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El regulador general Roberto Jiménez Gómez anunció que desiste de la reelección por seis años más. En un estilo inédito de comunicación, la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) divulgó este lunes entre diputados de la Asamblea Legislativa una carta dirigida por Jiménez al presidente Carlos Alvarado en la cual renuncia a continuar como jerarca de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
Jefes de fracción de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio y el Bloque Nueva República expresaron desde la semana anterior su oposición al plan del Gobierno de mantener en el cargo al actual regulador.
Sin embargo, por procedimiento legislativo, corresponde al Consejo de Gobierno retirar el nombre de Jiménez Gómez, quien se desempeña como regulador desde el 8 de mayo del 2016. Mientras no se dé ese aviso oficial y que sea sometido al conocimiento de la Asamblea Legislativa, la nominación del Gobierno continúa invariable.
La Nación consultó este lunes a la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, si el Gobierno planeaba desistir de la postulación de Jiménez dado el aviso de su renuncia a seguie y la molestia entre bancadas en el Congreso.
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“Hemos sido informados por parte del señor regulador de su interés de desistir del proceso. Debido a esto y respetando la voluntad del regulador, el Consejo de Gobierno conocerá el día de mañana (martes 11 de enero) la carta enviada, para formalizar ante la Asamblea Legislativa lo que corresponde y dejar sin efecto el expediente”, informó Dinarte.
La ministra agregó que esperaba que los diputados, ahora informados de que Jiménez Gómez desiste, darán el espacio para la formalización del acto a través del Consejo de Gobierno a celebrarse este martes.
Sin embargo no fue así: por 41 votos a favor, uno en contra y una ausencia, los legisladores votaron este mismo lunes a favor de rechazar la reelección de Jiménez en el cargo poco antes de las 5 p.m.
En su carta de este lunes al mandatario, el regulador aduce que hay una “politización partidista” del debate de su proceso en la Asamblea Legislativa, el cual lo lleva a desistir de su aspiración.
“Me hubiera gustado tener la oportunidad de dar cuentas al Congreso sobre la gestión desarrollada y los resultados obtenidos en beneficio del país, así como de contestar las preguntas e inquietudes que al respecto pudieran surgir”, se lee en la misiva que hizo circular la diputada Laura Guido, jefa de fracción del PAC, a los congresistas.
Silvia Hernández, diputada liberacionista y presidenta de la Asamblea Legislativa, expresó su molestia por la forma de aviso.
“Este es un acto formal del Consejo de Gobierno y solo este puede desestimar un nombre que formalmente remite a la Asamblea. En cambio, lo que tenemos conocimiento es una nota dirigida al presidente que se nos hizo llegar por la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana”, indicó.
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Cuestionado y a juicio
El plan del gobierno de amarrar a Jiménez al cargo hasta el año 2028 vino precedido de una serie de cuestionamientos.
El primero fue por la forma como el Consejo de Gobierno le planteó al Congreso la nominación apenas el 14 de diciembre y poco antes del receso navideño y de fin de año, con lo cual acortó el tiempo efectivo para el trabajo legislativo. Además, el jueves anterior, los diputados del PAC fueron en dos ocasiones los mayores responsables de que no existieran los votos necesarios para ampliar la primera parte de la sesión ese día e iniciar así la discusión del asunto.
El pasado jueves, poco antes de que los diputados del PAC impidieran abrir la discusión sobre su reelección, la Fiscalía también anunció una acusación formal contra Jiménez por el delito de tráfico de influencias por el presunto nombramiento irregular de un funcionario. A este caso se añade otra investigación en curso, por la denuncia que presentó el diputado José María Villalta en junio del 2019, en la que alega acciones del regulador general en favor de los autobuseros.
Durante su gestión desde el 2016, el regulador general ha tenido graves enfrentamientos con su propia Junta Directiva al extremo incluso de atreverse a recriminar a la contralora general, Marta Acosta, por recibir a los directivos sin su “autorización”.
En octubre del año pasado, también se negó a aplicar una rebaja del 4,5% a las tarifas de autobuses luego de una gran caída en los precios de los combustibles durante el segundo semestre del 2020 en perjuicio de los usuarios y otorgando así beneficios que no le correspondían por cálculo tarifario a los transportistas.
