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Más de 36.000 nuevos electores corren el riesgo de no poder votar en los comicios del 1.° de febrero de 2026, porque no han gestionado su cédula y estamos a días del cierre del padrón, el próximo martes 30 de setiembre. Si no realizan esta gestión a tiempo, quedarán fuera de su primera experiencia democrática y deberán esperar dos –o cuatro– años más para ejercer el derecho que la Constitución Política les reconoce.
El país no puede permitirse semejante exclusión, sobre todo en tiempos en que el abstencionismo y la desconfianza en las instituciones crecen a pasos acelerados.
El artículo 95, inciso 2, de nuestra Constitución establece con precisión la “obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio”. Esa es la norma suprema.
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Sin embargo, en la práctica, este principio se ha interpretado como un proceso que depende de la voluntad del ciudadano para gestionar su documento de identidad antes del cierre del padrón electoral. Así, jóvenes que cumplen 18 años en los cuatro meses previos a las elecciones quedan privados de participar si no se registran.
Como garante del derecho al sufragio, el TSE debe reflexionar sobre la necesidad de ajustar este procedimiento para hacerlo coherente con la Constitución. Hay instrumentos que permiten dar este paso, como la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM), emitida cuando estos cumplen 12 años, la cual contiene datos esenciales (fotografía, domicilio, filiación) que podrían usarse para inscribir automáticamente a todos los jóvenes que cumplan 18 años antes de la elección, aun si no han solicitado su cédula. Una modificación normativa o reglamentaria bastaría para garantizar que no se perderá el primer voto de una generación.
Se debe sopesar que la exclusión juvenil es enorme. En las elecciones presidenciales de 2022, más de 27.000 electores primerizos quedaron fuera del padrón. En 2018, fueron más de 25.000. Y en los comicios municipales de 2016, la cifra superó los 32.000. Los 36.000 que hasta ahora no están empadronados representan una cuarta parte de los 156.000 que podrán votar por primera vez en 2026 y la mayoría residen en cantones como San José, Cartago, Alajuela, Limón, Liberia, San Carlos, Heredia, Pérez Zeledón, Puntarenas, Pococí y Grecia.
Es necesario comprender que el primer voto sí importa. Es una experiencia formativa que consolida un hábito. Quienes votan cuando por primera vez tienen derecho a hacerlo tienden a hacerlo de nuevo; quienes pierden esa primera oportunidad suelen alejarse de la política y tardan en retomar el camino de la participación.
Basado en esto es que el TSE incentiva la celebración de elecciones infantiles de forma paralela a las nacionales, porque las concibe como un laboratorio de formación ciudadana. Pero eso no basta. Ese esfuerzo debe afianzarse con reformas que allanen el camino para que la juventud ejerza su derecho al voto fácilmente, con solo presentar la cédula. Esa es una vía no solo contra la exclusión, sino contra el creciente abstencionismo.
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En la primera ronda presidencial del 2022, un 40% de los electores no llegó a votar, y en la segunda, el ausentismo subió a 43%. A eso se suma que el abstencionismo entre votantes de 18 a 35 años rondó un preocupante 44%. Cuando casi la mitad de los ciudadanos habilitados para decidir sobre el rumbo del país elige no participar, se debilita la democracia y se abre la puerta a narrativas autoritarias o de desconfianza en el sistema.
Precisamente, el informe de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung sobre las actitudes políticas de la juventud reveló que el 49% de los jóvenes costarricenses prefiere un gobierno democrático frente a 40% que optan por uno autoritario. Esto refleja la inquietud de una generación que percibe instituciones y funcionarios ineficaces, burocráticos y hasta corruptos, incapaces de responder a sus necesidades de educación, empleo, seguridad y vivienda.
Si a ese desencanto se añade la exclusión del primer voto por trabas administrativas, la democracia pierde aún más legitimidad ante los ojos de quienes deberían renovarla.
Es cierto que el TSE realiza campañas para motivar a los jóvenes a solicitar su cédula, y esas acciones son valiosas. Sin embargo, si todavía faltan muchos miles por inscribirse, es porque el mensaje no ha calado o persiste el desconocimiento del trámite. De ahí la necesidad de medidas de fondo. Para el proceso de 2026, la fecha límite ya está encima y muchos jóvenes se quedarán sin votar, pero pensando en el futuro, el TSE y la Asamblea Legislativa deben impulsar reformas legales y reglamentarias que faciliten el empadronamiento juvenil.
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La democracia se mide no solo por la transparencia de sus procesos, sino también por la amplitud de su inclusión. Garantizar que cada joven pueda votar desde que alcanza la mayoría de edad es una obligación constitucional y una necesidad política. Seguir permitiendo que decenas de miles de nuevos electores queden fuera del proceso por no estar empadronados es un peligro para una democracia que necesita estimular al máximo el ejercicio del sufragio.
