El futuro de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) quedó en manos del vicepresidente Stephan Brunner en el marco de la disputa entre el gobierno y el BN por el nombramiento de la gerente general Rosaysella Ulloa para un periodo de seis años.
En un principio, el presidente Rodrigo Chaves había otorgado al Consejo de Gobierno el poder de imponer eventuales sanciones a los siete miembros de la cúpula del banco. No obstante, los directivos recusaron a los ministros al advertir que no podían ser juez y parte, en vista de que ellos y el mandatario acordaron abrirles una investigación en una sesión efectuada el 23 de octubre.
El 13 de enero, Chaves aceptó la recusación y retiró la potestad a los ministros, pero de inmediato se la encargó a su vicepresidente, quien estuvo presente en dicha sesión del Consejo de Gobierno, aunque no votó.
Los directivos también impugnaron el nombramiento de Brunner, al señalar parcialidad, improcedencia y falta de transparencia, pero el propio vicepresidente les rechazó la objeción el 22 de abril bajo el argumento de que él asiste al Consejo de Gobierno con voz, pero sin voto.
“No puede ser aceptado el argumento de que mi sola presencia en una conferencia de prensa sea una manifestación que pueda generar dudas razonables sobre mi imparcialidad y transparencia, por lo que, este Órgano Decisor debe rechazar lo alegado por la parte“, escribió el vicepresidente en su decisión.
Ahora, el vicepresidente tiene la potestad de establecer sanciones según su criterio sobre la gravedad de los hechos. Estas pueden ser amonestación escrita publicada, suspensión correspondiente a 15 a 30 días sin goce de salario, dieta o estipendio, o bien, la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.
Los directivos son Marvin Arias Aguilar (presidente), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Marcela Alpízar Chacón.
Chaves admitió falta de objetividad si él y los ministros decidían
El mandatario tomó la decisión de que él y el Consejo de Gobierno debían separarse del procedimiento administrativo contra los siete directos del BN porque, el 5 de setiembre del 2024, emitieron un comunicado de prensa en el cual pidieron la nulidad de la designación de Rosaysella Ulloa en el cargo gerencial por un plazo de seis años, exigieron la realización de un nuevo proceso “transparente” y ordenaron una investigación preliminar.
Al aceptar la recusación, el propio Chaves dijo que el comunicado “podría constituir una falta de objetividad e imparcialidad” que podría vulnerar los derechos de las partes involucradas.
Presidente del BN: Nombramiento de Brunner es improcedente
Marvin Arias, presidente de la Directiva del Nacional calificó el nombramiento de Brunner, para tomar la decisión final, como improcedente.
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“En nuestro criterio, él (el vicepresidente) no tiene las facultades para tomar una decisión de esas. Él no forma parte del Consejo de Gobierno y, de acuerdo con la ley, el Consejo es el que toma las decisiones con los asuntos relacionados con las juntas directivas de los bancos del Estado”, afirmó Arias Aguilar.
La Nación remitió al Consejo de Gobierno, la tarde de este miércoles, consultas acerca del posible conflicto de interés de Brunner en el proceso. El vicepresidente estuvo presente en la sesión del Consejo de Gobierno que acordó investigar a los miembros de la Directiva del BN, en octubre del año pasado. Sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Esta no es la primera vez que Stephan Brunner tiene el rol de decisión en un proceso contra funcionarios públicos. En febrero pasado, exoneró a dos ministros de responsabilidades por una aparente violación al deber de probidad bajo el argumento de que las pruebas aportadas por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) eran inadmisibles.
La PEP había remitido a la Presidencia un informe sobre los ministros Manuel Tovar y Paula Bogantes, de Comercio Exterior (Comex) y Ciencia y Tecnología (Micitt), en el que concluyó que habrían aprovechado sus puestos para pedir despidos en la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).
Potestades en la investigación
En esta ocasión, el vicepresidente deberá decidir si la Junta Directiva del BN incurrió en presuntas arbitrariedades, imparcialidad y falta de objetividad en el proceso de selección de Rosaysella Ulloa.
El procedimiento administrativo contra los directivos busca determinar si hubo presuntas irregularidades en el proceso de selección como omisión de entrevistas a candidatos al puesto, intención de eliminar la prueba de inglés y la falta de análisis de los atestados de los candidatos finalistas, según se reseña en el documento OD-RES-001-2025, del pasado 26 de marzo.
Marvin Arias, presidente del BN, recordó que el proceso de designación de la gerente general lo lideró el departamento de Recursos Humanos de la institución.
“Nombramos a la candidata con todos los requisitos, con el perfil aprobado y fue quien sacó el mayor puntaje. El segundo (aspirante) estaba bastante atrás. Le eligió a la persona mejor calificada y fue tan idóneo que están los resultados (financieros) del Banco como prueba”, afirmó el dirigente.
Poder Ejecutivo intervino en el nombramiento
El Gobierno se involucró en el proceso previo a la escogencia de la gerente general del BN, en agosto del 2024, cuando remitió tres oficios a la Junta Directiva relacionados con el trámite de la elección, e incluso pidió ampliar el plazo para la designación del nuevo jerarca.
En la primera solicitud a la Directiva, el 6 de agosto, el Consejo de Gobierno solicitó información detallada sobre el avance del concurso, incluyendo el cartel publicado, la fecha de publicación, el número de participantes, los candidatos admisibles e inadmisibles, y el cronograma de actividades, especificando la fecha para el nombramiento definitivo.
El día 20 del mismo mes, el Ejecutivo pidió la actualización del perfil del gerente general y el cronograma de Doris Peters & Asociados, firma reclutadora encargada de recomendar una terna a la Junta Directiva del BN.
Por último, mediante el oficio PR-SCG-OF-667-2024 se solicitó la ampliación del plazo del concurso. Los directivos brindaron toda la información solicitada por Casa Presidencial, pero rechazaron este último requerimiento porque consideraron que el tiempo otorgado para recibir postulaciones fue suficiente.
Por su parte, la Junta Directiva del BN presentó una demanda ordinaria contra el Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en la cual solicitó declarar ilegal el acuerdo del Consejo de Gobierno que ordenó interponer el recurso administrativo contra el nombramiento de Ulloa.
