Maximiliano Alvarado, presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) nombrada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de mayo, cuestionó la percepción sobre la autonomía de los bancos estatales. A su criterio, se han dado malas interpretaciones.
“Cuando se dice que los bancos (del Estado) son autónomos, entonces, hay intromisión del Poder Ejecutivo, eso es una mala interpretación, porque la Ley nos obliga, no es que estamos facultados, nos obliga a coordinar las orientaciones del Banco con el Poder Ejecutivo”, dijo Alvarado según consta en el acta 12.760 de la sesión de Junta Directiva del pasado 15 de julio.
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El presidente del órgano colegiado del Banco Nacional agregó en la sesión, por ejemplo, que antes el Banco Central de Costa Rica (BCCR) era el que fijaba tasas de interés y topes de cartera, pero eso cambió y dejaron a las entidades en “libre competencia”. “Antes, sí, el Poder Ejecutivo decía: por aquí vamos, a través del Banco Central, hoy es que eso ya no se estila”, dijo.
Alvarado añadió de seguido: “”...todo el mundo cree que los bancos (estatales) son autónomos y son una isla libre e independiente de la República de Costa Rica, del Gobierno, y lo cierto del caso es que la Asamblea de Accionistas de una entidad es el Gobierno, ¿quién es la Asamblea de Accionistas de un banco del Estado?, el Gobierno”.
Para argumentar su punto lo ejemplicó haciendo una comparación con el BAC Credomatic.
“Fíjate vos que la Asamblea de Accionistas dijera al Gerente General del BAC: usted va por aquí, sino lo destituyo y que no lo pueda hacer, si son los dueños, entonces, bueno, ese es todo el debate en que estamos hoy en día; pero, nace de una mala interpretación”, apuntó según se reseña en el acta publicada en el sitio web de la entidad estatal.
Alvarado hizo la intervención durante una discusión sobre en cuáles cámaras empresariales está afiliado el Banco Nacional.
La Nación le consultó a Alvarado, a través de un correo enviado al Departamento de Prensa del Banco Nacional, a las 10:42 a. m. de este 14 de agosto, los aspectos que considera se deben coordinar con el Poder Ejecutivo, y si durante su gestión ha coordinado decisiones bancarias con el Gobierno, pero al cierre de este artículo las preguntas seguían en trámite.
Las aseveraciones del jerarca bancario se dan después de que el presidente Rodrigo Chaves pidió, durante la juramentación de la Junta Directiva temporal, el pasado 28 de mayo, examinar el crédito de una empresa en específico.
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“...todo el mundo cree que los bancos son autónomos y son una isla libre e independiente de la República de Costa Rica, del Gobierno, y lo cierto del caso es que la Asamblea de Accionistas de una entidad es el Gobierno, ¿quién es la Asamblea de Accionistas de un banco del Estado?, el Gobierno".
— Maximiliano Alvarado, presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional
¿Qué dice la ley?
El artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (1644) expone que los bancos estatales son instituciones autónomas de derecho público, con personería jurídica propia e independencia en materia de administración.
No obstante, se agrega que son entes sujetos a la ley en materia de gobierno y tienen que actuar en “estrecha colaboración” con el Poder Ejecutivo, coordinando sus esfuerzos y actividades. Sin embargo, la normativa es clara en que las decisiones sobre las funciones puestas bajo su competencia solo podrán proceder de sus respectivos órganos colegiados.
“De acuerdo con lo anterior, cada banco tendrá responsabilidad propia en la ejecución de sus funciones, lo cual impone a los miembros de la Junta Directiva la obligación de actuar conforme con su criterio en la dirección y administración del banco, dentro de las disposiciones de la Constitución, de las leyes y reglamentos pertinentes y de los principios de la técnica, así como la obligación de responder por su gestión, en forma total e ineludible”, añade el artículo 2 de la ley en mención.
Coordinación entre banca estatal y el Ejecutivo
La exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, consideró que la autonomía de un banco estatal es la que le permite gozar de una “independencia completa” en materia de decisiones propias del negocio, como formulación de presupuesto, nombramientos y políticas crediticias.
“En el momento en que esa autonomía se desdibuje, o se desdibuja, y se puede desdibujar de manera formal o informal. Yo diría informal cuando se trata de incidir a través de directores que se nombra, pero una vez que ellos entran en sus cargos ya no existe esa dependencia del Poder Ejecutivo. Evidentemente, salvo que después de un debido proceso, por las circunstancias legales del caso, usted los vaya a remover”, agregó Aguilar.
La exjerarca de la Sugef también explicó que, a su criterio, el límite de dicha independencia “tiene que ver con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo tenga interés en ciertos programas que impactan el desarrollo nacional, pero de ahí a decir que entonces eso lo voy a hacer porque le presto a A, a B, a C, a D, ahí se rompe el límite”.
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Por su parte, José Luis Arce, expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), señaló que, si bien el Poder Ejecutivo puede pedir a las empresas estatales —incluidos los bancos— apoyar políticas públicas u objetivos estratégicos, estas deben conservar independencia y autonomía para evitar intromisiones que no respondan a su mandato o comprometan su sostenibilidad, solvencia y metas institucionales.
“El tema no es que un banco estatal pueda o no aportar a la consecución de los objetivos públicos, pero esto no puede ser a costa de sus objetivos institucionales definidos en la ley o de su estabilidad financiera”, amplió.
Según el exjerarca del Consejo, que estas entidades tengan estructuras de gobierno corporativo robustas, independientes o autónomas pretende aislar a estas empresas públicas de los vaivenes o los cambios de gobernantes de turno.
Este diario, por su parte, también consultó a la Superintendencia General de Entidades Financieras, a través de un correo enviado a las 10:59 a. m., sobre los límites legales de la coordinación entre la banca estatal y el Ejecutivo para garantizar que no se traduzca, por ejemplo, en una injerencia política en la gestión bancaria, pero al cierre se mantenía sin respuesta.
El Banco Nacional es la entidad financiera más grande de Costa Rica. Según la Superintendencia, a junio pasado, la institución registró activos por ¢8,55 billones.
La Sugef tiene catalogado al Banco Nacional como una entidad de importancia sistémica, es decir, que en un eventual escenario de deterioro financiero o eventual insolvencia podría comprometer la estabilidad del sistema financiero costarricense en su conjunto.