El 87% de las fincas con bosque que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) debe recuperar, porque forman parte del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca de Limón, está en manos de personas jurídicas o extranjeras.
De la lista de 137 propiedades que la Procuraduría General de la República (PGR) encomendó al Inder devolver al patrimonio del Estado, 102 pertenecen a sociedades anónimas (S. A.) o de responsabilidad limitada (SRL), mientras que otras 17 a foráneos. Solo las restantes 18 pertenecen a nacionales.
Entre los extranjeros dueños de propiedades, hay españoles, estadounidenses, suizos, brasileños, franceses y argentinos.
La mitad de las fincas (75) cambió de dueños en los últimos cinco años, cuando ya una resolución de la Sala Constitucional había ordenado la recuperación de los bosques del Refugio. Además, tres de los terrenos se dividieron en varias propiedades, mientras otros dos se unieron en uno solo.
Así lo constató La Nación al comparar la lista enviada por la Procuraduría al Inder con la información correspondiente a esas tierras en el Registro Nacional.
Estas zonas boscosas pasaron a manos privadas gracias a una ley aprobada en el 2014 para reconocer derechos a los habitantes del Caribe sur (ley 9223).
Sin embargo, en el 2019, la Sala IV la declaró inconstitucional parcialmente por desafectar bosques del Refugio que nunca debieron salir de la administración estatal.
Desde hace más de dos años, el 7 de marzo del 2022, la Procuraduría ordenó al Inder recuperar las propiedades. A la fecha, el Instituto no ha emprendido ninguna acción legal para cumplir con esa orden.
La entidad alega falta de personal y dificultades para recolectar la información necesaria, a fin de entablar los respectivos procesos de lesividad de los actos administrativos ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
La tarea se le encomendó al Instituto porque es el propietario de la finca madre (N.° 7-39050) que se segregó en decenas de propiedades con motivo de la ley del 2014.
Los magistrados también encomendaron la labor de recuperación al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y a la Procuraduría, en su condición de abogado del Estado.
Posteriormente, la PGR, con ayuda del Sinac, facilitó al Inder el listado con las propiedades.
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Detalle de los terrenos por recuperar
Las 137 propiedades que tienen algún porcentaje de bosque, están dentro de la Zona Marítimo-Terrestre, o bien, poseen humedales, los cuales están bajo el estatus de protección inalienable, es decir, que le pertenecen al Estado y no se pueden vender ni donar.
Si bien en un principio se contemplaba que eran 180 hectáreas con cobertura boscosa que debían volver al refugio, lo cierto es que a muchos de esos terrenos se les cambió su uso de suelo y ahora, se presume que ahí hay, al menos, 64 hectáreas colmadas de árboles.
El Inder reconoce que muchas de esas fincas “ya no pertenecen al propietario original y ahora están a nombre de sociedades y otros particulares”.
La entidad insistió en que esa situación complica aún más su recuperación porque requiere de “un trabajo de localización de dichos propietarios originales, siempre y cuando estén con vida”.
Este diario detectó que, incluso, varias personas (jurídicas o físicas) poseen más de una propiedad en esa zona.
Por ejemplo, hay una SRL que tiene 19 fincas que, en conjunto, suman 3,2 hectáreas y, además, aparece como acreedor de otras tres. Todas las adquirió en el primer semestre del 2022, o sea, tres años después del fallo de la Sala IV.
Otra sociedad anónima posee, desde el 2017, siete fincas y hay otra sociedad de responsabilidad limitada que segregó una finca de 8.792 metros cuadrados en diez partes en agosto del 2021, por citar algunos casos.
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Propietarios recientes
El 55% de las 137 propiedades (75) se inscribieron en los últimos cinco años, después de la sentencia de la Sala Constitucional. La mayoría de ellas, 42, en el 2022, de acuerdo con el Registro Nacional.
Solo una de esas fincas tiene una advertencia registral, la cual se inscribió en el Registro Inmobiliario el pasado 30 de mayo, luego de que Ariel Robles, diputado del Frente Amplio (FA), preguntó por qué no se había abierto un expediente, si ya existía un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) donde se alertaba de que un 20% de esa propiedad está en Zona Marítimo-Terrestre.
Se trata del terreno donde la Fiscalía Adjunta Ambiental presume que el Sinac otorgó ilegalmente a la empresa Playa Manzanillo S. A. dos permisos para talar árboles.
La investigación de esos permisos motivó el allanamiento de la Municipalidad de Talamanca el 21 de mayo anterior. En una de esas autorizaciones, se decía que la compañía iba a donar caminos a ese ayuntamiento, a pesar de que pasaban por Zona Marítimo-Terrestre.
En ese punto por delimitar, el Ministerio Público indaga un presunto tráfico de tierras, al tiempo que investiga al Inder por no haber recuperado esos terrenos.
Luis Diego Hernández Araya, coordinador de la Fiscalía Ambiental, presume que funcionarios del Sinac “estarían incumpliendo gravemente con sus deberes legales”, al seguir otorgando permisos de aprovechamiento forestal en contra del fallo de la Sala IV.