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Desde que, gracias a la reforma financiera impulsada durante la década de 1990, los bancos estatales entraron en competencia con los privados e introdujeron altos estándares de gobernanza, nunca se había producido un episodio tan grave de interferencia política como el conjurado hace pocos días por la Sala Constitucional.
Se trató de la maniobra orquestada por el presidente Rodrigo Chaves para tomar el control de la Junta Directiva del Banco Nacional, el más importante del país. Su método fue un proceso absolutamente arbitrario e ilegal; su intención: utilizar la entidad como instrumento de poder, aunque fuera a costa de su integridad.
Sucedió el pasado 28 de mayo, cuando el Consejo de Gobierno dispuso, tras una infundada “investigación” del entonces vicepresidente, Stephan Brunner, destituir a los siete directivos de la entidad. Les atribuyó inexistentes vicios en la designación de su gerenta general, una persona con altas competencias, seleccionada mediante un riguroso proceso de selección, pero que no contaba con la simpatía del presidente.
En el mismo acto, Chaves juramentó a los nuevos integrantes de la Junta Directiva. Su nombramiento fue provisional; sin embargo, pocas semanas después, tras un presunto concurso sin real competencia, seis de ellos fueron confirmados en sus cargos de forma permanente. El sétimo había renunciado y fue sustituido por uno nuevo.
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Conocedores de la improcedencia del acto y de los derechos que les asistían, cuatro de los directivos removidos interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Al resolverlo favorablemente, el viernes 10 de octubre, esta anuló todos los pasos que condujeron a su destitución, lo que obligó a la restitución inmediata de los siete afectados. Ya volvieron a sus cargos; nombraron un nuevo Directorio, presidido por Marvin Arias Aguilar, y destituyeron de su participación en las subsidiarias del Banco a los directivos impuestos por Chaves.
El mismo día en que la Sala Constitucional dejó sin efecto la indebida decisión gubernamental, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), entidad que debe velar por la integridad del sistema, puso de manifiesto un enorme vicio adicional. En dos oficios confidenciales al BN –que se hicieron públicos el pasado miércoles 15– advirtió de que seis de las personas designadas el 28 de mayo incumplían los requisitos para ocupar sus cargos, por carecer de experiencia o tener conflictos de interés, entre estas últimas, el presidente, Maximiliano Alvarado.
Lo anterior revela que el gobierno ni siquiera se preocupó por realizar un proceso de selección riguroso. Es decir, imperó más el criterio de lealtad y obediencia que la competencia plena. Además, faltó a la verdad cuando, tras realizar las designaciones permanentes, aseguró que todos los escogidos contaban con los atestados de idoneidad necesarios.
Más sintomático aún sobre las intenciones que animaron la maniobra fue que, al juramentarlos, el presidente Chaves, sin ningún pudor por la independencia de sus designados y del BN, les pidió revisar la presunta gestión de un crédito por parte de una empresa “absolutamente conectada con el poder político tradicional”, según dijo.
Además, en la sesión de Directiva que celebraron el 15 de julio, Alvarado puso en duda los verdaderos alcances de la autonomía de la banca estatal, con frases que luego pretendió aclarar, pero que, sin embargo, incrementaron la inquietud sobre su voluntad de independencia frente al Ejecutivo. También revelaron los riesgos en que se había precipitado la gobernanza corporativa del Banco Nacional.
Los directores legítimos restituidos al fin les han puesto freno. En el comunicado que anunció la nueva conformación del Directorio, destacaron la estabilidad y transparencia de la entidad, garantizaron “el buen gobierno corporativo, en resguardo del patrimonio de todos los clientes e intereses de todas las partes interesadas”, y se comprometieron a “seguir sirviendo al país” con “profesionalismo e integridad”.
Es lo que corresponde, lo que el Ejecutivo intentó violentar, y lo que la Sala Constitucional, en apego a su mandato, frenó. El truculento episodio ha quedado atrás; sin embargo, la credibilidad de la banca estatal, particularmente en sus relaciones con la actual administración, ha sido puesta en duda. Razón de más para que sus jerarcas actúen con absoluta autonomía, rigor y profesionalismo en la toma de decisiones.
