El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) no solo ostenta el título de mayor entidad financiera del país y tercero en tamaño de Centroamérica, sino que también forma parte del patrimonio simbólico de los costarricenses: lo sentimos propio, aunque muchas veces no sepamos explicar por qué.
Desde una perspectiva técnica, el BNCR es un banco sistémico, es decir, su estabilidad influye directamente en la salud del sistema financiero nacional e incluso en la estabilidad económica del país. Por ello, la relación entre el Gobierno y esta entidad debe enmarcarse en límites legales claros y funcionales. ¿Implica esto que el Poder Ejecutivo no puede criticarlo? En absoluto. El presidente, los ministros y el Consejo de Gobierno pueden y deben emitir criterios. Sin embargo, las funciones que les confiere la ley deben ejercerse con rigurosidad y responsabilidad, dentro del marco constitucional y legalmente establecido.
Una de las atribuciones del Consejo de Gobierno es la designación de la Junta Directiva del BNCR. Esta labor exige criterio técnico y ético: elegir personas íntegras, con conocimiento bancario, visión de desarrollo nacional y, sobre todo, independencia, es decir, que estén dispuestas a no tolerar imposiciones, órdenes o sugerencias, de nadie, incluso del presidente, si estas están en contra de la Constitución Política, de la ley, de la independencia del banco, del bienestar de los costarricenses, o de su propia dignidad.
Por su parte, la Junta Directiva debe procurar la mejor gestión posible para el banco y, dentro de esto, lo más absurdamente sencillo de seguir como parámetro es el de impedir que el banco caiga en alguna situación de irregularidad financiera.
Debe tenerse presente que, en la actualidad, un banco puede caer en irregularidad financiera por problemas en su gobierno corporativo. Es de sobra conocido, que en esa situación se encuentra el Banco Popular y de Desarrollo Comunal desde abril de 2024, fruto en ese caso de las escogencias de la Junta Directiva realizadas desde el Consejo de Gobierno.
Ahora bien, imaginémonos una Junta Directiva pro tempore (figura inexistente en la regulación financiera costarricense, pero existente en la realidad en dos bancos sistémicos) que destituye a una gerencia general o a todo un grupo gerencial que ha sido escogido mediante procesos legal y técnicamente adecuados y lo sustituye por otro grupo de orden temporal. ¿Qué pasaría en ese caso con el Gobierno Corporativo de esa entidad?
La respuesta es casi matemática: Junta Directiva ‘pro tempore’ + Gerencia ‘pro tempore’ = irregularidad financiera, según Sugef.
Por supuesto que, a nivel de miembros de la Junta Directiva, esto también tendría implicaciones personales que deberían, en ese caso, ser revisadas directamente mediante el respectivo proceso administrativo a llevar adelante por parte de la Sugef.
Todo esto se podría evitar si el Consejo de Gobierno se comportara como corresponde conforme a la ley. Ante la falta de garantías en ese plano, corresponderá entonces exigir madurez institucional a la Junta Directiva, que debería abstenerse de realizar destituciones gerenciales bajo la excusa de su transitoriedad.
Finalmente, en este contexto, la Sugef no puede mantenerse al margen: debe actuar como garante de la estabilidad del sistema, evitando que la institucionalidad bancaria se doblegue ante presiones externas o decisiones precipitadas.
Corresponde a la Sugef ejercer su rol con absoluta determinación. Resulta prudente que convoque a la Junta Directiva del BNCR y le advierta, en primer lugar, que el nombramiento de sus miembros enfrenta serios cuestionamientos legales que podrían dejarles fuera de la institución en cualquier momento. Dicho en términos claros: su designación pende de un hilo.
Asimismo, debe dejar claro que la petición del presidente de la República para revisar expedientes crediticios resulta improcedente e ilegal, así como violatoria de la autonomía del banco y que como corolario pone en riesgo su reputación ante el sistema financiero.
En tercer lugar, la Sugef debería indicarles que la consulta –aparentemente ingenua– para activar procesos de contratación y eventual destitución en las gerencias, no evidencia otra cosa más que una preocupante carencia de criterio técnico y un claro desconocimiento del entorno regulatorio, político y financiero en el que opera la entidad.
A quienes hoy ocupan la dirección pro tempore del BNCR, el mejor consejo es la prudencia. Los cargos son pasajeros, incluso aquellos que se perciben como de gran relevancia; en cambio, las instituciones están llamadas a perdurar y a conservar la confianza ciudadana. El tiempo, con frecuencia, pone las cosas en su lugar.
La entidad que actualmente tienen bajo su responsabilidad no es una plataforma para satisfacer intereses personales o antojos de ninguna persona. Es una institución fundamental para la estabilidad económica y social del país. Su importancia exige madurez, respeto por la institucionalidad y una visión que trascienda coyunturas y protagonismos.
elian.villegas@gmail.com
Elian Villegas Valverde es abogado con 30 años de experiencia en mercados financieros.