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El Ministerio de Hacienda liberó ¢3.053 millones que había retenido al Poder Judicial. Los recursos fueron girados después de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, presentara un recurso de revocatoria el 28 de julio ante el ministerio.
En el recurso, Aguirre argumentó que disposiciones de la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional habían impuesto un tope del 90% a las cuotas de gasto del tercer y cuarto trimestre del ejercicio económico 2026, lo que representaba una retención del 10% para los recursos operativos del Poder Judicial.
El Poder Judicial comunicó que, ahora, se liberaron dos montos de ¢1.526 millones cada uno, correspondientes al tercer y cuarto trimestre.
La liberación correspondiente al tercer trimestre fue comunicada el jueves 6 de agosto, mediante oficio MH-DGPN-UAPP-OF-0012-2026. Mientras que la del IV, fue dada a conocer por el director de Presupuesto Nacional 11 de agosto.
‘No son recursos adicionales’
El Poder Judicial aclaró que los recursos “no constituyen recursos adicionales, un aumento presupuestario ni una nueva asignación de fondos”.
“Se trata de recursos que ya habían sido aprobados, incorporados, programados y comprometidos dentro del presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio económico 2026″, indicó la Corte en un comunicado emitido la mañana de este lunes.
Los ¢3.053 millones tampoco tienen relación con los ¢13.220 millones que la Corte Plena acordó ceder el pasado 27 de junio. Ese segundo monto se mantiene y corresponde a una decisión distinta.
Recurso de revocatoria e impacto
El recurso de revocatoria presentado por Aguirre el pasado 28 de julio calificó de “inconstitucional y de desviación de poder” la decisión de Hacienda de retener esos montos.
Sostenía que Hacienda no poseía la competencia constitucional ni legal para alterar mediante simples circulares administrativas la Ley de Presupuesto aprobada por la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el documento, cualquier modificación o recorte al presupuesto aprobado exige tramitar un presupuesto extraordinario en el Congreso, respetando la consulta preceptiva a la Corte Plena y la aprobación por mayoría calificada de 38 votos.
“Los actos cuestionados presentan un vicio de nulidad absoluta con efectos continuados por carecer ese órgano de competencia para modificar por simple oficio administrativo una Ley en sentido material (...). Hacienda utiliza la programación financiera y cuotas para subvertir y recortar de facto lo que el ordenamiento jurídico y la Asamblea Legislativa permitieron”, argumenta el recurso.
El Poder Judicial había advertido de que este recorte habría implicado reprogramar compras y planes de trabajo en todas las áreas, tanto del Organismo de Investigación (OIJ) como del Ministerio Público y la Defensa Pública.
Por ejemplo, la Dirección General del OIJ determinó que el 91,81% de los recursos recortados afectaba rubros de criticidad alta y crítica.
Esa limitación comprometía la disponibilidad de combustible, los viáticos, los repuestos y el mantenimiento de la flotilla vehicular, elementos esenciales para atender eventos imprevistos, levantamientos de cadáveres, peritajes forenses y operativos policiales de gran escala.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva comunicó el riesgo inminente de que se reprogramaran o suspendieran juicios y audiencias debido a la escasez de fondos para transporte de juzgadores y contrataciones especializadas, además de que condicionaba l contratación de peritajes, estudios antropológicos y traductores, necesarios para garantizar la atención de poblaciones vulnerables e indígenas.
