EscucharEl Consejo de Gobierno acordó presentar una denuncia penal en contra de Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y otros cinco miembros de la Junta Directiva, por aprobar un aumento salarial retroactivo para los 63.000 funcionarios de la institución.
La decisión fue anunciada este miércoles, en conferencia de prensa, por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien también comunicó la suspensión de forma inmediata de los cinco directivos, cuya identidad no precisó.
El mandatario manifestó que la Junta Directiva, en ese entonces presidida por Ramos, aprobó el aumento salarial en contra de un criterio de la Dirección Actuarial del Seguro Social que, tal como reveló La Nación el 13 de setiembre, advertía sobre las repercusiones financieras de dicha decisión.
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“Había un informe diciendo ‘no alcanza la plata; la Caja y el Seguro de Enfermedad y Maternidad entre en números rojos ahoritica; no es el momento de subir el salario’. Y aún así ignoraron eso”, expresó Chaves.
El pago retroactivo a los 63.000 trabajadores de la Caja, correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, tendrá un costo de ¢29.000 millones. Además, la decisión incrementa el gasto salarial a futuro en más de ¢10.000 millones por año.
A criterio de la Dirección Actuarial, autorizar un incremento salarial general aplicado desde enero de 2020 “acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”.
De acuerdo con Chaves, Ramos y los directivos que votaron a favor del acuerdo ignoraron ese criterio y buscaron otras opiniones para aprobar el aumento retroactivo. El entonces jerarca de la CCSS fue destituido por el mandatario, el 17 de setiembre anterior, por el desacuerdo en torno a esta decisión.
Remoción de directivos
El acuerdo tomado este miércoles por el Consejo de Gobierno también contempla la suspensión de forma inmediata de los cinco miembros de la Junta Directiva que votaron a favor del ajuste salarial.
Según el mandatario, ahora la institución debe conformar órganos directores para investigar el accionar de los funcionarios y determinar posibles sanciones administrativas.
Presidencia indicó que “los nombres no se pueden revelar de momento”, porque “primero se debe notificar a las cinco personas del traslado de cargos del órgano en su contra”.
La actual jerarca de la Caja, Marta Esquivel, manifestó que la decisión del Consejo de Gobierno también se fundamentó en el posible conflicto de intereses en el acuerdo en torno al aumento salarial.
La Nación reveló, el 26 de octubre, que cuatro integrantes de la Junta Directiva no se abstuvieron de discutir y aprobar el alza salarial, a pesar de contar con familiares que se beneficiarán de esa decisión.
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Esos directivos son Martha Rodríguez, representante de los sindicatos; José Luis Loría, del movimiento cooperativista; Jorge Arturo Hernández, de los patronos; y Carlos Salazar, nombrado por el Poder Ejecutivo.
“Fue señalado por la prensa y eso nos obligó a hacer la investigación. Es precisamente la existencia de conflictos de intereses en el conocimiento y aprobación del acuerdo salarial. Hay políticas de conflictos de intereses, pero el ejercicio de respeto no es una tónica institucional”, manifestó Esquivel.
De acuerdo con la presidenta ejecutiva, los órganos directores abiertos para la investigación administrativa también determinarán si hubo conflicto de intereses en esa discusión.
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Álvaro Ramos (izquierda) fue destituido, en setiembre pasado, del cargo de presidente ejecutivo de la CCSS por el mandatario Rodrigo Chaves, debido a un desacuerdo por el aumento salarial retroactivo concedido a los 63.000 funcionarios de la entidad. Foto: (Johanfred Bonilla / Presidencia)
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