11 candidatos presidenciales firmaron este miércoles un compromiso con el sector educativo, durante el debate organizado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
El documento fue suscrito por Ana Virginia Calzada, de Centro Democrático Social (CDS); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC); Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD); y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional; Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero (CR1); Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM); Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).
Rechazaron rubricar el texto Jose Aguilar, de Avanza; David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora (PT); y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Los aspirantes se comprometieron a las siguientes acciones:
Financiamiento, gestión y gobernanza educativa
- Cumplimiento efectivo del 8% del PIB para educación, según la Constitución y la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
- Excluir la educación pública de la regla fiscal.
- Firma y ejecución de un Pacto Nacional por la Educación Pública como resultado del Diálogo Social (cuya suscripción está prevista para el 20 de enero de 2026).
- Autonomía técnica y política del Consejo Superior de Educación, adscrito al MEP.
- Creación de un sistema de macroevaluación adscrito al MEP, independiente del poder público.
- Alcanzar el 100% de escuelas impartiendo currículo completo mediante una propuesta escalonada y aprovechando el bono demográfico.
- Rendición pública y anual de cuentas sobre la inversión educativa y resultados de auditoría.
- Reorientación de la inversión pública priorizando la inversión educativa sobre el pago de intereses de deuda externa.
- Reducción de la brecha educativa entre las zonas rurales, urbanas y de atención prioritaria, entre otras.
- Fortalecimiento del MEP como ente rector de la educación, con planificación a largo plazo.
Condiciones laborales y salariales del magisterio
- Garantizar trabajo decente, de acuerdo con el paradigma de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para todo el Magisterio Nacional.
- Garantizar la justicia salarial, incluyendo el descongelamiento de los salarios del Magisterio Nacional y actualización de complementos salariales.
- Impulsar la equiparación salarial de los docentes de materias especiales, indistintamente del ciclo o nivel en que esté laborando.
- Mejorar la base salarial del personal administrativo del Título I.
- Eliminación de cargas laborales improcedentes (ferias, comités, sistemas digitales sin inducción, entre muchos otros).
- Reducción de matrícula en el aula para garantizar atención pedagógica de calidad, de acuerdo con la variación del bono demográfico
- Asignación de un docente de enseñanza especial como auxiliar al maestro o maestra de grado.
- Retirar de la discusión de la Asamblea Legislativa todo proyecto de ley que afecta negativamente las condiciones de jubilación o ponga en riesgo el régimen de pensiones del Magisterio Nacional.
- Impulsar la aprobación del proyecto de ley expediente 24.353 que pretende descongelar los ajustes por costo de vida a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional.
- Impulsar el proyecto que permite dar transición del salario compuesto al salario global, una vez iniciada la gestión de gobierno.
- Implementación de un programa integral de salud ocupacional para el Magisterio Nacional, incluyendo la salud mental.
- Establecimiento de una hora semanal de planeamiento para docentes de primaria.
Infraestructura y recursos educativos
- Intervención urgente de la infraestructura educativa deteriorada, priorizando escuelas en riesgo sanitario y cambio climático.
- Priorizar el establecimiento de una red nacional de conectividad educativa eficaz.
- Fortalecimiento de comedores escolares, transporte estudiantil y sistemas de becas, como pilares de equidad.
- Promover las gestiones respectivas para brindar estabilidad laboral y salarial a las servidoras domésticas de las instituciones educativas que actualmente son pagadas por las Juntas de Educación.
Currículo, formación y equidad pedagógica
- Fortalecimiento de la educación bilingüe, técnica, informática y artística.
- Fortalecimiento de la Educación Técnica, disponiéndole presupuesto propio.
- Fortalecimiento de la Educación Dual como estrategia para la inserción laboral y la articulación entre centros educativos, empresas y comunidades.
- Impulsar ampliación de la cobertura preescolar desde los cero hasta los seis años.
- Priorizar la construcción de un plan que refuerce los aprendizajes en lectoescritura y matemáticas.
- Restablecer programas de afectividad y sexualidad integral.
- Apoyar a estrategias contra el embarazo adolescente.
- Fortalecer el subsistema de educación indígena.
- Creación de un programa nacional de formación docente continua, gratuita y articulada.
- Promover la actualización curricular con enfoque en justicia climática y equidad de género.
Convivencia, participación y justicia educativa
- Promoción de la sana convivencia entre estudiantes para erradicar la violencia institucional.
- Respeto y promoción del derecho de libertad sindical, incluyendo la negociación colectiva y el derecho a la manifestación.
- Promover la participación del Magisterio en la elaboración de políticas educativas que se ajusten a las necesidades del desarrollo del país.
- Promover la dignificación de la labor de la persona trabajadora del MEP como eje de la democracia educativa, presentando programas de protección a su labor profesional y creando estímulos que revaloricen su liderazgo tanto en la escuela como en la comunidad.
Recomendaciones de la ONU
Acoger las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la profesión docente que, son de gran relevancia para el contexto costarricense y se organizan en cinco ejes fundamentales:
Revalorización del Magisterio
Urge dignificar la labor docente mediante salarios justos, condiciones estables y programas de desarrollo profesional que reconozca el valor social y democrático de quienes educan a la nación.
Condiciones de trabajo y bienestar
La calidad educativa depende también de entornos laborales seguros, cargas horarias razonables, salud ocupacional y apoyo psicosocial. La precarización de la labor docente debilita el derecho a la educación pública.
Formación y carrera profesional
Es necesario fortalecer la formación inicial y continua del personal educativo, garantizar la actualización pedagógica gratuita y fomentar el liderazgo docente en innovación, sostenibilidad y transformación educativa.
Equidad y participación sindical
La ONU enfatiza la importancia del diálogo social y la negociación colectiva. Los sindicatos deben ser actores activos en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas educativas.
Compromiso estatal y financiamiento
La educación pública debe asumirse como prioridad nacional. Ello requiere mayor inversión, infraestructura adecuada y políticas que limiten la influencia de intereses privados en las decisiones pedagógicas.