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La pregunta a cuatro candidatos presidenciales sobre si matricularían a sus hijos en la escuela pública donde votarán este 1.° de febrero expuso una realidad que la mayoría de los costarricenses conocemos bien. Cuando los ingresos del hogar son insuficientes o inestables, la educación pública suele ser la única opción. Cuando el dinero alcanza, la educación privada se percibe como una alternativa preferible.
En las respuestas de Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos y Ariel Robles a ese cuestionamiento planteado en el “Antidebate” del 21 de enero, organizado por TD Más, solo Ramos respondió que sus dos hijas estudian en un centro privado. Los demás optaron por describir el abandono de la infraestructura educativa, escuelas en condiciones indignas, niños que reciben clases bajo árboles porque los inmuebles están destruidos, y modelos de educación pública que alguna vez integraron a estudiantes de distintos orígenes sociales y hoy son solo historia.
Esa dificultad para responder con un tajante “sí” o “no” bien se interpreta como desconfianza. Dobles indicó que la escuela donde ella vota no tiene las condiciones adecuadas y precisó que “muchos centros están en condiciones indignas”, al punto de que 872 tienen órdenes sanitarias.
Robles, quien aún no tiene hijos, afirmó que para muchas familias que carecen de recursos, la educación pública no es una elección, sino la única posibilidad. Ramos, por su parte, admitió que tener a sus hijas en una escuela privada representa una carga considerable para el ingreso familiar, pero que mantiene su decisión pese a que hay tres centros educativos públicos cerca de su residencia.
Hubo coincidencia entre los candidatos participantes en que la educación estatal, pero de calidad, debe volver a ser la opción natural y no la alternativa a que se acude cuando no hay medios para pagar un centro educativo privado. La experiencia internacional demuestra que sí es posible. Países como Finlandia, Estonia y Japón sostienen sistemas donde la gran mayoría de los estudiantes asiste a escuelas públicas, bien financiadas y con estándares homogéneos de calidad, lo que reduce las brechas sociales.
En el caso de Costa Rica, sucede lo contrario. No solo hay problemas de infraestructura, sino de calidad educativa, como lo han documentado los informes del Estado de la Educación. Lo más grave es que esas alertas, o se han ignorado, o se ha respondido incluso con ocurrencias que luego pasan la factura.
Citamos dos ejemplos. En Matemática, el 96% de los estudiantes de colegios públicos se ubica en niveles insuficientes, según las pruebas PISA 2022, y así lo ratifican los diagnósticos de la Universidad de Costa Rica a estudiantes de primer ingreso; en comprensión lectora, el desempeño empeora conforme avanzan los años escolares, pues en primer grado apenas un 63% alcanza el nivel esperado; en quinto grado, la cifra cae a 57%, y en secundaria, solo una cuarta parte de los estudiantes logra la capacidad de lectura que debería poseer.
A eso se suma que, en los últimos cinco años, la inversión en educación enfrentó la peor caída de las últimas cuatro décadas y las becas para estudiantes en pobreza se redujeron en un 35%.
En este contexto de deterioro, no es de extrañar que aumente la matrícula en centros privados. En 2022, había 93.000 estudiantes formándose en escuelas y colegios de pago, y el año pasado, ese número subió a 111.000, 18.000 menores más, frente a aproximadamente un millón en centros públicos.
De ahí que resulta imprescindible reclamar acciones, tanto técnicas como sostenibles a quienes aspiren a gobernar. Hasta ahora, las propuestas de los 20 candidatos coinciden más en el diagnóstico que en las soluciones, pero persiste una dispersión de enfoques sobre cómo corregir el rumbo. Mientras algunos apelan a cumplir gradualmente el mandato constitucional del 8% del PIB para el financiamiento, otros relativizan el porcentaje y priorizan eficiencia, evaluación y alianzas, sin resolver cómo cerrar brechas urgentes.
En común, repiten promesas ya conocidas –reforma curricular, educación técnica, conectividad, bilingüismo– sin explicar cómo evitar que vuelvan a naufragar por mala gestión o “rutas” imaginarias.
Está comprobado que para mejorar la educación pública se requiere liderazgo y visión de largo plazo. Hay que lograrlo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dictaminó que mayores niveles de educación se traducen en más empleo, mejores ingresos y mejores condiciones de salud, y que, a nivel social, la inversión educativa impulsa la productividad y el crecimiento económico mediante una fuerza laboral más calificada.
Si la brecha entre educación pública y privada se amplía, Costa Rica consolidará un sistema educativo de dos velocidades, en el que el origen socioeconómico determine las oportunidades de aprendizaje, el acceso a la universidad y la inserción laboral, con efectos directos sobre la cohesión social y la calidad de la democracia. Defender y fortalecer la educación pública es, por ello, indispensable para impedir que la desigualdad se vuelva irreversible.
