Directivas del ICE separadas por Gobierno estaban a derecho

De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, “no se vislumbra ningún hecho controversial o doloso” en la ejecución de dichos nombramientos.

Por esta razón, el 24 de mayo pasado, solicitó el sobreseimiento de la causa penal tramitada en el expediente 23-000139-1218-PE contra el ahora expresidente Carlos Alvarado y otras ocho personas.

Las designaciones cuestionadas fueron las de Sandra Rojas Araya, Marianella Feoli Peña y Carla Murillo Solano, quienes asumieron puestos en la Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en 2019.

Este jueves, La Nación contactó a las exdirectivas para conocer su reacción ante la decisión de la Fiscalía. Sin embargo, todas declinaron referirse por respeto al proceso que existe en la vía contencioso administrativa.

Investigación por supuesta ilegalidad de nombramientos en ICE

La pesquisa judicial en torno al caso se inició por denuncia presentada por el Consejo de Gobierno, según informó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa.

El mandatario afirmó entonces que un informe de auditoría del ICE reportó los nombramientos ilegales realizados durante la administración de Carlos Alvarado Quesada, pues supuestamente las funcionarias no cumplían los requisitos. Dijo que solicitaron que el hecho se investigara penalmente fundamentados en el oficio 0020-146-2022 emitido por Ana Sofía Machuca Flores, auditora general del Instituto.

“Es muy grave por razones obvias; por lo tanto, el Consejo acordó establecer un órgano director para estudiar y esclarecer la realidad de los hechos. En vista de que hay un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República diciendo que las condiciones de la Ley del ICE no son sujetos de interpretación, es posible que el anterior Consejo de Gobierno haya cometido un acto de violación de la ley, con posibles implicaciones penales”, afirmó Chaves en la conferencia del 1.º de junio de 2022.

Bajo esas consideraciones, las tres directivas fueron cesadas de manera inmediata”, y el Consejo de Gobierno procedió a nombrar a otras tres personas que, según afirmó el mandatario, sí cumplían con los requisitos. Los sustitutos fueron Diana Valverde Bermúdez, Henry Gabriel Guevara e Ileana Murillo Masís.

“Es una barbaridad pensar que una institución del tamaño del ICE se quede acéfala, por lo tanto, tuvimos que actuar de manera inmediata”, afirmó el gobernante.

Cinco meses después, en octubre del 2022, el gobierno dio a conocer la destitución definitiva de Sandra Rojas Araya, Marianella Feoli Peña y Carla Murillo Solano.

Nombramientos en ICE amparados en la legalidad

La Fiscalía acreditó que el procedimiento para hacer las designaciones se ejecutó y tramitó con transparencia y probidad por parte de la Unidad Asesora, de la comisión encargada de las entrevistas de los postulantes y del Consejo de Gobierno, amparados en la legalidad que reviste dicho proceso.

LEA MÁS: Destituida gerenta general del ICE apenas días después de que Gobierno suspendiera a directivas

La solicitud de sobreseimiento definitivo, en poder de este diario, agrega que hubo licitaciones publicadas y oferentes que presentaron debidamente sus informes a la Unidad Asesora. Esta realizó un análisis de la información y una preselección.

También quedó probado que las actas de los miembros designados para el Consejo Directivo del ICE se ajustaron a la legalidad y experiencia requerida en ese momento para proceder con sus nombramientos.

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, una vez analizado en su totalidad el acervo probatorio del caso, es opinión de esa instancia que no es posible continuar con las investigaciones porque, a partir del análisis de las pruebas recabadas, se determinó que los hechos reportados no constituyen delito alguno.

La Fiscalía agregó que tampoco existe evidencia para probar la certeza de los hechos relatados, por lo cual es necesario exigir el sobreseimiento definitivo del caso.

Aparte de Carlos Alvarado Quesada, entre los investigados en esta causa estaban la exministra de Planificación, Pilar Garrido, la exministra de Ciencia y Tecnología, Paola Vega, y la expresidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas.

Este jueves, la exjerarca del Instituto se pronunció sobre el sobreseimiento: “La solicitud (de sobreseimiento) demuestra que se usó una mentira para construir una mayoría temporal en el ICE, como lo denunció en su momento la gerente general Hazel Cepeda”.

Según Cañas, la decisión de la Fiscalía confirma que su gestión fue apegada a derecho “y demuestra que la institucionalidad de este país aún funciona, a pesar de los intentos populistas de debilitarla”.

LEA MÁS: ICE pidió renuncia a sus gerentes de Electricidad y Telecomunicaciones

En el mismo sentido se manifestó el expresidente Alvarado, mediante un mensaje en redes sociales. “Queda manifiesto que se utilizaron falsedades para destituir a estas personas de la Junta Directiva del ICE y nombrar a otras nuevas. El hecho no es aislado ni casual y se conecta incluso con la crisis energética y ética que hoy vive esa institución”, expresó.