EscucharEl debate político sobre el proyecto de regulación de huelgas nos permitió conocer quién es quién en la Asamblea Legislativa. Nos ayudó a confirmar la posición de algunos partidos y a revelar insospechadas posiciones de algunos legisladores.
Todo ocurrió en la recta final del trámite del proyecto, cuando se abrió un periodo de dos días para que los diputados presentaran sus últimas propuestas de cambio al plan, mediante mociones de fondo.
El jueves 22 de agosto, trascendió que un grupo de 12 diputados propuso un texto sustitutivo que, en vez de evitar los abusos con las huelgas, legalizaba la celebración de este tipo de movimientos en los servicios públicos esenciales.
Con esa propuesta, se legalizarían las huelgas en hospitales, policías, suministro de agua, rescate de personas, comedores escolares y entrega de cuerpos en las morgues, por citar algunos.
En la historia reciente, muchas huelgas en servicios de este tipo les han servido a los sindicalistas para aumentar sus beneficios y, por tanto, para disparar el gasto público. Los gobiernos han cedido y la población afectada siempre ha sido la rehén.
El texto de los 12 además habría supultado la posibilidad de rebajar salarios a los sindicalistas que participen en movimientos ilegales, al tempo que mantendría la dificultad que sufren los juzgados para notificar a los dirigentes cuando tramitan una solicitud de calificación de legalidad o ilegalidad de una huelga.
Esta propuesta la encabezó la diputada liberacionista Franggi Nicolás y recibió el apoyo de 12 diputados más, aunque al final Patricia Villegas, del PIN, le retiró el apoyo. Ella alegó que, cuando leyó el documento a profundidad, se dio cuenta de que no correspondía con lo que Nicolás le explicó.
Vale la pena analizar la composición de los 12 diputados que se mantuvieron apoyando la propuesta:
1. La posición del fabricismo
La mayor parte del apoyo, 5 diputados, provino del bloque fabricista Nueva República.
Por parte de este grupo político, firmaron la jefa Carmen Chan, Ignacio Alpízar, Harllan Hoepellman, Nidia Céspedes y Marulin Azofeifa.Aparte de apoyar el texto de Nicolás, los fabricistas presentaron unas 24 mociones adicionales, la mayoría tendientes a debilitar los controles que el proyecto persigue, aunque una sí proponía bajar el tiempo máximo de huelga en la educación.
Entre las mociones de Nueva República, también sobresale una que es políticamente difícil de explicar. Se trata de la propuesta de eliminar el artículo que prohibiría a los huelguistas "ausentarse o separarse injustificadamente para realizar actividades personales o familiares" durante el movimiento.
En palabras sencillas, ese artículo establece que, mientra estén huelga, los sindicalistas no pueden dedicar el horario laboral para hacer mandados personales o para salir de viaje, como hicieron más de 500 educadores durante la huelga contra la reforma fiscal en el 2018. Los fabricistas se oponen a esta regulación.
Nueva República también presentó mociones separadas para eliminar el artículo que dicta la forma en que se harían cobros retroactivos del salario a quienes participen de huelgas ilegales y los que definen los servicios esenciales y trascendentales del Estado.
Incluso, propuso eliminar el tope de 10 días a las huelgas en servicios trascendentales, entre los que están la recolección de basura, la administración de justicia y las aduanas.
2. Las contrariedades del PLN
El segundo grupo que más firmas aportó al texto sustitutivo es Liberación Nacional (PLN), con tres: Franggi Nicolás, Daniel Ulate y Paola Valladares.
El PLN da señales de vivir una crisis de identidad, no solo por estos tres votos.
El proyecto para frenar los abusos en las huelgas es una iniciativa de dos liberacionistas: el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, y la diputada Yorleny León.
Sin embargo, Franggi Nicolás lideró el texto que habría terminado de entregarle a los sindicatos el control de los servicios esenciales, mediante la legalización de las huelgas.
Por si hay alguna duda sobre esa intención, basta con leer lo que decía el artículo 375 bis del texto de Nicolás: "El ejercicio de la huelga en los servicios esenciales solamente será legalmente posible si, de previo al inicio de la huelga, se garantiza por medio de un plan de servicios mínimos, que no se pondrá en riesgo ni la vida, ni la salud, ni la seguridad de las personas".
Eso fue exactamente lo que la expresidenta Laura Chinchilla, del PLN, vetó en el año 2012 cuando rechazó la Reforma Procesal Laboral.
Sobre ese plan de prestación de servicios mínimos, el texto de Nicolás establecía que, si el patrono no estaba satisfecho con la propuesta, el sindicato podía presentar su propuesta en un juzgado e irse a huelga aun cuando el juez no se hubiese pronunciado.
En cambio, el artículo 61 de la Constitución Política dice: "Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de estos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia.
Y el artículo 375 del Código de Trabajo dice: "No será permitida la huelga en los servicios públicos. Las diferencias que en éstos ocurran entre patronos y trabajadores, así como en todos los demás casos en que se prohíbe la huelga, se someterán obligatoriamente al conocimiento y resolución de los Tribunales de Trabajo".
Franggi Nicolás se reunió con el sindicalista de la ANEP, Albino Vargas, el mismo día en que presentó su propuesta.
Luego de que tres diputados del PLN apoyaron este texto, los otros 14 miembros de la fracción del PLN se pronunciaron en favor de la propuesta de Benavides y León.
El texto alternativo finalmente fue rechazado en la comisión especial de huelgas con seis votos en contra y uno a favor.
Sin embargo, luego trascendió que los diputados del PLN, Roberto Thompson, María José Corrales, Daniel Ulate y Paola Valladares, junto al frenteamplista José María Villalta, presentaron una moción que pretendía excluir, de la lista de servicios esenciales, a Bomberos, rescatistas y suministros de agua, electricidad y combustibles.
En la huelga del 2018 contra la reforma fiscal, los sindicatos de Recope trataron de desabastecer al país de combustibles y lo lograron en algunas partes. Sin combustibles, ¿cómo se habría movilizado un enfermo grave a un hospital? ¿Cómo se movilizaría la gente a trabajar para seguir recibiendo ingresos?
Pese a ello, un tribunal declaró la huelga legal al considerar que el término "suministro de energía", en el que la huelga es ilegal, no contempla el combustible.
Este proyecto aclara explícitamente que los combustibles son parte de los servicios esenciales, por lo cual las huelgas en esta actividad son ilegales mientras siga siendo un monopolio de Recope.
Pese a ello, el diputado Thompson pidió sacar el suministro de combustibles de la lista de servicios esenciales.
Hasta el presidente del sindicato de Bomberos, Manuel Pérez Artavia, firmó una carta junto a las autoridades del INS y de Bomberos en el que se opusieron a la moción.
Ellos escribieron: "Nuestra misión es prevenir y proteger para salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente ante situaciones de emergencia. Es claro que nuestro servicio es esencal, pues no hay algo más importante que proteger la vida".
En su defensa, el diputado Thompson alegó que existía la discusión "con algunos compañeros" sobre si esos servicios podían caer en la categoría de servicios trascendentales, en los que se permitirían huelgas hasta de diez días naturales con un servicio mínimo.
La moción fue rechazada.
4. Los otros firmantes del texto de Nicolás fueron:
-José María Villalta, el único que lo votó a favor en comisión
-Wálter Muñoz, del PIN
-Dragos Dolanescu, del Republicano Social Cristiano
-Shirley Díaz, del PUSC
5. El intento del PUSC
Mientras la socialcristiana Shirley Díaz apoyó ese texto, su compañero Pedro Muñoz más bien trató de aprobar una moción que permitiría suspender el pago de salarios durante las huelgas, en vista de que los contratos laborales se suspende en esos días, de manera que el trabajador no está obligado a dar servicios ni el patrono a pagar las remuneraciones.
No obstante, la idea quedó muy lejos de alcanzar los votos necesarios. Solo alcanzó dos apoyos: el de Muñoz y el de la liberacionista Yorleny León.
Carlos Ricardo Benavides le dijo: “Voy a votar en contra, no porque crea que es incorrecto el planteamiento técnico, Pedro (Muñoz), usted tiene gran acierto. Esta moción conecta con la forma de regulación de huelgas en todo el mundo occidental”.
“Cuando trabajdores van a huelga, mantienen contrato, pero se suspende salario. Si introducimos eso, habría que revisar si es conteste con el resto del texto, me preocupa que haya antinomias (contradicciones). Tiene (la moción) una potencia que debe ser valorada en plenario, para revisar la fuerza de las fracciones, prefiero que sea revisada en el plenario”.
El PAC también votó en contra, aun cuando el presidente Carlos Alvarado dijo que veía la propuesta con buenos ojos.
En comisión, sí se aprobaron otros cambios, como eliminar el artículo que ordenaba disolver los sindicatos que promovieran sabotajes de servicios públicos o bloqueos de carreteras.
Ahora, el proyecto regresa al plenario, en donde los diputados podrán retierar mociones que votará el pleno de los diputados, antes del primer y segundo debate.
En tanto, los docentes de la ANDE y la APSE anunciaron una nueva huelga para la próxima semana, con lo que alcanzarán 103 días de huelga en un año, posiblemente una cifra inédita en el país, pese a que sus dirigentes firmaron el acuerdo con el que los diputados aceptaron sacar la educación de categoría de servicio esencial y permitirles huelgas hasta de 21 días naturales continuos o diez días discontinuos.
La alarmante cifra que pagaremos por intereses
En medio de la discusión por la reforma a las huelgas, no podemos obviar esta noticia: en el 2020, los contribuyentes tendrán que pagar casi ¢2 billones por los intereses de la deuda pública que los gobiernos han asumido para financiar la operación del Estado, lo que restringirá la posibilidad de invertir en obras y servicios para la población.
Dicha cifra implica un aumento de casi ¢400.000 millones con respecto al 2019, según cifras reveladas por Rocío Aguilar, ministra de Hacienda. Se trata de un incremento de un 26% en solo un año.
El enorme peso de los intereses
Pago de intereses de deuda pública en 2020: ¢1.929.345 millones.
FUENTE: CONSULTAS DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS || c.f. / LA NACIÓN.
Esta semana, también trascendieron los siguientes hechos relevantes:
-La exdefensora Ofelia Taitelbaum fue condenada a 9 años de prisión por uso de documento falso
