La Sala Constitucional condenó, de forma unánime, al Teatro Nacional por violentar el derecho de acceso a la información pública a una reportera del diario La Nación.
En febrero pasado, la periodista de Revista Dominical, Sofía Sánchez, solicitó a esa entidad todas las actas del Consejo Directivo desde agosto del 2025 hasta febrero del 2026.
Sin embargo, transcurridos los diez días hábiles que otorga la ley para atender las solicitudes de información, el Teatro no le remitió lo solicitado.
El 11 de marzo, Sánchez interpuso el recurso, pero fue hasta el 23 de ese mismo mes que Guillermo Madriz Salas, entonces director general del Teatro Nacional de Costa Rica, contestó a la Sala indicando que aportaba todas las actas solicitadas.
Los magistrados sostienen que, pese a esto, “no consta que se le haya remitido lo solicitado” a la recurrente. En ese informe de Madriz, se remitieron las actas a la Sala, pero no a la accionante: “No existe un oficio formal donde se le brinde y remita a la recurrente la información solicitada”.
“Se tiene por vulnerado el derecho de petición y acceso a la información consagrados en los ordinales 27 y 30 de la Constitución Política, por lo que la autoridad recurrida deberá brindarle lo requerido, al tratarse de información de carácter público sobre la cual no se advierte impedimento de suministro alguno", se consignó en el fallo 2026-16979, emitido el pasado 15 de mayo.
En consecuencia, los magistrados ordenaron al Teatro que, en el plazo de diez días, brinde la información solicitada, y que resguarde los datos sensibles o confidenciales, en caso de haberlos.
Los altos jueces advirtieron de que se podrá imponer prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa si se incumple el mandato.
Daños al Teatro
La periodista Sánchez fue quien dio a conocer los múltiples daños ocasionados al Teatro tras intervenciones de puertas y otras estructuras.
Por ejemplo, en el caso de las puertas, se divulgaron fotografías que mostraban cómo las históricas piezas fueron trasladadas en un pick-up, sin medidas adecuadas de protección.
Esos daños fueron calificados por la propia Sala IV como “irreversibles” e incluso, ordenó una investigación administrativa, según consta en una resolución de febrero pasado, cuando resolvió un amparo.
Paralelamente, los diputados elevaron el caso ante el Ministerio Público, donde se tramita una causa penal.
Revisión de actas negadas
La revisión de las actas —tras el fallo del tribunal constitucional—, le permitió a Sánchez publicar que en la sesión del 18 de noviembre del 2026, Aida Faingezicht Waisleder, quien se desempeñaba como integrante de ese órgano, rechazó que el traslado de esas puertas en un pick-up constituyera una crisis.
En su lugar, cuestionó su difusión y sostuvo que el director no debía referirse a lo ocurrido para “no agrandar las cosas”.
“En este caso, ver en un camión una puerta, no es una situación de crisis, perdón, ni siquiera llega a eso, llega a una fisgona de Paso Ancho con intereses propios ahí adentro que no son solo los de ella, son los de alguien más", aseguró ese día Faingezicht.
Al resolver el amparo, los magistrados condenaron al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios.