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La construcción de una pista clandestina para el aparente uso de avionetas del narcotráfico en pleno Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur, representa el colmo de la desprotección ambiental y jurídica. Era lo último que podía suceder en ese santuario de biodiversidad.
La tala de bosque, el relleno del humedal y la transformación de un área protegida en campo para operaciones ilícitas atentan contra la legalidad, el ambiente y la seguridad nacional.
¿Cómo llegamos a este extremo? Las respuestas están en la mínima presencia del Estado, con una vigilancia ambiental y policial débil y errática, y en una municipalidad como la de Talamanca, que opera con escasos controles en un cantón con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) muy bajo. A esa fragilidad se añadió la decisión del Ministerio de Seguridad Pública de retirar, en mayo del 2023, el puesto del Guardacostas en Sixaola, en la frontera con Panamá, pese a ser reconocida como “zona caliente” del narcotráfico por las facilidades que ofrece para que lanchas penetren desde el Caribe hasta la desembocadura del navegable y extenso río Sixaola.
La construcción de la pista, paradójicamente, tuvo “pista libre” porque la finca donde está ni siquiera cuenta con folio real ni plano inscrito en el Registro Nacional. Esa irregularidad es la evidencia de un vacío legal y un abandono que facilita la apropiación de territorios estratégicos por parte de grupos criminales. Lamentablemente, el Refugio de Vida Silvestre, de propiedad mixta y limitaciones de uso de suelo, está expuesto al azar y a una peligrosa desprotección que lo pone a la orden del narcotráfico.
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Este episodio es la culminación de una larga cadena de irregularidades en un paraíso natural donde la Fiscalía investiga permisos presuntamente ilegales para la tala de árboles y posibles delitos como el cambio de uso de suelo y la invasión de la zona marítimo-terrestre. Por si fuera poco, el gobierno aún incumple un fallo de la Sala Constitucional, dictado en 2019, que ordenó al Ministerio de Ambiente delimitar y reincorporar 188 hectáreas de bosques del Refugio indebidamente cedidos a manos privadas mediante una ley del 2014, declarada inconstitucional. Desobedecer esa sentencia es una afrenta al principio de supremacía constitucional y al deber del Estado de proteger el patrimonio natural.
Con la pista, el daño ya está hecho y es posiblemente irreversible. La Nación confirmó la magnitud del desastre ambiental el 31 de julio anterior, en una visita a este recóndito lugar, en la zona conocida como Bonifé, cerca del mar y colindante con la desembocadura del río Sixaola.
Para habilitar el campo de 500 metros de largo y cinco de ancho, se taló bosque maduro y secundario, se drenó un humedal de yolillal y se abrieron canales para desviar las aguas. Dichosamente, en este caso, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) habían presentado la denuncia desde abril del 2022, y la Fiscalía Agraria Ambiental de Limón investiga a 20 personas.
El día en que un equipo de este diario recorría Bonifé en un vehículo y ponía un dron a volar para captar imágenes de la pista, un hombre y una mujer en motocicleta –él armado con machete– los siguieron y fotografiaron. Ese acto evidencia que, aunque no exista un propietario legal del terreno, sí hay alguien con un interés concreto en vigilar, dominar e intimidar. Si periodistas que cumplen con su deber de informar son hostigados de esa manera, ¿qué pueden esperar los vecinos que intenten denunciar?
Se trata de la misma región donde la Administración de Control de Drogas (DEA) reveló que el extraditable Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, requerido por Estados Unidos, habría adquirido una propiedad destinada a habilitar una pista clandestina para recibir “aviones cargados de cocaína”. No hacen falta más alertas para reconocer que el narcotráfico utiliza parques nacionales y áreas protegidas, aprovechando la escasa vigilancia policial. Así lo documentó la agencia Reuters en agosto del 2012, al resumir varios casos; lo reiteró The New York Times en setiembre de 2024, en el reportaje “Cómo un paraíso turístico se convirtió en un imán para el narcotráfico” y lo confirma la pista en Gandoca-Manzanillo.
Lo ocurrido allí debe consternarnos a todos. No debemos aceptar que nuestros parques nacionales y áreas protegidas se transformen en corredores o bodegas de traficantes, ni que se consolide la “narcodeforestación”.
El daño ya sobrepasa todos los límites. El narcotráfico no solo devasta bosques, humedales y el patrimonio natural que sostiene nuestra identidad como nación, sino que también desata una ola de homicidios, restringe libertades en calles y barrios, arrastra a miles de ciudadanos a la adicción, ahuyenta a turistas y erosiona la economía y el empleo.
Desde todo punto de vista, esta invasión narco debe ser enfrentada con estrategia y eficacia, y sin más dilaciones. El gobierno del presidente Rodrigo Chaves tiene la obligación constitucional y moral de dejar atrás las excusas y actuar ya.
