad laboral y a la falta de ingresos suficientes. Debido a ello, consideró indispensable avanzar en su formalización para asegurar los aportes al sistema.
“Hay que dialogar con la Caja para que la forma de pagos a la Seguridad Social sea progresiva. Eso es un cambio que se tiene que hacer desde la Caja”, manifestó.
Asimismo, se pronunció a favor de permitir que los fondos de pensiones puedan invertir en obra pública.
Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana
Claudia Dobles afirmó que, para fortalecer y asegurar la sostenibilidad del IVM, se requiere una agenda de competitividad país que impulse el crecimiento del producto interno bruto (PIB).
A su criterio, esto permitiría ampliar la base contributiva y avanzar en la incorporación de la población que hoy labora en la informalidad.
“El Estado, además, debe honrar la deuda que tiene con la CCSS. No solamente a nivel de régimen de pensiones, sino en la deuda billonaria que tiene con la Caja”, señaló.
Natalia Díaz, Partido Unidos Podemos
Natalia Díaz señaló como prioridad incorporar a la Seguridad Social el segmento de la fuerza laboral que actualmente no cotiza al IVM. Indicó que esta sería la primera medida por aplicar, antes de valorar eventuales aumentos en la edad de retiro o en las cuotas.
Además, sostuvo que la base mínima contributiva debería eliminarse para facilitar el aseguramiento de quienes trabajan por horas.
“Si elimino esa base y lo hago por el ingreso real, la gente se empieza a asegurar más. Y aunque sea una pensión más bajita y aunque el ingreso no sea el que la Caja espera, al menos está ingresando plata”, explicó.
Juan Carlos Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana
Juan Carlos Hidalgo propone una disminución de las cargas sociales como medida inicial para incentivar que un mayor número de personas contribuya a su pensión.
El candidato socialcristiano no mencionó propuestas adicionales.
Fabricio Alvarado, Partido Nueva República
Fabricio Alvarado se negó a conceder una entrevista a La Nación, pese a las múltiples solicitudes enviadas a su campaña. Las propuestas incluidas son tomadas de su plan de gobierno.
El documento sostiene que la amplia riqueza mineral del país y los recursos económicos derivados de su aprovechamiento serían “suficientes” para permitirle a Costa Rica “revolucionar”, entre otros ámbitos, su sistema de pensiones.
Además, Alvarado propone aplicar mecanismos de titularización sobre los recursos que administra la CCSS en el régimen del IVM, con el propósito de destinarlos a inversión en obra pública, generar rentabilidad y fortalecer los fondos de pensiones.
Eliécer Feinzaig, Partido Liberal Progresista
Eliécer Feinzaig afirmó que el sistema de pensiones vigente “es insostenible”, pues responde a condiciones del siglo pasado, cuando la población crecía con rapidez y la esperanza de vida era menor.
Ante ese panorama, el candidato impulsaría una reforma para que el IVM deje de operar como un régimen de reparto y pase a ser un esquema de cuentas individuales, en el que los aportes del Estado, del patrono y del trabajador se acrediten en una cuenta a nombre de cada afiliado.
“El trabajador le puede dar seguimiento a cómo va creciendo. Esto le genera un incentivo al trabajador de no desaparecerse del sistema”, señaló.
Luz Mary Alpízar, Partido Progreso Social Democrático
Luz Mary Alpízar sostuvo que es necesario recuperar la confianza en el sistema de pensiones y evitar que una misma generación soporte de forma reiterada la carga del régimen.
Además, indicó que se deben revisar las inversiones del fondo para garantizar su sostenibilidad.
“Planteo usar parte del ahorro pensional en proyectos de infraestructura bien estructurados, que fortalezcan al país y generen retornos para el sistema”, señaló.
José Aguilar Berrocal, Partido Avanza
José Aguilar Berrocal expuso dos acciones complementarias para enfrentar la crisis del IVM. En primer término, planteó habilitar la exploración de recursos mineros, como oro y gas natural y, en segundo lugar, propuso impulsar medidas orientadas a la formalización del empleo.
“Estamos abiertos a poder identificar cuáles son las mejores prácticas ambientales que nos permitan extraer el oro que hay en Costa Rica y segundo, realizar una exploración de gas natural”, dijo.
El candidato reconoció que existen límites constitucionales para desarrollar estas actividades en parques nacionales, aunque afirmó que especialistas le han indicado que podrían realizarse en zonas aledañas no protegidas.
Respecto a la formalización laboral, indicó que reducirían las cargas sociales vinculadas a las cotizaciones de salud y pensiones, mientras que los aportes parafiscales −como los destinados al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf)− se garantizarían mediante el presupuesto estatal.
Fernando Zamora, Partido Nueva Generación
Fernando Zamora indicó que, mediante el proyecto denominado “Pensión Consumo”, propondría destinar un porcentaje del impuesto al valor agregado (IVA) para que, cada vez que una persona realice una compra y cancele ese tributo, una parte del monto pagado se acumule en su fondo de pensión.
El aspirante añadió que su planteamiento incluye la atracción de ciudadanos inversionistas por pensión y la aplicación de “estímulos” orientados a incrementar la tasa de natalidad.
“Primero, la detención de las campañas de esterilización, porque ya eso es el colmo. No me refiero a impedir que un hombre o una mujer no quiera tener hijos. Lo que no aceptamos es que, como sucedió sobre todo en los ocho años del PAC (Partido Acción Ciudadana), el Estado se involucre fomentando la esterilización y fomentando políticas que estimulan la esterilización”, afirmó.
Claudio Alpízar, Partido Esperanza Nacional
Claudio Alpízar afirmó que el sistema actual es “insostenible” debido a la reducción de nacimientos y al aumento de la población adulta mayor. Asimismo, sostuvo que la pensión mínima debería equipararse al salario mínimo.
El candidato planteó la generación de ingresos adicionales para el régimen del IVM, entre ellos la explotación del oro de Crucitas bajo control estatal, con el fin de destinar la mayor parte de esos recursos directamente al fondo de pensiones.
También propuso analizar mecanismos para que una fracción del IVA facturado con cédula se incorpore a la cuenta individual de cada cotizante.
Ana Virginia Calzada, Partido Centro Democrático y Social
Ana Virginia Calzada afirmó que la solución a los problemas del régimen del IVM “no es tan difícil” como suele plantearse.
“El fondo del IVM es uno de los que más problemas tiene en este país. A veces uno piensa que la solución es difícil, pero la solución no es tan difícil”, aseveró.
Según la candidata, la primera acción debe ser que el Estado salde la deuda que mantiene con la CCSS, lo cual a su criterio permitiría comenzar a evitar una quiebra inmediata del IVM.
David Hernández, Partido de la Clase Trabajadora
David Hernández planteó utilizar la riqueza generada por un grupo de 2.000 grandes empresas, cuyo nombre no precisó, para cubrir el déficit financiero del IVM. Estimó en ¢15 billones el monto que podría estar disponible.
Para ese fin, el aspirante precisó que sería necesario levantar el secreto bancario y determinar las utilidades de los accionistas, quienes, según sostuvo, en muchos casos residen fuera de Costa Rica.
Además, Hernández propone disminuir la edad de pensión a 60 años para los hombres y a 55 años para las mujeres.
Walter Hernández, Partido Justicia Social Costarricense
Walter Hernández aseguró que, con el control del Presupuesto de la República, ordenaría el pago inmediato de la cuota patronal correspondiente al Gobierno.
Añadió que, en cuanto a la deuda acumulada, dialogaría con las autoridades de la CCSS para negociar un plan de pago y promover, mediante inversiones, la conformación de alianzas público-privadas, tanto nacionales como internacionales, que generen recursos al IVM.
Boris Molina, Partido Unión Costarricense Democrática
Boris Molina indicó que impulsaría condiciones para las nuevas generaciones que opten por tener menos hijos, mediante el desarrollo de esquemas de autogestión y pensiones complementarias que les permitan financiar su propio retiro sin depender exclusivamente del régimen universal.
“Ese sistema de pensiones tiene que ser sufragado evidentemente por los más jóvenes. Y esos son los que tenemos que poner a producir mucho para que puedan crear el sistema que va a mantener a los adultos mayores, pero también el que los va a mantener a ellos en algunos pocos años”, señaló.
Marco Rodríguez, Partido Esperanza y Libertad
Marco Rodríguez sostuvo que, en la actualidad, el IVM es el régimen de pensiones con mayor fragilidad, mientras que uno de los más robustos es el administrado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema). Por ello, planteó la estandarización de los fondos previsionales.
“La garantía de mi gobierno es que no vamos a aumentar las cuotas, no vamos a aumentar la edad de jubilación. Tenemos que ver cómo los proyectos de infraestructura se financian con los fondos de pensiones, de forma responsable, de forma soberana”, señaló.
Ronny Castillo, Partido Aquí Costa Rica Manda
Ronny Castillo planteó que el Estado salde de forma íntegra sus obligaciones con el régimen de IVM y con el seguro de salud. El aspirante indicó que ese compromiso podría cubrirse con el porcentaje no ejecutado de los presupuestos nacionales, el cual, según afirmó, ronda el 10%.
“Si nosotros vamos haciendo un fondo para pagar no solamente los intereses de esta deuda, sino que podemos ir haciendo amortizaciones al principal cada cinco años, en un periodo de 20 años podemos salir de toda la deuda que tenemos con el sistema de pensiones”, afirmó.
Douglas Caamaño, Partido Alianza Costa Rica Primero
Douglas Caamaño propuso reabrir en la Asamblea Legislativa el debate sobre la explotación del oro. El aspirante sostuvo que el Estado no debe conformarse con recibir entre un 3% y un 7% de los ingresos por concesiones, sino que el porcentaje acordado debería incrementarse al 15%.
“De ese 15%, un 10% tiene que quedar en San Carlos, Upala y Chirripó. Y el otro 5% tiene que ir directamente al pago de la deuda que el Estado tiene con la Caja”, afirmó.
Luis Amador, Partido Integración Nacional
Luis Amador calificó la situación del IVM como “un tema muy complicado”.
Señaló que le gustaría responder que no debe modificarse la edad de retiro, pues para muchas personas resulta difícil alcanzar los 65 años; no obstante, advirtió de que la sostenibilidad financiera del régimen pasa por robustecer otros esquemas, como el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y los sistemas de pensión complementaria.
“Mi respuesta no ha sido la respuesta populista que muchos esperan escuchar: que se le va a dar el ROP a todo el mundo. Me parece irresponsable. Yo pensaría que ese fortalecimiento se da por la figura de la titularización”, explicó.