La Sala IV ordenó restituir a cuatro de los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) que el Gobierno destituyó, el pasado 28 de mayo, como parte de una disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general.
Así lo determinó la Sala Constitucional este viernes 10 de octubre al resolver un recurso de amparo en una votación de cinco votos a favor y dos en contra.
En el fallo de la Sala Constitucional se ordenó, de manera inmediata, restituir en el cargo a Rodolfo González Cuadra, José Manuel Arias Porras, Marvin Arias Aguilar, Maricela Alpízar Chacón para el periodo en el que fueron nombrados.
En la resolución no se mencionan a los exdirectivos José Bernal Alvarado Delgado, Montserrat Buján Boza y Ruth Alfaro Jara.
Sin embargo, el Tribunal anuló todos los acuerdos que fundamentaron la remoción de los siete directivos, no solo quienes presentaron el recurso de amparo.
Además, también es nulo el acuerdo por el cual el Consejo de Gobierno designó a las siete personas alineadas con el Poder Ejecutivo.
En específico se trata de Maximiliano Alvarado Ramírez (presidente), Javier Zúñiga Moya (vicepresidente), María del Milagro Solórzano León (secretaria), y los directores Rolando Saborío Jiménez, Noylin Cruz Suárez, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto.
En entrevista con La Nación el pasado 3 de setiembre, Alvarado Ramírez recordó que el Ejecutivo cuestionó “fuertemente” el procedimiento que se siguió para elegir a la gerente.
“La Sala (IV) tendrá que juzgar si el procedimiento que siguió el Poder Ejecutivo para destituirlos (a los miembros de la Junta Directiva anterior) estuvo bien o mal. Es un tema que todavía no está definido. Pero no hay ninguna instrucción de: quiten a este o pongan a otro, en lo absoluto”, dijo en aquel momento.
El Banco Nacional es la entidad financiera más grande de Costa Rica. A agosto pasado, la institución registró activos por ¢8,6 billones, de los cuales ¢5,2 billones corresponden a préstamos, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
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El fallo
Según el por tanto del amparo, los magistrados acordaron por mayoría anular las resoluciones firmadas por el entonces vicepresidente Stephan Brunner Neibig que fue el fundamento utilizado por el Consejo de Gobierno para remover a los exdirectivos.
“Se anula la resolución Nro. RES-PV-001-2025 dictada el 10 de febrero de 2025 por Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, en su condición de vicepresidente de la República y órgano decisor del procedimiento, y todos los actos posteriores a esta, lo que conlleva también la nulidad de la resolución nro. RES-PV-008-2025 de las 12:15 horas de 28 de mayo del 2025″, se indica en la resolución.
Votaron a favor los magistrados Fernando Cruz, Paúl Rueda, Jorge Araya, Ingrid Hess y Luis Fernando Salazar. Mientras que en contra Fernando Castillo, presidente del Tribunal, y Anamari Garro.
La decisión de destituir a la Junta del BN el pasado 28 de mayo se tomó después del procedimiento administrativo liderado por Brunner Neibig, pese a que el informe final sobre la investigación dirigida por él no incluía hallazgos sobre presuntas anomalías en el proceso de elección de la gerente.
Tras la destitución de esa Junta Directiva, ese mismo 28 de mayo, el Consejo de Gobierno nombró a los reemplazos temporales. Tiempo después, específicamente el 20 de agosto, designó en propiedad a seis de los siete directivos temporales para integrar el órgano máximo de dirección.
En un comunicado de prensa, la Sala IV precisó que la redacción total del fallo está en proceso.
Una vez que dicho proceso concluya, y se notifique a las partes, se procederá a la publicación en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona pueda revisarla, se precisó.
Investigación del gobierno
Stephan Brunner alegó, para destituir a la Directiva del BN, una supuesta violación al deber de probidad, contemplado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (N.º 8422), a la Ley Marco de Empleo Público, una presunta violación al reglamento sobre gobierno corporativo y supuestas transgresiones éticas a normas internas del banco.
El exvicepresidente les atribuye a los directivos haber incurrido en culpa grave en la supervisión o en la elección de funcionarios bajo su autoridad.
Según los argumentos presentados por el Gobierno el 26 de marzo, figuran que la convocatoria al puesto se difundió únicamente a través de la red LinkedIn. También, se achacó que se omitieron etapas clave del proceso de contratación, que no se habilitaron fases recursivas (como consultas o apelaciones) y que, presuntamente, no se realizaron entrevistas.
Cmo parte del proceso de destitución, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) emitió un criterio que allanó la decisión del vicepresidente Stephan Brunner.
En dos oficios enviados por Hazel Valverde, jerarca de la Sugef, a Brunner el 25 de marzo anterior, se subrayó que no es necesario un criterio técnico de la Superintendencia para tomar decisiones respecto a miembros de la Junta Directiva o gerente de un banco comercial del Estado.