La Sala IV tramita una gestión de incumplimiento contra el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) por supuestamente no cumplir una orden del tribunal constitucional relacionada con la delimitación y protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca, Limón.
La orden de la Sala IV se encuentra en la sentencia 12745-2019 del 10 de julio del 2019, que declaró inconstitucional la Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (N.º 9223 del 2014) en relación con 188 hectáreas de cobertura boscosa.
La ley desafectó bosques del Refugio, cambiando su condición de bien de dominio público. Por ello, se ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), adscrito al Minae, delimitar nuevamente los linderos del Refugio y prohibir futuras desafectaciones en ese territorio. El caso se tramitó bajo el expediente 14-019174-0007-CO.
La semana pasada, la Sala IV trasladó el caso a Franz Tattenbach Capra, jerarca del Minae, y a Osvaldo Artavia Carballo, presidente del Inder, para que presenten pruebas y se refieran a los hechos y presuntas omisiones relacionadas con esa orden de delimitación y preservación del Refugio.
La gestión de incumplimiento fue presentada por Carol Ingrids Meeds, ecologista, y Marco Levi Virgo, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, quien interpuso la acción de inconstitucionalidad en el 2014 contra la Ley N.º 9223.
Ellos afirman que, antes del fallo constitucional del 2019, el Sinac emitió la resolución 11-2017 SINAC-ACLAC-PNE-C011-2017 del 30 de junio del 2017, en la cual se certificó la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) a lo largo de toda la zona marítimo-terrestre (ZMT) en la costa del cantón de Talamanca.
Según ellos, este documento trasladó inconstitucionalmente PNE en la ZMT a un plan regulador costero de la Municipalidad de Talamanca, incluyendo áreas del Refugio (según la sentencia del 2019) que quedaron así expuestas a fraccionamiento y desarrollo inmobiliario.
Para los accionantes, esto dejó sin efecto la resolución de la Sala IV del 2019, permitiendo que la Municipalidad autorice desarrollos urbanísticos sobre PNE de Gandoca-Manzanillo. Por ello, solicitan que se declare el incumplimiento de la resolución 12745-2019 y se suspenda la resolución 11-2017 SINAC-ACLAC-PNE-C011-2017.
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Sinac e Inder incumplen, dice Procuraduría
El procurador general, Iván Vincenti Rojas, alertó en el expediente 14-019174-0007-CO de que el Sinac lleva cinco años sin cumplir la orden de delimitar el Refugio, impidiendo la reincorporación de hectáreas de bosque cedidas a terceros.
En una nota del 4 de julio, titulada “gestión de incumplimiento”, Vincenti Rojas evidenció que la inacción del Sinac pone en peligro el patrimonio natural del Estado y genera incertidumbre sobre el uso adecuado de esos terrenos.
El procurador informó de que, pese a la falta de delimitación del Refugio, la Procuraduría remitió en marzo del 2022 al Inder los oficios DAA-OFI-370-2022 y DAA-OFI-376-2022, con un listado de 137 inmuebles inscritos e identificados por el Sinac en áreas de bosque que debían volver al Refugio según la sentencia 12745-2019.
Estos inmuebles se segregaron de la finca 39.050 del Partido de Limón y fueron traspasados a particulares por el Instituto después de la creación del Refugio.
El objetivo de esos oficios era que el Instituto procediera con la respectiva declaratoria de lesividad de los actos administrativos dictados por el propio Inder, agregó Vincenti Rojas.
El procurador general indicó que el Inder tiene la competencia de plantear acciones administrativas o judiciales para recuperar los bienes inmuebles apropiados ilegalmente y tiene la obligación de hacerlo conforme al artículo 50 de la Constitución.
El Inder, a través de su oficina de prensa, reconoció a este diario a finales de junio que, en un año y un mes, no se registró ninguna actuación de cumplimiento sobre los oficios DAA-OFI-370-2022 y DAA-OFI-376-2022 de la Procuraduría.
Fue el 14 de abril del 2023, un mes y medio después de que asumió el actual presidente ejecutivo, Osvaldo Artavia Carballo, que la Dirección de Asuntos Jurídicos instruyó a la oficina de la entidad a cargo de la Región de Desarrollo Huetar Caribe para realizar “todas las gestiones necesarias”.
Sin embargo, el Instituto reconoció que el avance hasta ahora “es muy poco”. A la fecha, la Junta Directiva no ha declarado ninguna de las adjudicaciones y sus respectivas titulaciones de tierras como actos lesivos al interés público.
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Actuación del Ministerio Público en caso Gandoca-Manzanillo
El 21 de mayo anterior, el Ministerio Público allanó la Municipalidad de Talamanca por presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos del Sinac para la extracción de madera. Ese día, se detalló que se investigaban los delitos de cambio de uso de suelo, invasión de la ZMT y otros.
La investigación se centra en una finca de la empresa Playa Manzanillo S.A., representada por el empresario Allan Pacheco Dent, localizada dentro de las 188 hectáreas de bosque cedidas a terceras personas mediante Ley N.º 9223 del 2014.
Tres días después, el 24 de mayo, este diario reveló que la autorización de tala contempló donarle caminos a la Municipalidad de Talamanca y que, por esa razón, se allanó el ayuntamiento.
Playa Manzanillo S.A. obtuvo el permiso, aunque 20% de la finca en cuestión está dentro de la ZMT en la sección que es inalienable. A raíz de esto, la Fiscalía sospecha de “una serie de irregularidades para la emisión de permisos de aprovechamiento forestal”.
Semanas después, el 16 de julio, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción detuvieron a cinco personas sospechosas de los delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso en relación con permisos de tala en terrenos del Refugio Gandoca-Manzanillo.
Los detenidos incluyeron a Pacheco Dent, dos funcionarios de Sinac (uno de apellidos Campbell Lindo y el otro, Salas Rodríguez), una mujer apellidada Camacho Calvo, quien labora como regente forestal y la administradora del Refugio Gandoca-Manzanillo, de apellidos Cruz Torres.
Línea de tiempo
Marzo 2014. Entra a regir la Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (N.° 9223), la cual redefinió los límites del Refugio Gandoca-Manzanillo para reconocer derechos a terceros que habitaban la zona. La ley la impulsaron los entonces diputados Wálter Céspedes y Manuel Hernández, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Movimiento Libertario. Actualmente, son los alcaldes de Matina y Pococí, respectivamente.
Diciembre 2014. Marco Levi Virgo, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley N.º 9223. Alegó que la norma reducía parte de una zona protegida del Refugio para reconocer derechos a una comunidad sin que se presente el requisito constitucional de compensación del área suprimida, lo cual es contrario al principio precautorio y de no regresión en materia ambiental.
Julio 2019. La Sala IV declara parcialmente inconstitucional la ley N.º 9223 en su fallo 2019-012745, porque desafectó sin la fundamentación debida 188 hectáreas de territorios comprendidos en la zona boscosa del Refugio y ordenó recuperarlos, de manera que quedaran otra vez dentro de sus límites.
Marzo 2022. Sin que todavía se hubiese cumplido la orden del fallo 2019-012745, la Procuraduría General de la República remitió a las autoridades del Inder una lista de 137 fincas colmadas de árboles con la instrucción de entablar los respectivos procesos de lesividad de los actos administrativos ante el Tribunal Contencioso Administrativo en cumplimiento de la resolución de la Sala Constitucional.
Julio 2024. Sala Constitucional tramita gestión de incumplimiento interpuesta por Marco Levi Virgo y la ecologista Carol Ingrids Meeds por presuntas omisiones del Minae e Inder en el cumplimiento de la resolución 2019-012745.