El informe final sobre la investigación dirigida por el vicepresidente Stephan Brunner contra la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) por el nombramiento de la gerente general, Rosaysella Ulloa, no incluye hallazgos sobre presuntas anomalías en el proceso de elección. A partir de ese documento, Brunner deberá tomar una decisión sobre la eventual aplicación o no de sanciones.
El informe de instrucción del procedimiento ordinario administrativo sancionatorio, correspondiente al expediente N.º 001-2025-OD, cuya copia obtuvo La Nación, fue emitido el 13 de mayo por Jeremy Moya Bermúdez, en su función de órgano director del procedimiento.
Dicho reporte tiene como propósito, según consta en el documento, detallar el proceso seguido por el órgano director en relación con el trámite administrativo, dejándolo listo para la toma de decisión final, que corresponde exclusivamente al órgano decisor, responsabilidad que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, asignó a Brunner.
Los integrantes de la Directiva del BN son Marvin Arias Aguilar (presidente), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Marcela Alpízar Chacón.
A las 3:27 p. m. de este lunes, La Nación consultó a la Presidencia de la República, por correo electrónico, si el vicepresidente Brunner ya tenía una decisión sobre el proceso y si este informe tenía elementos suficientes para destituir a los directivos. A cierre de esta nota se esperaba la respuesta.
Brunner tiene la potestad de establecer sanciones según su criterio sobre la gravedad de los hechos. Estas pueden ser: amonestación escrita publicada, suspensión correspondiente a 15 a 30 días sin goce de salario, dieta o estipendio, o bien, separación del cargo público sin responsabilidad patronal.
El procedimiento administrativo busca establecer si existieron irregularidades en el proceso de selección de la gerente, como la omisión de entrevistas a candidatos, la intención de eliminar la prueba de inglés y la falta de análisis de los atestados de los finalistas, según consta en la resolución OD-RES-001-2025, firmada por Moya el 26 de marzo.
No hay irregularidades
El presidente de la Junta Directiva del BN, Marvin Arias, indicó que el informe de instrucción no enlista las supuestas irregularidades en la designación de Ulloa “porque no las hay, porque todo el proceso se hizo como corresponde”.
Manifestó que el concurso se hizo de manera correcta y legal. “La Junta Directiva tomó el acuerdo de hacerlo (el concurso); el proceso lo hizo Recursos Humanos con la empresa reclutadora, como corresponde”, recalcó Arias.
Arias señaló que la lucha de la Junta “es que se respete la autonomía administrativa de la banca” que está establecida en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Sistema Bancario. “Habrá que esperar qué decide el vicepresidente”, apuntó.
El jerarca consideró que si Brunner decide separar del cargo a los miembros de la Directa “sería abiertamente ilegal”, porque él no tiene la facultad por ley. Además, según sostuvo, no hubo errores de la Directiva. “Los testigos dejaron claro que la posición de la Junta fue la correcta”, aseveró.
Sin reseña
El informe redactado por Jeremy Moya Bermúdez, en su función de órgano director, no retoma ninguno de los hallazgos consignados en la investigación preliminar ordenada por el Consejo de Gobierno, en setiembre pasado. Ese proceso estuvo a cargo de la abogada Diana Calvo Reyes.
Tampoco incluye los elementos descritos en la presentación de hechos firmada por Moya el 26 de marzo, los cuales configurarían una presunta responsabilidad administrativa de los miembros del órgano de dirección del banco estatal.
El Ejecutivo nombró a Calvo Reyes para realizar la pesquisa preliminar contra los siete directivos. Este proceso se tramitó bajo el expediente PR-SCG-IP-006-2024, según el acta de la sesión 122 del Consejo, celebrada el 18 de setiembre.
La instrucción dada a Calvo consistía en determinar si existieron vulneraciones legales por parte del máximo órgano del Banco Nacional.
Tras la entrega del informe preliminar, el 23 de octubre del 2024, el Consejo de Gobierno, en la sesión N.º 126, acordó abrir un proceso administrativo contra la Directiva del BN por presuntas acciones irregulares. Ese mismo día, nombró a Yara Jiménez Fallas, secretaria del Consejo, como órgano director del procedimiento.
El nombramiento de Brunner
En un inicio, el presidente Chaves otorgó al Consejo de Gobierno la facultad de imponer sanciones a los siete directivos del BN. Sin embargo, estos recusaron a los ministros al considerar que no podían ser juez y parte, en vista de que ellos y el mandatario acordaron abrirles la investigación en octubre pasado.
El 13 de enero, Chaves aceptó la recusación y retiró la potestad a los ministros. De inmediato, asignó la competencia a su vicepresidente, quien estuvo presente en esa sesión del Consejo, aunque no participó en la votación.
Los directivos del BN también impugnaron el nombramiento de Brunner, alegando parcialidad, improcedencia y falta de transparencia. Sin embargo, el propio vicepresidente rechazó la objeción el 22 de abril bajo el argumento de que, aunque asiste al Consejo de Gobierno, solo tiene voz, no voto.
El 10 de febrero, Brunner ordenó abrir un proceso ordinario administrativo sancionatorio mediante la resolución RES-PV-001-2025 y designó a Jeremy Moya Bermúdez como órgano director.
Lo que dice el informe final
El informe final tiene 22 páginas. Allí se indica que la responsabilidad de órgano director no abarca la emisión de una decisión sobre el fondo del asunto en cuestión, debido a que es el órgano decisor es decir, Brunner quien tiene la competencia para analizar los hechos probados durante el procedimiento y realizar el análisis integral de las pruebas aportadas y los argumentos discutidos a lo largo del proceso.
El documento final detalla las gestiones coordinadas por Moya, incluyendo las apelaciones presentadas por los directivos del BN, y la declaratoria sin lugar emitida por Brunner para cada una de ellas.
Las apelaciones se dirigían contra las notificaciones del traslado de cargos, contenidas en la resolución del 26 de marzo. Además, el documento menciona las recusaciones contra Moya interpuestas por algunos directivos, las cuales también fueron declaradas sin lugar.
Otro punto del informe indica que el 25 de marzo, la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Hazel Valverde Richmond, respondió una solicitud de Brunner mediante el oficio SGF-0701-2025, con base al criterio emitido por la asesora jurídica del ente supervisor.
La Sugef indicó que “es fundamental comprender que, si bien la Sugef puede informar sobre irregularidades o incumplimientos en el marco de sus competencias, esto no limita las facultades del Consejo de Gobierno, para actuar en su condición de máximo órgano, aun sin la existencia de un informe previo de dicha superintendencia”.
Los miembros de la Directiva del BN comparecieron el 30 de abril y el 2 de mayo, según confirmó a La Nación la Dirección de Información y Comunicación de la Presidencia de la República.
Además, el informe detalla que el 6 de mayo se remitió al Ministerio Público un resumen de la prueba testimonial rendida por los directivos durante la comparecencia del 2 de mayo.
“El presente expediente administrativo se encuentra listo para la emisión del dictado del acto final, sin que existan asuntos de la instrucción pendientes de resolver”, concluye el documento.
