Este jueves 7 de noviembre, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cumplió 28 días sin reunirse, pues una medida cautelar de juez mantiene suspendidos durante seis meses a la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, y tres directivos más por presuntos actos de corrupción relacionados con el llamado Caso Barrenador.
No hay certeza de cuándo el gobierno nombrará un nuevo jerarca ni de cuándo se sustituirán los directivos separados por aprobar una supuesta adjudicación de Ebáis con sobreprecio anual de ¢12.400 millones, como sostiene la Fiscalía.
La paralización del máximo órgano de decisión impide resolver el futuro de la construcción del nuevo hospital de Cartago y otras importantes obras; también paraliza la definición de estrategias para la atención de listas de espera, aprobar medidas para contener la salida de médicos especialistas y revisar planes de inversión, solo por citar algunos asuntos. Según cifras oficiales, la Junta Directiva tiene más de 300 asuntos pendientes de analizar y decidir.
Esta situación, sin embargo, solo viene a profundizar la inestabilidad que ha caracterizado a la Junta Directiva en la actual administración, pues desde junio de 2022 han pasado 23 personas. Los vaivenes también se han extendido a otros puestos clave como la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), por la cual han pasado siete jefes. Lo mismo ha ocurrido en las gerencias, por donde han transitado al menos 15 profesionales en este tiempo. La Gerencia Médica es la más afectada, pues ha tenido cuatro gerentes durante la presente administración.
“Nunca en la historia de la Caja hemos tenido una crisis como la actual. Es uno de los momentos más difíciles que ha vivido la entidad en términos políticos y administrativos. En ambas vertientes uno encuentra una dificultad para la institución. Lo que tenemos, en la actualidad, es al gobierno atacando a la Caja y eso es algo que nunca se había dado”, declaró Martha Rodríguez González, representante de los sindicatos en la Junta Directiva y única sobreviviente a la oleada de cambios por destituciones, renuncias y suspensiones ocurridas desde junio de 2022.
La gravedad de la crisis provocada por constantes entradas y salidas de la Junta Directiva no solo es señalada por opositores al gobierno, como Rodríguez. Adrián Torrealba Navas, abogado que incluso financió gastos electorales de la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, también reconoce los apuros que vive la entidad por los cambios constantes en los altos mandos. “Con tantas interrupciones del funcionamiento ha sido un récord, no recuerdo que antes haya pasado algo así. En ese punto, me parece que ha sido una etapa de mucha inestabilidad, sin duda”, subrayó Torrealba.
Y los pacientes de la CCSS esperan
Mientras la Junta Directiva está trabada, miles de asegurados, muchos con padecimientos graves, esperan alivio a la incertidumbre que viven por no saber cuándo serán atendidos. Una de esas miles es Cindy Mora López, madre de 47 años, quien espera una histerectomía desde hace 13 meses. Se trata de un procedimiento quirúrgico para la extirpación parcial o total del útero.
La mujer relata que años atrás le diagnosticaron miomas y fibromas, dos tipos de tumores benignos que suelen crecer en el útero. No obstante, hace dos años empezó a sufrir sangrados severos. Esta vez le encontraron pólipos, otro tipo de tumor que crece adherido a la pared interna del útero.
“Son unas hemorragias y unos dolores que yo no me puedo ni levantar de la cama (...) En octubre del año pasado estaba en el puesto 1.200 de la lista de espera para la histerectomía y ahora, un año después, estoy en el puesto 787 (...) A mí me quedan como dos años de espera y el problema es que se puede desarrollar cáncer”, agregó.
En su familia, también su papá, de 80 años, aguarda desde hace seis meses por una cirugía de catarata y su hermano murió meses atrás por un cáncer de pulmón que se agravó por la falta de atención oportuna. “En el caso de mi hermano hasta acudimos a la Sala Constitucional para buscar ayuda, pero no llegó a tiempo”, declaró la mujer.
La espera es ingrata... miles han muerto esperando. Un informe de la CCSS, elaborado en agosto de 2023 por especialistas de la Gerencia General, reveló que 1.958 pacientes fallecieron mientras aguardaban un campo para someterse a una cirugía en algún hospital público.
Según el análisis, esas personas fueron excluidas de las listas de espera de diferentes especialidades médicas, solo entre enero y julio del 2023. La cifra da una idea de la dimensión del problema, pero la cantidad de asegurados que mueren esperando por atención es mayor, ya que el mismo informe reconoce que los 1.958 pacientes registrados no fallecieron en el periodo señalado, sino que el sistema de salud se dio cuenta de su deceso hasta ese momento.
La frustración de los asegurados se refleja en la Sala Constitucional donde, igual que pasa con las listas de espera, los amparos por razones de salud no paran de crecer.
Entre 2013 y 2019, las gestiones tuvieron un comportamiento oscilante, pero a partir de 2020 las estadísticas se dispararon. Por ejemplo, de 2019 a 2020 pasaron de 3.385 a 7.000, es decir, un 106% más entre un año y otro.
En 2021 y 2022, las gestiones continuaron en crecimiento con 8.696 y 9.878 casos, respectivamente. En 2023, la Sala Constitucional cerró con 13.928, de los cuales el 66% (9.239) fueron declarados con lugar.
De esa cifra de asuntos del año pasado, 5.003 fueron planteados por personas que esperaban cirugías; el resto aguardaba por citas, medicamentos o insumos médicos, precisó el tribunal constitucional.
Asegurados con cita de valoración para el 2035
La cantidad de reclamos en el tribunal constitucional evidencian hasta dónde tienen que llegar para reclamar un servicio.
Briceida Cantillo, presidenta de la Asociación Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi), es fiel testigo, pues la organización dedicada a apoyar a pacientes que esperan por tratamientos o procedimientos quirúrgicos, ha planteado en lo que va de año casi 500 recursos de amparo para conseguir atención oportuna.
Ella es una voz autorizada, pues está en estas lides desde 2006, cuando acompañó a su hija en la lucha por un tratamiento especializado que la Caja le negaba. En ese camino acudieron a la Sala Constitucional y les dieron la razón. Desde entonces, vive en medio de historias de pacientes angustiados por sus enfermedades que buscan asesoría.
Para Cantillo, lejos de mejorar, las listas de espera han empeorado en los últimos dos años. “Yo recientemente he tenido que hacer recursos de amparo para pacientes que tienen su cita de valoración hasta el 2035″, comentó.
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Su afirmación está respaldada en cientos de casos que llegan a Anasovi y como pruebas aporta las boletas de citas de algunos pacientes. En una de ellas, un hombre de 54 años obtuvo una cita para valoración en Otorrinolaringología hasta el 25 de mayo de 2032 en el Hospital San Francisco de Asís, en Grecia, Alajuela.
De acuerdo con el informe de labores, firmado en setiembre pasado por Verónica Quesada, actual coordinadora de la UTLE, hay reducciones en los tiempos promedios de espera en algunas especialidades. Por ejemplo, para una cirugía de catarata, un asegurado debía esperar, en 2021, 399 días y ahora aguarda 180 días, como media, según ella.
Sin embargo, para Cantillo esos datos son cuestionables porque no se contempla el tiempo que pasa el paciente esperando una cita de valoración con especialistas.
El 23 de octubre, se le enviaron varias consultas a Quesada, en especial sobre las supuestas reducciones en los tiempos de espera, sobre cómo se calculaban y si existen mecanismos de control externos que certifiquen los datos.
El pasado miércoles 6 de noviembre, la CCSS respondió que los indicadores expuestos por Quesada en setiembre tomaron como “línea base” la situación de listas de espera que enfrentaba la institución en abril de 2023, cuando el tiempo promedio de espera para operación de cataratas estaba en 268 días. Ese aspecto contradice el informe escrito, ya que en el documento se expresa que la línea base era de 399 días.
Además, la CCSS reconoció que no existen auditorías externas que confirmen los datos.
En abril anterior, la Contraloría General de la República también cuestionó esos datos. Para el órgano fiscalizador existen incongruencias en la información reportada por la CCSS y errores en las formas de medición.
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Promesas para la CCSS siguen en papel
Este jueves 7 de noviembre también se cumplió un año desde que Marta Esquivel anunció la llamada Ruta de la Salud en el Estadio Nacional, en un acto con toda la cúpula del gobierno. El anuncio se hizo tras varias postergaciones; era la iniciativa con la cual la jerarca y el Poder Ejecutivo pretendían reducir las listas de espera. Sin embargo, un año después, es casi nula la información sobre qué pasó con ese proyecto, lo único claro es que no dio frutos.
Una de las metas planteadas fue que para finales del 2024 no debía haber ningún paciente del periodo 2017-2021 esperando por atención, objetivo que no se cumplió. Otra se planteó que para ese mismo año, personas con diagnóstico de cáncer y enfermedades cardiovasculares no debían esperar más de 45 días para recibir atención; tampoco se concretó.
Un informe de la Auditoría Interna de la CCSS, de junio pasado, señaló el fracaso de la Ruta de la Salud. De 38 medidas planteadas en una hoja de ruta por la Junta Directiva desde el 11 de mayo del 2023, apenas nueve tenían estatus de “razonablemente cumplidas” (24%) para julio del presente año.
Además, había 10 incumplidas (26%) y 19 en proceso con fuertes observaciones por parte de los auditores y sin una fecha para su cumplimiento.
Entre las acciones en proceso estaban la depuración de listas de espera para afinar la cantidad de pacientes que aguardan atención y el tipo de servicios que requieren, la asignación del máximo de citas posibles para procesos médicos ambulatorios, la definición de la capacidad instalada de los centros médicos y la creación de una única lista de espera a nivel nacional, entre otras.
Nada se ha concretado. Tampoco, la promesa de establecer un modelo de copago que permita enviar pacientes a centros médicos privados con el objetivo de agilizar su atención, lo mismo que la eliminación de la lista de espera para mamografías.
Con la Ruta de la Salud, lejos de reducirse las listas de espera, el informe de Auditoría Interna confirmó que la cantidad de pacientes que esperan una cita en consulta externa, una evaluación diagnóstica o una cirugía, no paraba de crecer. Entre abril de 2023 y abril de 2024, el número de personas que esperaba por alguno de esos servicios aumentó un 23%. En abril del año pasado, eran 1.006.276 pacientes y en abril de 2024 pasaron a ser 1.233.359.
Según cifras dadas a conocer este martes por el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), Lenín Hernández, desde que se anunció la Ruta, la lista de espera en general se ha incrementado en 77.231 personas en un año.
Pendientes muy importantes para la CCSS
Al igual que la estrategia contra las listas de espera, también sigue en el aire el nuevo hospital para los cartagineses. El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026, planteaba que el nuevo Max Peralta debía tener un 50% de avance para 2025, pero a la fecha, la obra está en el limbo.
Luego de muchos meses de resistencia por parte del gobierno y la propia jerarca de la CCSS, el proyecto fue adjudicado el 22 de mayo a una empresa mexicana, la que sorpresivamente se hizo a un lado cuatro meses después, el 19 de setiembre. Una de sus razones alegadas fue “las desavenencias entre instituciones del Estado costarricense”.
¿Qué pasará con el hospital de Cartago? Pues lo tiene que decidir la Junta Directiva cuando logre tener cuórum.
Igualmente, tendrá que decidir el futuro del ajuste técnico al salario de 2.096 médicos especialistas, que en setiembre había planteado Marta Esquivel para evitar que los profesionales renuncien tras quedar fuera del salario global definitivo. El informe de la viabilidad se recibiría en noviembre.
Esas salidas agravarían la falta de médicos, pues a inicios de año el Sindicato de Médicos Especialistas (Siname) afirmó que 242 renuncionaron en busca de mejores condiciones, mientras que la Unión Médica aseguró que un centenar tenía permiso sin goce de salario para probar suerte en servicios privados.
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La situación llevó a la Caja a declarar inopia en 10 especialidades para procurar contrataciones. Cuando se vuelva a completar la Junta también deberá resolver qué pasará con la administración de 138 Ebáis que habían sido otorgados a cooperativas mediante contratos cuestionados por aparentes sobreprecios, precisamente la situación que dio origen a las suspensiones.