La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alertó de que podría recurrir a la reserva del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para pagar las pensiones a jubilados este 2025, pese a que su uso estaba previsto hasta 2041. Sería la primera vez en la historia que se recurre a estos fondos para cubrir dichas obligaciones.
El año pasado, un aumento en las jubilaciones anticipadas incrementó significativamente el gasto de la institución en el pago de pensiones del IVM, el principal fondo de retiro del país. Según explicó a La Nación el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, esta situación obligó a la CCSS a utilizar casi la totalidad de los intereses de la reserva para cubrir el déficit y garantizar los desembolsos.
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Barrantes no descarta que, si los ingresos obtenidos por recaudaciones y otras fuentes resultan insuficientes, sea necesario recurrir a la reserva para garantizar el pago de las pensiones.
“Los ingresos por cotizaciones no alcanzan y son complementados con intereses de la reserva, pero aún no con la reserva como tal. Para el 2024 usamos casi que la totalidad de los intereses, entonces la reserva no pudo crecer. (...) Es un riesgo que, dependiendo de las circunstancias, eventualmente podría ocurrir este año, pero todavía es un poco prematuro. Es un tema al que le vamos a dar seguimiento casi que mes a mes”, detalló el funcionario.
Durante la sesión 9.499 de la Junta Directiva de la CCSS, del pasado 27 de febrero, el gerente financiero, Gustavo Picado, explicó que, desde 2020, el gasto en el pago de pensiones del IVM supera los ingresos por contribuciones.
No obstante, esta diferencia se amplió en el 2024, ya que los ingresos alcanzaron ¢1.281.932 millones, mientras que el pago de jubilaciones ascendió a ¢1.498.734 millones, lo que representa una disparidad de ¢216.802 millones. Esta supera por más del doble a la diferencia del 2023, que fue de ¢101.803 millones.
Por su parte, en el 2022, la disparidad entre estos dos rubros fue de ¢80.899 millones, mientras que en el 2021 y 2020, fue de ¢62.030 millones y ¢58.229 millones, respectivamente.
El IVM, por el efecto que están teniendo el envejecimiento y factores como la revalorización de las pensiones, además del anticipo de algunos trabajadores por la entrada de la reforma de enero del 2024, hacen que en el 2024 se tuvieran contribuciones por ¢1.281.932 millones, pero pago de pensiones por ¢1.498.734 millones. Eso, en términos financieros, lo que ha provocado es que IVM tome parte de sus reservas para ir compensando esa brecha que se ha generado
— Gustavo Picado, gerente Financiero de CCSS.
La Nación consultó a Barrantes sobre las declaraciones del gerente financiero respecto al uso de las reservas del IVM para cubrir la diferencia. El jerarca aclaró que, hasta ahora, solo se han utilizado los intereses y no se ha recurrido a los fondos de la reserva.
Según las proyecciones de la última Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, presentada en setiembre del año pasado, el régimen de pensiones entraría en una fase crítica en 2035, cuando las cotizaciones no basten para cubrir los egresos del fondo.
El estudio estimaba que hasta 2041 sería necesario recurrir a la reserva para sostener los pagos.
No obstante, Picado advirtió que desde 2020 los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, lo que anticipa en 15 años la primera proyección. Si se utiliza la reserva en 2025, el adelanto sería de 16 años.
Una vez agotados esos fondos, el artículo 177 de la Constitución establece que el déficit deberá cubrirse con el Presupuesto Nacional.
Pago de la deuda pendiente con Hacienda podría balancear el gasto
La gerencia de Pensiones de la institución analiza tres posibles fuentes de ingresos que podrían prevenir tener que tomar dinero de la reserva.
Una de ellas, según Barrantes, es que el Ministerio de Hacienda cancele más de ¢56.000 millones adeudados al IVM, monto que el Gobierno omitió incluir en el presupuesto de 2018 y cuyo pago fue ordenado por la Sala Constitucional en junio del 2020.
Los magistrados ordenaron al Ministerio de Hacienda y a la CCSS buscar la vía para que se retribuyera ese dinero en un plazo de cinco años, el cual vencería este 2025. Barrantes confirmó que, debido a los intereses acumulados, la deuda asciende actualmente a ¢68.000 millones.
“Están muy adelantadas algunas de las conversaciones que hemos tenido para que nos paguen el saldo acumulado de lo que debería haber aportado el Estado en el 2018, producto de la sentencia judicial que así lo establece. Ha habido una disposición de Hacienda de empezar una negociación para ver si nos cancela ese monto”, comentó el gerente de Pensiones.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, confirmó a este diario que están al tanto de la deuda pendiente y que será cancelada este año. Además, destacó la necesidad de que la entidad evalúe la rentabilidad de su cartera en relación con las tasas de interés del mercado, ya que esto también puede llevar a que se recurra a la reserva eventualmente.
Hay dos temas importantes: no solamente es esa deuda la que está implicando que se tenga que usar la reserva, sino que el proceso demográfico del país también va a generar presión. Los ingresos no van a alcanzar para una población que se va a pensionar cada vez más y que vive más años.
— Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda.
“Tenemos presupuestado, no quiero decir que está ahí, pagarles ¢58.000 millones y ¢27.000 millones que están ahí del IVM”, aseguró Acosta.
El jerarca añadió que verificarán los cobros que hace la CCSS, pues es mayor a los recursos asignados por el gobierno. “Por supuesto que verificamos todos los cobros”, afirmó.
Luis Antonio Molina, viceministro de Hacienda, confirmó que se solicitó a la institución estatal la base de datos que respalda el monto adeudado, con el objetivo de verificar la cifra y proceder con el pago correspondiente.
“Se debe recordar que en el 2023, aun cuando el Ministerio de Hacienda contaba con los recursos para entregarlos a dicha entidad, no fue posible trasladarlos en su totalidad por falta de autorización presupuestaria de la Caja”, afirmó Molina.
Otras medidas podrían ofrecer un respiro a la reserva
Hay dos medidas planteadas por el gerente de Pensiones para evitar el uso de la reserva incluyen la aprobación de un proyecto de ley que transferiría el aporte patronal del 0,25% del Banco Popular a la CCSS para financiar las pensiones del IVM, así como un aumento en las cotizaciones.
El proyecto de ley fue presentado por primera vez en 2019 por los entonces diputados Pedro Muñoz y María Inés Solís, pero tras su vencimiento, el legislador Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), lo retomó en 2024.
Pacheco informó a La Nación de que el expediente ingresó en febrero a la Comisión de Asuntos Sociales y actualmente se encuentra en consulta con distintas entidades. Aseguró, además, que el traslado de recursos no afectaría el funcionamiento del banco, ya que no forman parte de su giro principal ni son su fuente primaria de financiamiento.
El gerente de Pensiones señaló como un punto adicional para mejorar las finanzas del IVM que un incremento en los niveles salariales podría derivar en ajustes en las cotizaciones, lo que favorecería un repunte en los ingresos.
Por su parte, Gustavo Picado confirmó esta medida en la Junta Directiva de la Caja, celebrada a finales de febrero pasado. Además detalló que la contribución al régimen de pensiones aumentará un 0,5% a partir de enero de 2026, lo que fortalecerá la recaudación.
