El Consejo de Gobierno propuso este martes por segunda ocasión al actual regulador general de los servicios públicos, Roberto Jiménez Gómez, para repetir otros seis años en ese cargo dado que su nombramiento vence el 8 de mayo de 2022.
De continuar, Jiménez Gómez quedaría nombrado hasta el 8 de mayo del 2028 cuando acumularía 12 años en la misma función.
Geannina Dinarte Romero, ministra de la Presidencia, confirmó que la propuesta fue notificada a la Asamblea Legislativa este mismo martes, pues, son los diputados los responsables de ratificar o no la designación hecha por el Poder Ejecutivo.
Jiménez sustituyó a Dennis Meléndez Howell en el 2016 después de desempeñarse por 20 años como director de Planeamiento Ambiental en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y un año como secretario técnico de la Autoridad Presupuestaria, adscrita al Ministerio de Hacienda, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís.
“El señor Roberto Jiménez no solo tiene una amplia trayectoria profesional, sino que también ha estado vinculado y conoce de los temas regulatorios por su propia experiencia profesional, pero también en el puesto de regulador general”, indicó este martes por la noche la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte Romero, al justificar su segunda postulación.
Consultada sobre si fueron consideradas otras posibles candidaturas, Dinarte no respondió puntualmente. Dijo que, para el Poder Ejecutivo, Jiménez tiene “aspectos de su gestión que son verdaderamente destacables que nos parece le dan condiciones suficientes para que pueda ser considerado por el Poder Ejecutivo y enviar su nombre a la Asamblea Legislativa”. Citó, por ejemplo, su trabajo por una mejor prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
Una vez enviada la propuesta al Congreso, los diputados tienen 30 días para pronunciarse. En caso de no hacerlo, quedaría confirmada la designación de Jiménez una vez más. Este período de un mes incluye el lapso entre el viernes 24 de diciembre y el lunes 3 de enero cuando la Asamblea Legislativa permanecerá cerrada por el receso de fin y principio de año.
El regulador es economista, tiene un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas y una maestría en política económica. A noviembre del 2020, tenía un salario de ¢7 millones y, de acuerdo con un reportaje de La Nación, toda la cúpula de Aresep gana más que todos los ministros juntos.
El año pasado, Jiménez protagonizó una pelea en la Junta Directiva de la Aresep a raíz de un recorte de ¢506 millones para disminuir el gasto de la Aresep del 2021 en asesorías, horas extra y viajes al exterior. La virulenta reacción del regulador general llegó al punto de acusar a directivos de la Aresep de “andar peseteando”.
Sus enfrentamientos han llegado a la Contraloría General de la República.
En diciembre del año pasado, la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, emplazó a Jiménez por recriminarle que se hubiera reunido con directivos de la Autoridad sin su presencia. Jiménez le pidió a Acosta explicarle la validez y legalidad del encuentro, así como detallarle los temas discutidos y le recordó que él le ha solicitado reunirse con ella, pero sin éxito.
Acosta no solo declinó responderle, sino que incluso le recordó que la Junta Directiva de la Aresep es el superior jerárquico de Jiménez en todas las competencias que le corresponda y que no está supeditado en su accionar a la voluntad del regulador como presidente del órgano.