El Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) pagaría $800.000 (¢410 millones al tipo de cambio actual) por un estudio de regionalización para evitar la creación de nuevos cantones sin sustento técnico. Así lo confirmó la jerarca de esa cartera, Laura Fernández, en entrevista con La Nación.
Fernández explicó que el objetivo es contar con estudios que permitan determinar, por ejemplo, si un cantón perdió las condiciones para mantener ese estatus y, más bien, debería convertirse en distrito, o si un distrito se convirtió en un caserío o una comunidad pequeña.
“Estas situaciones pueden estar ocurriendo, pero no lo sabemos porque no hay estudios”, dijo la jerarca.
La iniciativa forma parte de un proyecto que busca reformar la Ley sobre División Territorial Administrativa (N° 4366) para añadir nuevos filtros que regulen la creación de nuevos territorios.
El plan propone que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y Mideplán realicen, al menos cada 15 años, un análisis de factores geográficos, poblacionales, socioeconómicos, de infraestructura, productivos, de desempeño, generación de valor público y presupuesto de cada cantón del país.
Según Fernández, desde el año pasado lanzaron una licitación para comenzar a crear el análisis, sin embargo, esta fue declarada infructuosa porque los participantes no cumplieron con los requisitos de experiencia. Actualmente, afinan los términos de referencia y mantienen sesiones de coordinación para abrir otra convocatoria.
“Mideplán ya cuenta con los recursos para costearlo. No es un estudio barato, el monto que tenemos presupuestado es de alrededor de $800.000. No es un análisis sencillo; no se trata solo de dividir el mapa del país en secciones. El estudio debe analizar las dinámicas económicas, culturales, sociales, territorios fronterizos y costeros.
“Es complejo, no por nada han pasado tantos años sin que se actualice (década de los años 70); es una materia muy complicada”, explicó la funcionaria.
Los resultados del análisis se presentarán a la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, que podrá recomendar cambios para crear, fusionar o eliminar provincias, cantones o distritos. Estos cambios se incluirán en un informe que será enviado a la Asamblea Legislativa para que valore la pertinencia de realizar ajustes por medio de una ley.
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Diputados ven positivo el estudio
Danny Vargas, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) e integrante de la comisión de Asuntos Municipales, consideró en principio como positivo el proyecto de Mideplán, al argumentar que se requiere un análisis técnico al momento de crear o suprimir cantones o distritos.
Sin embargo, pidió tener cuidado con limitar la potestad del legislador en estas funciones, ya que se reducirían los controles y contrapesos en una democracia.
Luis Diego Vargas, jefe de bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), pidió que se inviertan bien los recursos en un estudio integral y moderno, evitando un copy page como, asegura, sucede con los planes reguladores.
Vargas sugiere que el país se divida en regiones, tomando en cuenta condiciones geográficas, poblacionales, socioeconómicas, de infraestructura, productivas, de desempeño, de generación de valor público y presupuesto de cada cantón.
Criterios que se incorporarían al proyecto de ley
En la actualidad, la Ley sobre División Territorial Administrativa solo estipula que un territorio no se puede elevar a la categoría de cantón si no tiene al menos el 1% de la población total del país (53.000 personas).
Sin embargo, la norma contiene una excepción que permite crear ayuntamientos con menos del 1% de la población si se trata de regiones “muy apartadas y de difícil acceso a sus centros administrativos”, siempre que la Comisión Nacional de División Territorial lo recomiende tras un estudio.
Dicha excepción permitió otorgarle el grado de cantón a distritos con poca población como Río Cuarto, Puerto Jiménez y Monteverde.
La ministra abogó por añadir más criterios para la creación de un cantón, como el tipo de población, las actividades económicas, las patentes comerciales y los bienes inmuebles, para estimar con precisión los recursos con que contaría un nuevo territorio.
Además, considero que debe evaluarse qué le pasaría al cantón del que se desprendería el distrito, ya que podría generar afectaciones presupuestarias y en la prestación de servicios.
“A la luz de esta proliferación de propuestas de nuevos cantones, es necesario contar con una ley actualizada, que establezca parámetros apropiados.
“Nosotros no estamos tratando de frenar ninguna decisión legislativa, porque la Asamblea Legislativa toma sus decisiones de manera independiente, pero lo que sí estamos haciendo de una manera responsable es viendo la realidad nacional, porque esos dos criterios se nos quedan cortos”, aseveró Fernández.
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Nueva Comisión Nacional de División Territorial
El expediente 24.298 también propone incluir nuevos integrantes en la Comisión Nacional de División Territorial, encargada de emitir recomendaciones sobre la creación de nuevos cantones.
Actualmente, este grupo está conformado por el ministro de Gobernación, el director del Instituto Geográfico Nacional y el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El Gobierno propone añadir al ministro de Hacienda, al jerarca del Mideplán y al presidente ejecutivo del IFAM, Quedaría fuera del grupo el ministro de Gobernación.
Fernández alegó que la estructura actual necesita una actualización. Según dijo, se incorporaría al jerarca de Hacienda por su conocimiento en la transferencia de impuestos a las municipalidades, el IFAM por la asesoría y financiamiento que brinda a los gobiernos locales y el Mideplán por ser el ente rector del desarrollo regional.
En 1980, el país alcanzó 81 cantones con la creación de Garabito, y se mantuvo así por casi 40 años. Sin embargo, en 2017, surgió un interés en la Asamblea Legislativa por crear municipios, incluso para poblaciones de solo 4.000 personas.
Colorado, distrito de Abangares, estaba cerca de convertirse en cantón, luego de que los diputados aprobaran el pasado 19 de febrero, en primer debate, la creación de ese ayuntamiento. Sin embargo, la Sala IV declaró inconstitucional el proyecto debido a que existe un criterio negativo de la Comisión de División Territorial.
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