En 2026, la cantidad de pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) crecerá hasta rozar las 400.000 personas. Será la primera ocasión en que el principal sistema de jubilaciones del país alcance una cifra tan alta de beneficiarios.
Así lo detalla el informe EST-0057-2025, titulado Revisión de la asignación presupuestaria 2025 y elaboración de la asignación presupuestaria 2026 del seguro IVM, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en setiembre pasado.
“El seguro de IVM registró durante cada mes del año 2024 un promedio de 372.055 beneficiarios de pensión. Para el 2025, se estima que sea un promedio de 376.647 pensionados los que tenga a cargo el seguro de IVM cada mes, mientras que para el 2026 se prevé que sea un promedio mensual de 399.650 beneficiarios”, detalla el documento.
Esto implica que, cada mes, el régimen deberá destinar recursos para el pago de pensiones por invalidez, vejez o muerte a cerca del 8% de la población total del país.
Pensiones por vejez impulsan el crecimiento en jubilados
Las pensiones por vejez han impulsado el rápido aumento en la cantidad de jubilados proyectados y ejercen una presión creciente sobre el gasto de la institución autónoma.
Desde marzo pasado, la Auditoría Interna de la CCSS advirtió, en el informe AD-AFINPE-0024-2025, de que este tipo de jubilación creció un 224% entre 2010 y 2024. En apenas 14 años, la cifra se triplicó y la entidad prevé que la tendencia continúe en el corto y mediano plazo, hasta que en el 2050 haya solo 2,4 cotizantes por cada pensionado. Actualmente, la relación es de cinco trabajadores por beneficiario.
El más reciente informe de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja reitera este crecimiento y señala que las pensiones por vejez siguen ganando peso dentro del total de jubilados. Para el 2025, se estima que representan el 57,8% de las pensiones del seguro de IVM, porcentaje que aumentaría al 58% en el 2026.
En contraste, los beneficiarios por invalidez y muerte reducirían su participación relativa en ambos años, en línea con la tendencia observada en periodos recientes.
En detalle, el informe indica que las pensiones por invalidez pasaron de concentrar el 20,6% del total, en el 2017, a un 15,3% en el 2024. Para este año se proyecta una participación del 14,7%, que bajaría a un 14,4% en 2026.
En el caso de las pensiones por muerte, estas representaban el 30,2% del total en el 2017 y redujeron su peso hasta el 27,4% en el 2024. La estimación para el 2025 mantiene ese mismo porcentaje, con un leve incremento previsto al 27,6% en el 2026.
En esa línea, la Dirección atribuyó el aumento reciente de pensiones por vejez a la avalancha de retiros anticipados registrada a inicios del 2024, tras la reforma al Reglamento del Seguro de IVM.
En agosto del 2021, la Junta Directiva de la CCSS eliminó la jubilación anticipada para los hombres, quienes antes podían retirarse a los 62 años con 462 cuotas y ahora deben esperar hasta los 65, con un mínimo de 300 aportes. En el caso de las mujeres, se mantuvo esa opción, pero la edad mínima subió de 60 a 63 años y las cuotas exigidas bajaron de 450 a 405.
La reforma dejó una ventana de tiempo para que se retiraran, con las condiciones anteriores, quienes cumplieran los requisitos antes del 12 de enero del 2024.
Esa ventana provocó una avalancha de solicitudes. En enero del 2024, La Nación informó de que cerca de 5.000 trabajadores desembolsaron más de ¢100.000 millones para adelantar su retiro y garantizar el beneficio, en contraste con las 1.052 personas que lo hicieron en el 2023.
Presión sobre el gasto e ingresos estancados
En paralelo al aumento de las pensiones por vejez, el informe alerta sobre la creciente presión que este rubro ejerce sobre el gasto total del régimen. Aunque se trata de un “comportamiento esperado”, al ser la categoría con mayor número de beneficiarios, su participación en el gasto pasó del 67,4% al 74,2% entre el 2017 y el 2024.
“Se espera que para el 2025 el gasto por el riesgo de vejez sea de un 74,2% del total. Por otro lado, la estimación para el año 2025 se completa con el 11,5% de gasto por invalidez y 14,3% por muerte; para 2026, el peso del riesgo de invalidez se proyecta en 11,6%, a la vez que el de muerte se estima que alcance el 14,5% del total”, advierte el informe.
La Dirección Actuarial y Económica de la Caja precisó que la provisión del gasto total del IVM estimada para el 2026 asciende a ¢2.212 millones. Ese cálculo incluye el pago de aguinaldo, el aseguramiento en salud, los costos administrativos y el 1,75% correspondiente a la cobertura de volatilidad recomendada.
Del monto total, las pensiones por vejez concentrarían el 61,37% del gasto del régimen el próximo año, al asignarse ¢1.358 millones a este concepto.
Pese a la presión sobre el gasto en general, el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, señaló a La Nación que, aunque el patrimonio del régimen ha crecido con el paso de los años, se observa un estancamiento en los ingresos que percibe la institución para financiar el IVM.
“Si uno ve o se basa en los estados financieros, la reserva del IVM va a seguir creciendo; precisamente así se ha venido comportando. Pero sí hemos visto en los ingresos un cierto estancamiento; si bien la cobertura ha seguido aumentando, los ingresos no han venido aumentando todo lo que uno quisiera”, afirmó Barrantes.
Pese a este escenario, el jerarca recalcó que la reserva del régimen seguirá creciendo. No obstante, con la expansión de la cobertura (mayor demanda de pensiones) y, ante la falta de un aporte pendiente de ¢68.000 millones por parte del Ministerio de Hacienda, alertó de que la CCSS podría verse obligada a utilizar la totalidad de los rendimientos del fondo e, incluso, recurrir a una parte de la reserva al cierre del año para pagarles a los jubilados.
Sería la primera vez en la historia que se utilicen estos recursos para atender dichas obligaciones, un escenario que, según las proyecciones, no estaba previsto sino hasta el 2041.
Pese a ello, el Ministerio de Hacienda aseguró que dispone de los recursos para efectuar el pago; sin embargo, debido a la complejidad del cruce de información entre los datos de la CCSS y los registros del Estado sobre los saldos pendientes, el proceso de revisión documental aún continúa.