EscucharLa Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental confirmó la detención, la mañana de este martes, del empresario Allan Pacheco Dent, representante legal de la firma Playa Manzanillo S. A., como uno de los tres sospechosos en el caso donde se investiga “una serie de irregularidades” en el otorgamiento de permisos por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para la tala de árboles en terrenos que pertenecen al Refugio Gandoca-Manzanillo.
El Ministerio Público presume que los hechos habrían ocurrido en una finca inscrita a nombre de esta sociedad anónima en Talamanca, en el Caribe Sur, con el objetivo de “cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales”, para posteriormente “desarrollar una infraestructura urbanística”.
A mediados de mayo, cuando los habitantes de Talamanca denunciaron la tala y extracción de árboles en la zona, el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, alegaron que los permisos de aprovechamiento forestal en la zona estaban en orden.
La finca en cuestión es una de las 137 propiedades que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) entregó a manos privadas mediante una ley del 2014, que la Sala IV declaró inconstitucional en julio del 2019- De hecho, los magistrados ordenaron devolverlas al patrimonio del Estado, sin que esa orden haya sido acatada todavía.
Se trata de un terreno de 122.388 metros cuadrados, que tiene un 20% de superficie dentro de Zona Marítima Terrestre (ZMT) —un área inalienable—, según un estudio del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
La Nación consultó esta mañana al abogado de Pacheco Dent, Roberto Soto Vega, sobre la detención e investigación. Sin embargo, dijo que se hallaba atendiendo otras gestiones y que el caso lo estaba manejando otro colega. “De momento no podría darle información”, precisó.
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Según la Fiscalía Adjunta Ambiental, en la finca de Playa Manzanillo S. A. se autorizaron permisos para cortar 122 árboles de especies como garrocha (Tecoma stans), indio desnudo (Bursera simaruba), jabillo (Hura crepitans), poró (Erythrina poeppigiana), laurel (Laurus nobilis), sangrillo (Pterocarpus hayesii) y yos (Sapium glandulosum).
El permiso se extendió mediante dos figuras: un certificado de origen y un permiso para aprovechamiento forestal en terrenos de uso agropecuario sin bosque. El Ministerio Público, sin embargo, sospecha que esa propiedad en realidad tenía cobertura boscosa y no procedía la corta de los árboles bajo las autorizaciones extendidas.
Un permiso –del cual tiene copia este diario– lo emitió el Sinac el 12 de abril anterior. La autorización tiene la firma del funcionario de apellidos Campbell Lindo (otro de los detenidos) para corta y aprovechamiento forestal “en terrenos de uso agropecuario sin bosque”.
El 31 de mayo del 2023, el gobierno nombró a Pacheco Dent como representante propietario del sector privado en la Comisión Fílmica Nacional, entidad que procura alianzas entre el sector público y el privado para producciones cinematográficas y audiovisuales. Su nombramiento se divulgó en el diario oficial La Gaceta N.° 96.
‘No vamos a destruir el tesoro de la costa de Limón’
El 15 de mayo, el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, se refirió a una denuncia sobre la circulación de camiones con tucas de madera en el cantón de Talamanca. El jerarca negó que en terrenos del Refugio se estuvieran otorgando permisos para la tala de árboles, de manera ilegal.
Para sustentar su argumento, leyó un documento del Sinac, según el cual “el aprovechamiento denunciado en el área de Manzanillo se encuentra debidamente inscrito ante la oficina subregional de Limón-Talamanca”, bajo los expedientes ACO3IF0012623 y ACAC0300262024.
Insistió en que se trataba de proyectos de aprovechamiento forestal en áreas agropecuarias, tipificados por la Ley Forestal, y ubicados fuera del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo y de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), además de que no afectaban fuentes de agua.
Ese mismo día, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, argumentó: “Nosotros no vamos a destruir el tesoro nacional de esa costa sur de la provincia de Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna y que el ser humano, el costarricense, no tenga la oportunidad de generar prosperidad con esto”.
Así se refirió a raíz de una consulta sobre la orden que la Sala Constitucional giró al Sinac para que certifique el patrimonio natural de la zona marítimo terrestre de Talamanca, a fin de que quede protegido dentro del plan regulador costero del cantón.
Chaves alegó que hay personas que pondrán recursos legales “a cuanta cosa huela a desarrollo en esa zona”.
“¿Qué es el balance correcto? Hay gente extrema que dice ‘hay que ir a construir hoteles enormes de cinco estrellas’, no señor; ‘ah no, hay que dejárselo a los monitos, no señor’. Es el balance de la sostenibilidad”, dijo el mandatario.
Cinco días después, el 20 de mayo, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental allanó las oficinas de la Municipalidad de Talamanca para recabar pruebas de la posible comisión de varios delitos, como cambio de uso de suelo e invasión a la ZMT.
En declaraciones a La Nación, el 5 de junio, el fiscal ambiental, Luis Diego Hernández Araya criticó la inacción del gobierno: “Estamos viendo cómo 188 hectáreas de humedales y bosques desaparecerán por arte de magia y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) parece que no lo comprende”.
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Cinco delitos bajo investigación del Ministerio Público
Por este caso, el cual se tramita bajo el expediente N.° 24-00003-0611-PE, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) indagan los aparentes delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
Además de Pacheco Dent, fue detenido un funcionario del Sinac, de apellidos Campbell Lindo, quien labora en la Oficina Subregional Limón Talamanca en el Área de Conservación La Amistad Caribe, así como la administradora del Refugio Gandoca-Manzanillo, apellidada Cruz Torres.
“Los detenidos se encuentran a las órdenes del Ministerio Público, donde se les tomará la declaración indagatoria y, posteriormente, se valorará lo correspondiente a la eventual solicitud de medidas cautelares”, declaró la oficina de prensa de esta entidad.
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), ente rector del Sinac, indicó que tras los allanamientos, se pusieron “a las órdenes de las autoridades para lo que requieran”.
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