Josué Bravo. 24 agosto
Las diputadas del PLN Yorleny León y Silvia Hernández junto al ministro de la Presidencia, Víctor Morales. Foto: Diana Méndez
Las diputadas del PLN Yorleny León y Silvia Hernández junto al ministro de la Presidencia, Víctor Morales. Foto: Diana Méndez

Un fuerte bloque de diputados, provenientes de las tres mayores bancadas del Congreso más un independiente, rechaza el texto de ley que legalizaría las huelgas en los servicios esenciales, como hospitales y policías.

Se trata de 14 legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), 10 del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC); entre seis u ocho del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y el independiente Erick Rodríguez Steller.

Este bloque se opone al texto sustitutivo presentado el jueves por la liberacionista Franggi Nicolás y otros 11 diputados, porque contradice el proyecto original, propuesto por el también verdiblanco Carlos Ricardo Benavides, el cual evitaría los abusos en las huelgas en los servicios públicos.

La jefa del PLN, Silvia Hernández, afirmó: “La mayoría de la fracción del Partido Liberación Nacional se manifiesta en contra del texto sustitutivo que se presentó ayer por parte de 12 diputados”.

Hernández agregó que esa iniciativa pone en riesgo el derecho a la salud y la vida de los costarricenses al permitir que servicios esenciales: “No podemos apoyar este tipo de iniciativas. Nadie debe ni puede prohibir el derecho a la huelga, pero no a costa de la salud, la vida y de la seguridad de todas las personas, donde las más vulnerables son siempre los más humildes”.

Nielsen Pérez, jefa del PAC, informó de que su fracción rechazó de plano el proyecto, tras hacerle un análisis.

“No estamos avalando ese texto. Me parece que es todo lo contrario a lo que el país necesita en este momento. Me parece que el país necesita que pongamos todos los intereses de los ciudadanos por encima de sectores y de grupos específicos.

“También, necesita que garanticemos todos los derechos de toda la población pero que, cuando hay conflicto entre un derecho o hay colisión entre derechos, pues el Estado se brinde certeza jurídica y brinde las reglas del juego para que no haya conflicto entre derechos”, puntualizó Pérez.

En se sentido, la jefa oficialista confirmó que los diez diputados del PAC siguen respaldando la propuesta de Benavides, la cual fue dictaminada en comisión, hace dos semanas.

“Viene a regular las huelgas cuando hay conflicto entre diferentes derechos. Reconocemos el derechos al huelg,a pero también reconocemos que hay servicios esenciales en el país como los servicios de salud, entonces es muy importante que queden las reglas bien bien claras para todas las partes”, añadió Pérez.

Pérez recordó que, en servicios de salud, por Constitución Política, las huelgas están prohibidas. “Entonces, es muy importante darle esa certeza a la población de que su derecho a la salud y su protección a la vida están garantizados aún en periodos de huelga”, añadió.

El proyecto original también regula el derecho a huelga en servicios trascendentales como la recolección de basura, siempre que los trabajadores presenten un plan de servicios mínimos.

El de educación lo califica como especial estratégico, donde la huelga se permitiría durante 21 días seguidos o diez discontinuos, siempre que los trabajadores presenten un plan mínimo de servicios como garantizar la apertura de centros educativos, de limpieza y seguridad.

Pedro Muñoz, subjefe de bancada del PUSC, asegura que el texto sustitutivo empeora el proyecto inicial.

En ese contexto, seis diputados o más de su bancada mantienen su respaldo a la propuesta de Benavides, aseguró Muñoz.

Sin embargo, esa misma cantidad de legisladores socialcristianos están a favor de mejorar el texto dictaminado.

Básicamente, apoyan las mociones de Muñoz encaminadas a reducir los 21 días que se le permitirían a los trabajadores de educación en los movimientos de huelga, así como que se suspendan los contratos laborales en caso de una declaratoria de ilegalidad de huelga.

“El proyecto, a como está, la mayoría de la fracción lo respalda, pero aspira a que se modifique, sustancialmente, no solo en tema de educación sino en otros temas”, aseguró el socialcristiano.

En tanto, el independiente Erick Rodríguez Steller, calificó el texto liderado por Nicolás como “una verdadera irresponsabilidad”.

“Eso que están haciendo, calculo que le están dando más ventajas de las que ya hay en el Código de Trabajo actual sin ninguna reforma. Entonces, a mí me parece que esos son actos populistas y son actos que en nada beneficia la situación del país. Por eso, estoy totalmente de acuerdo con al texto dictaminado en comisión”, expuso el independiente.

Por su parte, Eduardo Cruickshank, jefe del Partido Restauración Nacional, adelantó que el lunes su fracción discutirá el texto sustitutivo. También, mencionó que sobre la propuesta original no hay una posición de bancada.

Sin embargo, considera que en los servicios esenciales se deben impedir las huelgas.

“Por supuesto, hay que delimitar claramente que son servicios esenciales porque hay alguna gente que quisiera calificar todo como servicios esenciales, Los servicios esenciales son aquellos que afectan la vida y la salud de las personas. Legislación actual, sobre todo la última reforma firmada por el expresidente (luis Guillermo) Solís, es sumamente permisiva y hay que modificarla y establecer un balance”, puntualizó.

Durante la reciente de ocho días de los sindicatos de la seguridad social, realizada a inicios de agosto, se suspendieron 82.000 citas médicas, quedaron 1.600 operaciones sin hacerse y más de 20.000 exámenes y procedimientos diagnósticos se cancelaron en todo el país.

El texto sustitutivo presentado por Nicolás legalizaría las huelgas en servicios como hospitales, policías, rescate de víctimas, suministro de agua potable y de combustibles, así como comedores escolares y entrega de cuerpos en las morgues judiciales. La condición es que los sindicatos cumplan un plan de servicios mínimos.

A la vez, impediría aplicarles rebajos salariales, en forma retroactiva, a los funcionarios que participen en movimientos que sean declarados ilegales, a diferencia de lo que propone el plan de Benavides que ya fue dictaminado.