El gobierno del presidente Rodrigo Chaves ya suma tres casos de intervenciones a juntas directivas de instituciones públicas que, idealmente, deberían actuar con autonomía del Poder Ejecutivo.
Chaves y su Consejo de Gobierno ya habían removido a directivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y ahora le tocó el turno al Banco Nacional (BN). Hablamos de las principales compañías estatales en tres ámbitos clave: electricidad y telecomunicaciones; salud pública y pensiones; y banca.
Los casos del ICE y de la Caja estuvieron marcados por argumentos y procedimientos que luego fueron objetados —o hasta revocados— en los tribunales; mientras que el caso del BN recién ocurrió este 28 de mayo y es probable que sea un nuevo tema de análisis legal.
Según el politólogo de la Universidad de Costa Rica, Ronald Alfaro, en los tres casos “se repite un mismo patrón”.
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En este artículo de El Explicador, repasamos el caso actual y le contamos qué pasó con los anteriores.
Empecemos por el caso más reciente.
Destitución masiva en BN
El presidente Rodrigo Chaves y su Consejo de Gobierno tomaron la decisión de destituir, este 28 de mayo, a todos los integrantes de la Junta Directiva del Banco Nacional (BNCR).
El Poder Ejecutivo dijo haber encontrado irregularidades en el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general de esa institución, el 3 de septiembre pasado.
Solo tres días después del nombramiento, el propio Consejo de Gobierno instruyó abrir una investigación sobre el caso. El Poder Ejecutivo informó sobre el asunto por medio de un escueto comunicado en el que le pedía abrir “un nuevo proceso que sí sea competitivo y transparente”; aunque no dio mayores detalles sobre sus sospechas de ilegalidad.
Posteriormente, en conferencia de prensa, Chaves aseguró considerar que el proceso pudo haber sido “amañado” por su corta duración, aunque no ahondó en detalles.
El gobierno de Chaves había mostrado especial interés en el nombramiento de la gerencia general del Banco Nacional.
Según publicó La Nación, el Presidencia había enviado tres comunicaciones al Banco, en 16 días, durante agosto: la primera para consultar sobre el avance del proceso, la segunda para preguntar sobre el perfil de gerente general que se buscaba y el cronograma de la firma reclutadora, y la tercera para rogar por una ampliación del plazo de recepción de propuestas.
Ahora, nueve meses después, el proceso de investigación interna instruido por el Consejo de Gobierno habría tenido como consecuencia las destituciones del pleno de la junta directiva. Según expuso el vicepresidente Stephan Brunner Neibig, quien fue el encargado de redactar el acto final del procedimiento ordinario sancionatorio administrativo (RES-PV-008-2025), a los directivos se les acusa de violar su deber de probidad, de incumplir principios de la Ley Marco de Empleo Público, y de faltas a códigos internos y de Conassif.
Con base en ese documento, el gobierno retiró de sus cargos a Marvin Arias (presidente), Ruth Alfaro, José Bernal Alvarado, José Manuel Arias, Montserrat Buján, Rodolfo González y Marcela Alpízar. En su lugar nombró a Anabelle Chaves, María Brenes, María del Milagro Solórzano, Noylin Cruz, Maximiliano Alvarado, Rolando Saborío y Alejandro Alberto Solórzano.
Marvin Arias, presidente destituido de la junta directiva, anunció que tomará medidas legales para hacer valer la autonomía del Banco. Según dijo, la separación se tomó “sin ningún fundamento legal” y desde su punto de vista constituye una “violación total” de la independencia de la entidad.
El presidente Chaves siempre aludió a las supuestas irregularidades en el nombramiento de la gerente general como el motivo para quitar de sus puestos a los ahora exfuncionarios; pero este 28 de mayo, en el acto de juramentación de los nuevos directivos, le dijo a los nuevos jerarcas que espera que el banco “sea probo, bien manejado y que represente beneficios para el país y no para algunos grupos”.
“Ustedes saben, o deberían saber, que en este momento hay negociaciones para renegociar casi $100 millones en préstamos a una empresa absolutamente conectada al poder político tradicional”, dijo, sin dar más detalles.
“Ahí les voy a dejar el caso y no sé si la gerencia actual lo va a querer hacer administrativamente o tendría que pasar por la junta, pero son temas muy delicados”, añadió.
Dichas declaraciones quedaron plasmadas en un vídeo que subió la propia Presidencia de la República a su canal de YouTube este 29 de mayo, pero que terminó por despublicar en menos de dos horas.
Ahora veamos los casos anteriores.
Remociones y sobreseimiento en el ICE
Mucho antes de las destituciones en el Banco Nacional, a inicios de junio de 2022, el presidente Rodrigo Chaves anunció una decisión similar en el ICE.
Puntualmente, el Consejo de Gobierno abrió una investigación en contra de tres directivas del Instituto que, supuestamente, habían sido nombradas sin cumplir los requisitos de ley.
María Elena Feoli, Sandra Rojas y Carla Cristina Murillo inicialmente fueron suspendidas de sus cargos, pero cuatro meses después fueron destituidas y remplazadas de forma definitiva.
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El caso, dijo el Ejecutivo, se basaba en un informe de auditoría sobre el tema.
Hoy ninguna de las tres mujeres está en sus cargos, a pesar de que el 30 de mayo de 2024 la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción determinó que las tres mujeres estaban nombradas a derecho.
La Fiscalía estudió el caso luego de que Consejo de Gobierno remitió una denuncia en contra del expresidente Carlos Alvarado y de ocho personas más, pero finalmente acreditó que el procedimiento para hacer las designaciones se ejecutó y tramitó con transparencia y probidad por parte de las personas involucradas.
Ante esas conclusiones, se dictó sobreseimiento.
Suspensiones revertidas en la CCSS
Por otra parte, solo unos meses después de las destituciones en el ICE, Chaves y su Consejo de Gobierno también habían suspendido a cinco directivos de la Caja, usando una estrategia similar.
El 7 de diciembre de 2022, el presidente y la entonces jerarca de la CCSS, Marta Esquivel, anunciaron la suspensión de cinco de los nueve directivos de la Caja por supuestas irregularidades relacionadas con la votación para hacer efectivo un aumento salarial retroactivo en favor de los trabajadores de la institución; motivo por el cual el presidente Chaves también había destituido a Álvaro Ramos como máximo responsable de la Caja.
De igual manera, en aquel momento se indicó que se iba a abrir un procedimiento disciplinario en contra de los dirigentes por desoír recomendaciones técnicas, y que se iba enviar el caso al Ministerio Público.
La suspensión, sin embargo, fue objetada por varios de los directivos en la Sala Constitucional; lo cual provocó que se les restituyera meses después.
El 27 de junio de 2023, los magistrados ordenaron devolver a sus cargos a José Luis Loría, representante del cooperativismo, y a Martha Rodríguez González, representante del sindicalismo.
La Sala aseguró tomar la decisión “en defensa del principio de autonomía constitucional de la CCSS”, al considerar que las actuaciones del Consejo de Gobierno habían pasado por encima de ese principio de independencia que tiene la Caja.
“Para los magistrados, la ley constitutiva de esa institución expresamente otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas”, había indicado el tribunal.
Posteriormente, la Sala también ordenó la reinstalación en sus cargos de Maritza Jiménez Aguilar, representante de los solidaristas, y de Carlos Salazar, representante del Poder Ejecutivo. El otro jerarca suspendido (Jorge Arturo Hernández Castañeda, del sector patronal) no fue reinstalado porque había renunciado previamente.
Pese a todo, la mayoría de los directivos que estaban en la Caja a inicios de esta administración terminaron renunciando o siendo destituidos. Maritza Jiménez, quien fue removida en junio de 2024, alegó ser víctima de “persecución política” por no acceder a frenar el aumento retroactivo de 2022.
Chaves también ha tenido choques directos con los responsables de realizar los nombramientos en la junta directiva de la CCSS, cuya conformación no depende exclusivamente del Gobierno. En marzo pasado amenazó con promover un proyecto de ley para evitar que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) siga nombrando a los representantes del sector patronal en ese foro, luego de que los actuales dirigentes de ese grupo no se opusieron a continuar con la construcción del Hospital de Cartago por medio del proyecto actual, al cual el mandatario se opone.
Autonomía a prueba
Las juntas directivas de las instituciones públicas como el ICE, la CCSS y el BNCR fueron diseñadas para trabajar de forma autónoma, de modo que puedan defender los intereses propios de la entidades y no los del poder político de turno, cuando no sean los mismos o estén directamente enfrentados.
En ese sentido, para evitar que toda la dirección de las empresas estatales esté atado a los gobiernos de turno, se aplican diversos mecanismos en materia de nombramientos y períodos de los mismos.
En la CCSS, por ejemplo, la conformación de la Junta Directiva es tripartita (con tres miembros nombrados por el Gobierno, tres por el sector patronal y tres por el sector laboral); mientras que en el ICE, los nombramientos se realizan siempre desde el Poder Ejecutivo, pero de forma escalonada en el tiempo, para que no todas las personas sean elegidas por la misma administración de turno.
En el caso del BN, por otra parte, todos los miembros son nombrados por un período de ocho años y, de los miembros ahora destituidos, tres habían sido nombrados en 2018 (durante el gobierno pasado) y otros cuatro en 2022 (con la llegada de la nueva administración).
Estos mecanismos de control, sin embargo, parecen estar siendo puestos a prueba.
Ronald Alfaro, politólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR), considera que todos los gobiernos quieren influir sobre empresas o entidades clave, pues administran cantidades de recursos públicos elevadas y sus decisiones tienen grandes implicaciones sociopolíticas. Sin embargo, en la actual administración parece haber una tendencia a hacerlo por medio de órdenes o movimientos atípicos.
Según dijo, ve en la remoción de directivos una especie de “estrategia” por parte del gobierno, la cual le permite alcanzar algunos objetivos en el corto plazo, pero que puede tener problemas de sostenibilidad o legalidad en el tiempo.
“Está tratando de ganar o de imponerse a la fuerza. Es una historia que tiene varios episodios y este (el del Banco Nacional) es uno más”, explicó. “Se repite un mismo patrón. Si no se puede ganar el juego por la vía regular, se busca jugar sucio”.
En medio de la disputa relacionada con la Caja, la Sala Constitucional determinó que los directivos de la Caja cuentan con garantía de “inamovilidad” por la autonomía de la institución; pero el rango de independencia del seguro social es relativamente mayor que el de los bancos estatales. En este nuevo caso, sin embargo, es muy probable que haya espacio para una nueva discusión legal.