14 de los 20 candidatos presidenciales que participan de la contienda electoral expusieron este miércoles sus propuestas para enfrentar la crisis que aqueja al sistema educativo público, durante el debate organizado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
Detallaron las acciones que impulsarían durante los primeros 90 días de una eventual administración, así como las fuentes de financiamiento para ejecutarlas, en caso de resultar electos en las votaciones del 1.° de febrero de 2026.
En el primer bloque de discusión participaron Jose Aguilar, de Avanza; Ana Virginia Calzada, de Centro Democrático Social (CDS); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC); Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD); y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG).
El segundo grupo estuvo integrado por Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional; Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero (CR1); Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM); Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora (PT); Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).
Los candidatos Boris Molina, Jose Aguilar, Douglas Caamaño, Walter Hernández y Fernando Zamora, coincidieron en que declararían una emergencia en educación. Fabricio Alvarado y Eliécer Feinzaig también destacaron esta medida, pero para el caso de la infraestructura.
Fernando Zamora también señaló que derogaría la Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense. Además, promovería reformas a cualquier normativa que haya “venido a desmejorar condiciones salariales” de los trabajadores del magisterio y del sector público.
Walter Hernández dijo que abriría un diálogo con las municipalidades, para que sean los gobiernos locales quienes se encarguen de atender las reparaciones y construcciones de los centros educativos, mediante un traslado de fondos y competencias, que permitan descentralizar el tema.
Ana Virginia Calzada alegó que el país no atraviesa una crisis educativa, sino que la situación actual es “producto de malas decisiones que se han venido tomando en educación pública”. Indicó que derogará la ley de Empleo Público y la norma que regula las huelgas.
Claudia Dobles afirmó que descongelaría los salarios y pensiones del magisterio, al tiempo que desvincularía el costo de la vida de la regla fiscal. Mencionó que convocarían una mesa negociadora de salarios, para cerrar la brecha entre el salario global y el compuesto.
Álvaro Ramos destacó como acción fundamental el “volver a incrementar la inversión en educación”. David Hernández defendió el descongelamiento de los salarios, la mejora de las condiciones laborales de los docentes y la implementación de una red de cuido universal, que brinde servicios para personas de todas las edades.
Fabricio Alvarado dijo que se sentaría con el Consejo de Educación para avanzar en una reestructuración del modelo actual. Señaló que promovería un proyecto de ley para utilizar la tecnología blockchain, para que esta se haga cargo de las labores administrativas de los educadores.
Ronny Castillo mencionó que solicitaría un diagnóstico sobre los plazos de interinato, cumpliría con los pagos rezagados y fomentaría alianzas público privadas en educación técnica y dual. Señaló que apostaría por una reforma curricular completa en primaria.
Eliécer Feinzaig se comprometió a llamar a un gran pacto nacional por la educación, con distintos sectores, para recuperar la calidad del sistema educativo, la formación de los jóvenes y la dignidad de la función docente.
Claudio Alpízar apostaría por nombrar al frente del Ministerio de Educación (MEP) a una persona con experiencia docente, mismo criterio que aplicaría para los viceministros. Añadió que promovería una visión sistémica del modelo educativo, para que el MEP ejerza su rol de rector. Añadió que haría una prioridad el tema de la recuperación de la infraestructura.
Douglas Caamaño se comprometió a presentar una reforma a la ley de Empleo Público y una nueva normativa para fortalecer la garantía sindical.
Ariel Robles también impulsaría un pacto para la educación y nombraría a una persona docente al frente del MEP.
El 8% del PIB para educación
En cuanto al giro del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, los candidatos estuvieron de acuerdo en que se trata de un mandato constitucional, pero presentaron opciones diferentes sobre cómo cumplir con esta obligación.
Fernando Zamora declaró que obtendría los fondos a partir de los recursos públicos que son subejecutados y mejorando la recaudación de los impuestos; Ana Virginia Calzada manifestó que buscará los recursos cuando llegue al Poder Ejecutivo, “porque en este gobierno todo es opaco”; mientras que Claudia Dobles se comprometió a un aumento progresivo, que llegaría a los ¢600.000 millones para el 2030.
Jose Aguilar enfatizó en la necesidad de contar con “una economía vigorosa, para poder invertir en desarrollo social”. Advirtió que si se destinara el 8% a educación, no se tendrían los recursos necesarios para hacerle frente al resto del gasto público, por lo que llamó a ser “prudentes”.
Walter Hernández abogó por un diálogo con la Asamblea Legislativa para avanzar en reformas a “leyes aberrantes” que permitan utlizar los recursos de manera integral. También destacó la importancia de transformar al sistema productivo y económico.
Boris Molina alegó que no debería ni preguntarse si existe un compromiso con destinar este presupuesto, porque es un mandato constitucional, pero no precisó posibles fuentes de financiamiento.
David Hernández defendió un presupuesto del 10% del PIB a favor de la educación, que se financiaría a partir de la nacionalización de las ganancias de las grandes empresas. Por su parte, Fabricio Alvarado propuso crear un fondo de desarrollo nacional, mediante un proyecto de ley, para reunir recursos para el pago de la deuda y atender la emergencia en educación. Este proyecto, a su vez, se alimentaría de la creación de un canal verde interocéanico y de la exploración y explotación de recursos naturales y minerales.
Ronny Castillo señaló como una posible fuente la mejora de la recaudación de impuestos, para incrementar de forma paulatina el presupuesto en educación, mediante un plan responsable y realizable en el tiempo. También promovió la creación de un fondo soberano de inversiones, que se nutriría de una porción de las reservas monetarias.
Eliécer Feinzaig subrayó que “hay compromisos fiscales que uno no puede asumir” y que llegar al 8% no va a ser algo que suceda en el corto plazo. “Lo respetuoso es poder hacer rendición de cuentas”, agregó, para lo cual, dijo que establecerían un sistema de evaluación externo e independiente, tanto para estudiantes como para docentes.
Claudio Alpízar señaló la necesidad de que haya un crecimiento económico para poder incrementar el presupuesto educativo. Douglas Caamaño promovió que se destinen recursos del cobro de una pensión de consumo. Mientras que Ariel Robles se comprometió con un aumento inicial del 0,38%
Por su parte, Álvaro Ramos aseguró que hará un aumento significativo al presupuesto para educación, para lo cual haría una revisión de los fondos disponibles, en caso de ganar la presidencia.