La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) descartó que existieran irregularidades en el proceso de selección y nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerenta general del Banco Nacional (BN).
El pronunciamiento lo firmó la superintendenta Hazel Valverde Richmond, en un informe remitido a la Sala Constitucional con motivo de un recurso de amparo contra la destitución de la Junta Directiva que nombró a la jerarca bancaria.
“Si bien se señalaron aparentes irregularidades relacionadas con la omisión de entrevistas y pruebas de inglés, así como con la brevedad del proceso, se valoró que dichas decisiones se enmarcaron en las facultades discrecionales de la Junta Directiva, y que se mantuvo una comunicación efectiva y transparente durante el proceso”, se indica en documento firmado por Valverde.
Según el documento de la Sugef, la elección de Ulloa se ajustó a los procedimientos internos del Banco Nacional, al Código de Gobierno Corporativo y al reglamento de la Junta Directiva.
La Sugef enfatizó que este órgano tenía una amplia discrecionalidad legal para definir la metodología de selección de la alta gerencia.
El presidente Rodrigo Chaves fue quien cuestionó el proceso de nombramiento de Ulloa. Incluso ordenó ejecutar una investigación contra la anterior Directiva, la cual fue removida el pasado 28 de mayo.
Hazel Valverde, jerarca de la Sugef, informó a la Sala IV que no hubo irregularidades en el nombramiento de Rosaysalle Ulloa, gerenta general del Banco Nacional. (Hecho Canva con fotos de La Nación/Hecho Canva con fotos de La Nación)
Conclusiones de la Sugef
El informe de Valverde indica que, en el proceso de selección de Rosaysella Ulloa, no se identificaron transgresiones a la normativa prudencial en materia de gobierno corporativo, transparencia u objetividad.
A la vez que concluyó:
El nombramiento se realizó conforme a la normativa interna del banco.
La Junta no violó principios de transparencia, objetividad ni buen gobierno corporativo.
El proceso fue llevado a cabo con comunicación efectiva y dentro del marco de discrecionalidad que la ley otorga a la Junta Directiva.
Por estas razones, la Superintendencia determinó que no había pruebas de irregularidades y procedió al archivo del expediente relacionado con el caso.
Solo tres días después del nombramiento, el propio Consejo de Gobierno instruyó abrir una investigación sobre el caso. El Poder Ejecutivo informó sobre el asunto por medio de un escueto comunicado en el que le pedía abrir “un nuevo proceso que sí sea competitivo y transparente”; aunque no dio mayores detalles sobre sus sospechas de ilegalidad.
Posteriormente, en conferencia de prensa, Chaves aseguró que el proceso pudo haber sido “amañado” por su corta duración, aunque no ahondó en detalles.
El gobierno de Chaves había mostrado especial interés en el nombramiento de la gerencia general del Banco Nacional.
Presidencia había enviado tres comunicaciones al Banco, en 16 días, durante agosto: la primera para consultar sobre el avance del proceso, la segunda para preguntar sobre el perfil de gerente general que se buscaba y el cronograma de la firma reclutadora, y la tercera para rogar por una ampliación del plazo de recepción de propuestas.
Nueve meses después, el proceso de investigación finalizó con la destitución en pleno de la Junta Directiva y el nombramiento de una nueva, primero temporal y luego en propiedad, de seis de las siete personas elegidas.
