La Fiscalía Ambiental sospecha que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ignoró la presencia de un estero en una de las dos fincas del empresario Allan Pacheco Dent, en Gandoca-Manzanillo, Talamanca, cuando le otorgó un permiso de tala aparentemente ilegal.
Incluso, el cuerpo de agua fue borrado en un mapa que jerarcas del Sinac y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) mostraron en la Asamblea Legislativa para justificar el permiso de aprovechamiento forestal otorgado a Pacheco Dent, en abril del 2024.
Para el Ministerio Público, la presencia del estero, el cual constituye zona pública, obligaba a demarcar un área de protección aledaña en la cual estaría prohibida la corta de árboles, según la Ley Forestal.
Al existir una zona pública de protección por el estero, se reduce el área de tala y, consecuentemente, el número de árboles que se podían haber cortado. Así lo explicó el coordinador de la Fiscalía Adjunta Ambiental, Luis Diego Hernández Araya, en un documento que consta en el expediente N.° 24-000003-1851-PE, mediante el que se investiga este aparente permiso irregular.
Múltiples registros
La delimitación del estero y sus eventuales consecuencias no aparecen en el expediente del Sinac, pese a que el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), del Instituto Geográfico Nacional (IGN), registra cómo dicho cuerpo de agua desemboca en el mar.
Además, el estero consta en el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico de la Dirección de Aguas del Minae, donde se le describe como “un cauce de dominio público de caudal permanente”.
Aunado a ello, cuando la finca se inscribió ante el Registro Nacional (N.° 7-48141), en abril de 1991, en el plano consta el estero conocido como Med Creek y la respectiva demarcación de la “zona protección del río”.
Y, más recientemente, en mayo del 2024, la Oficina regional en Guápiles de la Dirección de Aguas del Minae realizó una inspección y confirmó la presencia de “un cauce con flujo de sur a norte” en esa zona. Esa visita se realizó a solicitud del Ministerio Público y consta en el oficio N.° DA-UHCAROG-0294-2024.
La Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR) corroboró también, a solicitud de la Fiscalía, que el estero “sufre la acción humana”, mediante la invasión de la zona de protección y la modificación del drenaje por canales artificiales, de acuerdo con una publicación del Semanario Universidad.
La Nación les consultó a los jerarcas del Minae y del Sinac sobre la presencia del cuerpo de agua y los múltiples registros sobre este. A través de la oficina de prensa, respondieron: “No haremos referencia a pruebas que corresponden a un expediente judicial penal en investigación”.
Regente no citó cuerpo de agua
Según la Fiscalía, como representante legal de la firma Playa Manzanillo S. A., Allan Pacheco Dent obtuvo un permiso del Sinac para cortar 29 árboles –aunque, en un principio, pidió autorización para talar 94– en dos fincas contiguas, con el objetivo de construir un camino de 1,2 kilómetros de largo y 14 metros de ancho. Así consta en el expediente judicial del caso.
El empresario tramitó el permiso el 21 de noviembre del 2023 y, como parte de los requisitos, aportó un informe con el “inventario de árboles para descuaje de camino público”, elaborado por la regenta ambiental Marlen Camacho Calvo.
Allí, ella no mencionó el estero y tampoco lo consignó en el mapa de las propiedades. Por el contrario, cuando describió los límites de las fincas, lo hizo de la siguiente manera: “Limita al norte con la zona marítimo-terrestre (playa); al sur, con la carretera nacional 256; al este, mayoritariamente con potreros, y al oeste, con bosques”.
Tampoco citó la presencia de un área por aprovechar con “limitaciones topográficas o hidrológicas”.
Luego, el 16 de enero del 2024, Alexis Salas, del Área de Conservación La Amistad Caribe, del Sinac, detectó una serie de inconsistencias en el documento emitido por Camacho.
Entre otras cosas, señaló que no se indicaba “el área de protección del cuerpo de agua que limita con la propiedad al extremo noroeste” y que, en el mapa aportado, no aparecía “la representación” de ese cuerpo de agua, su área de protección ni los colindantes.
Un mes y 10 días después, el 26 de febrero de ese año, la regente atendió las interrogantes de Salas, reconociendo la existencia de un cuerpo de agua. A la vez, negó que se hubiese realizado alguna tala en zona protegida y adjuntó un croquis con los árboles que se iban a talar.
En ese croquis, se visualiza, según ella detalló, “la quebrada que recorre el lindero oeste, su zona de protección, así como sus colindantes”.
Ella envió una imagen de Google Earth donde solo aparece una línea azul, resaltada con otra en blanco, donde supuestamente se detallan los límites con el espero y el área de protección. El Sinac se dio por satisfecho.
Para la Fiscalía Ambiental, ese tema no se trató como era debido, pues considera que no se eliminó la zona pública de protección por el estero del cálculo para determinar el número de árboles a talar por hectárea.
“La imputada Camacho Calvo había reconocido únicamente la existencia de 5,2 hectáreas de potrero en la finca de interés, a los cuales debía disminuirse el área de protección del cuerpo de agua que bordea dicha finca. Por ende, según lo dispuesto en los numerales 5, inciso b, y 11, ambos del decreto 38863-MINAE-2014, la cantidad máxima de árboles que podrían aprovecharse era 15, a razón de tres árboles por hectárea (utilizando como base las 5 hectáreas, pese a que se sabe que eran menos por el área de protección del cuerpo de agua).
“No obstante, debido al cambio introducido por la imputada Camacho Calvo en su segundo documento, donde, como se indicó, desapareció siete hectáreas de bosque y las convirtió en terreno de pastizal, es que la cantidad de árboles aprovechables aumentó en nueve, en relación a esa finca”, detalló el fiscal Hernández.
Comparecencia de directora del Sinac
El 25 de junio del 2024, Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad Caribe, del Sinac, presentó ante los diputados de la Comisión de Ambiente del Congreso, un mapa con los permisos de tala otorgados a Pacheco Dent, donde tampoco se visualizaba el estero.
“En esta imagen lo que quisimos fue acercar un poquito más el área de la zona marítimo-terrestre, donde claramente se muestra que no hubo ningún tipo de corta como parte de ese aprovechamiento. Y esto es lo que traíamos con respecto a las aclaraciones”, afirmó Mora Arias durante su exposición, en compañía de Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía.
Este diario le consultó por esta omisión y, a través de la oficina de prensa del Minae, respondió: “La audiencia legislativa era sobre la ejecución del voto 12745-2019, relacionado a la Ley 9223, y no sobre análisis de humedales. El mapa mostrado como referencia sobre el tema en discusión indica en su título claramente que es ‘zona terrestre de mínima intervención’. No hace referencia a la zona marítimo-terrestre”.
Los inmuebles del empresario Pacheco Dent fueron catalogados, antes de la emisión de los permisos de tala, como bienes demaniales que debían reintegrarse al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Así lo consignan los oficios DAA-OFI-370-2022, enviados por la Procuraduría General de la República al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el 7 de marzo del 2022, y los documentos SINAC-IRT-015-2021 y SINAC-SE-IRT-211-2020 del Sinac, citados por la propia Procuraduría.
La Procuraduría solicitó al Instituto recuperar las fincas, en manos de particulares, que fueron excluidas del Refugio en el 2014, mediante una ley que la Sala IV dejó parcialmente sin efecto en julio del 2019.
En su resolución, los magistrados ordenaron redefinir los límites de la zona y reincorporar las propiedades boscosas al patrimonio natural del Estado.
‘Mágicamente desapareció en el mapa’
Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Sinac no verificara los sistemas de referencia geográfica oficiales que evidenciaban la presencia del estero en la finca del empresario.
“Los técnicos ni siquiera revisaron eso antes de emitir los permisos de tala. Cuando uno compara dónde se otorgaron los permisos y dónde está el estero, que mágicamente desapareció en el mapa mostrado a la Comisión, se confirma que las autorizaciones se dieron en una zona de protección donde los árboles nunca debieron ser tocados”, aseveró.
Cinco investigados
Al parecer, Pacheco Dent pretendía donar el camino a la Municipalidad de Talamanca para posteriormente urbanizar la zona. En conjunto, esos dos terrenos miden 15,44 hectáreas y la mayoría de los árboles cortados se ubicaban en la primera, la que colinda con el estero.
La Fiscalía investiga a Pacheco Dent y otras cuatro personas: la regenta forestal de apellidos Camacho Calvo; dos funcionarios del Sinac, apellidados Campbel Lindo y Salas Rojas; y la administradora del Refugio, de apellidos Cruz Torres.
El expediente se abrió por los presuntos delitos de falsedad ideológica, prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de territorio de bosque, apertura de trocha en terrenos con bosque y drenaje de humedal.
Protección internacional
Todo el Refugio está declarado área de importancia ecológica o biológica, según el Convenio sobre Diversidad Biológica, un tratado internacional jurídicamente vinculante que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Costa Rica lo ratificó casi un año después, el 24 de noviembre de 1994.
El área de Cahuita y Gandoca-Manzanillo cumplen con los criterios de EBSA, según el Convenio, dada su importancia regional para la anidación de especies de tortugas marinas en peligro de extinción.
Por otra parte, desde 1995, el Refugio Gandoca-Manzanillo es un sitio protegido por la Convención sobre Humedales Ramsar y, desde entonces, su delimitación no ha variado. Así se puede observar incluso en el mapa de la zona que la convención tiene colgado en su sitio web.
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