Todo comenzó cuando en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), una institución autónoma, se habría tomado la decisión de nombrar a su gerente general sin acatar las órdenes de Zapote. Para ello, se siguió un procedimiento concursal en el que participaron varios candidatos, aunque no así uno que –presumiblemente– satisficiera los deseos del presidente. La Junta Directiva de la entidad bancaria, en uso de sus potestades exclusivas, seleccionó a una persona que cumplía cabalmente con los requisitos legales, tras haber rechazado la solicitud de prórroga del Poder Ejecutivo, que quizás habría permitido que se incorporase un candidato de su preferencia.
Como aparente represalia, el mandatario instruyó a su entonces vicepresidente –hoy eventual aspirante a diputado–, Stephan Brunner, dar inicio a un procedimiento disciplinario contra los miembros de la Junta Directiva considerada rebelde. Esto, a pesar de que el único órgano competente para tramitar y decidir estos casos es el Consejo de Gobierno. Luego de alegados atropellos al debido proceso y sin una causal aparente, el obediente vicepresidente y director del procedimiento concluyó el trámite y ordenó separar a los directivos, dando paso a que el gobierno nombrara una junta directiva interina afín a sus intereses.
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Al juramentar a los nuevos directivos, el presidente, sin reparo alguno, les instruyó investigar un supuesto crédito solicitado por una empresa vinculada “al poder político tradicional”. Ignoraba –o si lo sabía, poco le importó– que las juntas directivas de los bancos estatales no participan ni deben participar en las operaciones crediticias, ya que su aprobación ocurre a nivel técnico. Este diseño busca precisamente evitar injerencias políticas indebidas –como la que el presidente intenta ejercer– en la toma de decisiones técnicas.
Recientemente, se hizo público que la nueva Junta Directiva solicitó a la asesoría legal de la entidad evacuar una consulta sobre cómo nombrar a los miembros de la alta gerencia, incluyendo, por supuesto, a un eventual gerente que guste más a la Junta instalada por Chaves. El asesor legal se excusó alegando que el informe emitido por él es de “carácter genérico”, pero dado el contexto, no es difícil resolver la operación matemática: la Casa Presidencial buscaría influencia o dominación sobre quienes toman decisiones en la principal entidad financiera del país, contraviniendo no solo lo que dictan las leyes, sino también el interés público.
No es la primera vez que este gobierno intenta acciones similares. En el pasado, el Ejecutivo rechazó a los representantes elegidos por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular para integrar su Junta Directiva y nombró a un directivo que, según la Sugef, no cumplía con el criterio de experiencia. La Junta Directiva de la CCSS también fue objeto de abusos y los tribunales debieron enmendar tales errores.
Recién iniciado, el gobierno había tomado acciones similares contra tres directivas del ICE, alegando irregularidades en los nombramientos hechos por la administración de Carlos Alvarado, irregularidades que luego fueron desestimadas por la Fiscalía. En el caso de Cinde –organización no gubernamental–, el gobierno decidió dar por terminado el acuerdo vigente y cortar su financiamiento parcial cuando la Junta Directiva optó por nombrar como directora general a una persona distinta a la que el gobierno quería.
El patrón es claro: dados los rasgos autoritarios del presidente y su baja tolerancia a la crítica y la disidencia, quien no se someta a sus designios será apartado y sufrirá las consecuencias, incluso cuando no existan causas legales que lo justifiquen. Esto es censurable en cualquier circunstancia, pero resulta especialmente grave tratándose del sistema financiero, cuyo adecuado funcionamiento tiene efectos extraordinarios sobre las empresas y los ciudadanos en general. Preservar su autonomía debe ser una prioridad, y cualquier intento de socavar su independencia frente al poder político debe ser frenado.
Dichosamente, la maniobra para aparentemente tomar las riendas del principal banco del país tiene lugar cuando todavía existen los pesos y contrapesos propios de un Estado de derecho, una prensa crítica, el control político en la Asamblea Legislativa y un Poder Judicial independiente, capaz de restituir la legalidad cuando se dan este tipo de excesos.
No queremos ni imaginarnos lo que sucedería si, como algunos pretenden, además del Ejecutivo se tuviera una mayoría avasalladora que domine en el Congreso, con posibilidades de nombrar a su antojo magistrados, contralores, defensor de los Habitantes y todo otro cargo de relevancia. Las intenciones han sido claras y el peligro para nuestra democracia es inminente. Estamos advertidos; que nadie luego se muestre sorprendido de lo que pueda llegar a suceder.
