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El país ha presenciado demasiadas confrontaciones entre los jerarcas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial como para contemplar otra más. Los reproches son más que conocidos, pero lo importante continúa en la oscuridad: el plan común para enfrentar la criminalidad, los recursos para ejecutarlo y los plazos para presentar resultados.
La convocatoria de la presidenta Laura Fernández a los jerarcas de los otros poderes para reunirse el viernes 21 de agosto podría ayudar a despejar esas incógnitas. Sin embargo, su decisión de transmitir el encuentro en vivo por las redes sociales de Casa Presidencial amenaza con convertir una necesaria sesión de trabajo en un espectáculo destinado a repartir culpas y obtener réditos políticos.
Delante de cámaras, los participantes no necesariamente se hablan entre sí: les hablan a sus audiencias. La transmisión incentiva discursos calculados y frases destinadas a circular en redes, pero dificulta reconocer errores, hacer concesiones y alcanzar acuerdos. Quien sea más dramático, agresivo o verborreico puede imponerse sobre quien llegue con argumentos, cifras y propuestas ajustadas a la Constitución y las leyes.
Tratándose de un encuentro entre dirigentes políticos y altos jueces, el riesgo es mayor. Una transmisión en vivo podría presionar a los representantes del Poder Judicial para emitir criterios sobre asuntos sometidos –o que podrían someterse– a conocimiento de los tribunales, incluidas causas contra altos funcionarios del Ejecutivo. La independencia de criterio de jueces y magistrados debe resguardarse de la presión de responder en directo.
El Poder Judicial debe, por tanto, evitar caer en una dinámica que puede terminar funcionando como una trampa política. Su responsabilidad no es ganar una discusión ante las cámaras, sino preservar su independencia y contribuir, dentro de sus competencias, a encontrar soluciones al problema de la inseguridad.
En su carta a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, Fernández justificó la transmisión por la importancia del tema y el “gran interés” ciudadano en mejorar la seguridad y el acceso a la justicia. La explicación sería creíble si formara parte de una política coherente de transparencia, pero no es así.
El 10 de agosto, Fernández decretó secreto de Estado sobre cualquier información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, el grupo Fuerza Élite y toda coordinación en materia de seguridad y defensa dirigida por la Presidencia. La reserva alcanza reuniones, acuerdos, presupuestos, ofertas, adjudicaciones y contratos.
Resulta incongruente invocar el derecho ciudadano a presenciar una deliberación entre poderes mientras se impide a los costarricenses escrutar las decisiones y los gastos del Ejecutivo.
Como la memoria suele ser frágil, conviene recordar que el 20 de noviembre de 2022, el entonces presidente y hoy doble ministro, Rodrigo Chaves, reconoció que se había equivocado al prometer en campaña la transmisión de las sesiones del Consejo de Gobierno. Defendió entonces la conveniencia de deliberar en privado para permitir una discusión “intensa, pero constructiva”. Su razonamiento tiene aún más peso para una reunión entre poderes independientes. Si el gabinete necesita reserva para disentir con franqueza, también la necesitan los jerarcas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial para hablar de seguridad sin convertir cada diferencia en una declaración para las cámaras.
El Poder Judicial debe tener especial cuidado. Participar en una transmisión concebida como espectáculo político podría terminar colocándolo en un terreno que no le corresponde. No debe caer en la trampa de confundir transparencia con exposición permanente, ni diálogo con debate público ante las cámaras.
Para que el encuentro sea constructivo, la reserva importa, pero también que sus condiciones estén claras de antemano por tratarse de jerarcas de poderes autónomos. Es indispensable que acuerden una agenda concreta para que los participantes lleguen con información técnica y propuestas serias. Sin embargo, la carta de convocatoria no contiene agenda. Bajo la fórmula general de “abordar los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad”, no identifica los problemas específicos por examinar ni los acuerdos que se pretende alcanzar. Una formulación tan amplia difícilmente permitirá obtener resultados en dos o tres horas.
Debe evitarse que la cita termine como la del 1.° de febrero del 2024, cuando Chaves convirtió un encuentro público con la contralora general, Marta Acosta, en una tribuna para alimentar la confrontación antes que las soluciones. La experiencia demostró que una transmisión en vivo no garantiza transparencia ni resultados y puede usarse para presentar el cumplimiento de la ley como un obstáculo impuesto por quienes tienen la obligación de hacerla respetar.
El encuentro solo debería celebrarse si hay una deliberación reservada, una agenda acordada, información técnica suficiente, exclusión de casos judiciales concretos y acuerdos públicos y por escrito.
Transparencia no significa televisar cada palabra, sino informar qué se acordó, quién debe cumplirlo, en qué plazo y, sobre todo, con cuáles recursos. Porque la seguridad solo mejorará cuando el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público reciban suficiente presupuesto del Ejecutivo para investigar; cuando los tribunales resuelvan oportunamente, la Asamblea Legislativa apruebe las leyes necesarias y el Poder Ejecutivo cumpla el mandato establecido en el artículo 140 de la Constitución: mantener el orden y la tranquilidad de la nación.
