El Consejo de Gobierno ordenó la apertura de una investigación preliminar contra la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) para determinar si el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general de la institución infringió el ordenamiento jurídico.
El órgano del Poder Ejecutivo designó a Diana Calvo Reyes para encargarse de la pesquisa contra los siete directivos de la entidad financiera estatal. Este proceso se tramita bajo el expediente PR-SCG-IP-006-2024, según consta en el acta de la sesión 122 del Consejo, celebrada el 18 de setiembre.
La instrucción dada a Calvo, abogada de la Secretaría del Consejo de Gobierno, fue determinar la existencia de posibles vulneraciones legales por parte de la Junta Directiva del BN. El gobierno argumentó que la selección de Ulloa carecía de transparencia, y solicitó la apertura de un nuevo procedimiento competitivo.
Adicionalmente, el órgano presidencial decidió declarar confidencial toda la información vinculada a la investigación, basándose en la Ley de Control Interno y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La Junta Directiva del Banco Nacional confirmó a La Nación que sus miembros fueron notificados el 5 y 6 de noviembre del 2024 sobre la apertura del procedimiento administrativo por parte del Consejo de Gobierno. Sin embargo, no brindaron mayores detalles por tratarse de un proceso en curso.
“Este órgano desconoce si la Superintendencia General de Entidades Financieras emitió al Consejo de Gobierno algún informe al respecto (la investigación), el cual es un requisito para la remoción de directores, según lo establecido en el artículo 24.º de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional”, subrayó la Directiva.
Dicha normativa establece que el Consejo de Gobierno solo puede revocar el nombramiento hecho en bancos públicos con base en información de la Superintendencia. Además, si el Ejecutivo nombra nuevos directivos estos serán nulos, y las personas separadas se mantendrán en sus puestos por el resto del periodo o hasta que la Superintendencia indique lo contrario.
La Sugef informó, por escrito, de que no puede referirse a las gestiones que realice o llegue a realizar en el marco del proceso supervisor.
El pasado 4 de setiembre, el Consejo de Gobierno dirigido por el Presidente Rodrigo Chaves presentó un recurso de reposición y nulidad absoluta ante la Directiva del BN contra el acuerdo de la sesión ordinaria 12.714, del 3 de setiembre, en la que por unanimidad los directivos del banco estatal designaron a Ulloa por seis años en el cargo, según el acta 119 de dicho órgano.
Además, dispuso trasladar los hechos cuestionados al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Ética Pública.
La petición del Gobierno fue rechazada por la Directiva del BN, el 5 de setiembre pasado, porque argumentaron que el proceso se apegó al ordenamiento jurídico y a las competencias legalmente asignadas dentro del marco de su autonomía constitucional.
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Este procedimiento administrativo es el segundo que ordena el Consejo de Gobierno contra la Directiva del Banco Nacional. El primer proceso se abrió, el 31 de octubre del 2023, por el robo de ¢3.293 millones en las bóvedas del banco, en el cual, aparecen como sospechosos siete funcionarios que custodiaban el dinero. El proceso finalizó, en abril de este año, con la instrucción del gobierno de evitar que vuelva a ocurrir una situación similar.
La Nación consultó a Casa Presidencial, por correo electrónico, este 18 de noviembre a las 5:16 p.m., el plazo otorgado a la abogada para brindar una recomendación definitiva sobre la actuación de los directivos, los supuestos incumplimientos detectados y si los elementos recabados son suficientes para destituir a la Junta Directiva en pleno. Sin embargo, al cierre de esta nota no se recibió una respuesta.
Poder Ejecutivo intervino en el nombramiento
El Gobierno se involucró en el proceso previo a la escogencia de la gerente general del BN, en agosto anterior, cuando remitió tres oficios a la Junta Directiva relacionados con el trámite de la elección, e incluso pidió ampliar el plazo para la escogencia del nuevo jerarca.
En la primer solicitud a la Directiva, el 6 de agosto, el Consejo de Gobierno solicitó información detallada sobre el avance del concurso, incluyendo el cartel publicado, la fecha de publicación, el número de participantes, los candidatos admisibles e inadmisibles, y el cronograma de actividades, especificando la fecha para el nombramiento definitivo.
El día 20 del mismo mes, el Ejecutivo pidió la actualización del perfil del gerente general y el cronograma de Doris Peters & Asociados, firma reclutadora encargada de recomendar una terna a la Junta Directiva del BN.
Por último, mediante el oficio PR-SCG-OF-667-2024 se solicitó la ampliación del plazo del concurso. Los directivos brindaron toda la información solicitada por Casa Presidencial, pero rechazaron este último requerimiento porque consideraron que el tiempo otorgado para recibir postulaciones fue suficiente.
Por su parte, la Junta Directiva del BN presentó una demanda ordinaria contra el Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en la cual solicitó declarar ilegal el acuerdo del Consejo de Gobierno que ordenó interponer el recurso administrativo contra el nombramiento de Ulloa.
