Además de legalizar las huelgas en servicios esenciales, el proyecto de ley presentado por la liberacionista Franggi Nicolás y 11 diputados más mantendría la dificultad que tienen los juzgados de Trabajo para notificar a los sindicalistas en huelga sobre los procesos de calificación de legalidad o ilegalidad de los movimientos.
Tal dificultad permite que las suspensiones de servicios se prolonguen por atrasos en los procesos judiciales, pues estos no avanzan si el sindicato no es notificado de que su patrono pidió declarar ilegal la huelga.
El proyecto de regulación de huelgas, que fue dictaminado en una comisión especial, pide a los sindicatos o coaliciones gremiales registrar un correo electrónico ante el Ministerio de Trabajo, a través del cual recibirían los avisos por parte de los juzgados de Trabajo.
El texto sustitutivo que Franggi Nicolás presentó, en la última etapa de presentación de mociones de fondo, eliminaría ese requisito.
“Ese punto de notificaciones se eliminó en ambos..., tanto en el texto sustitutivo como en el proyecto de ley 21.049 (original); entiendo que Carlos Ricardo (Benavides) lo va a eliminar vía moción tras un proceso de negociación con los sindicatos de educación”, respondió Nicolás tras la consulta de La Nación sobre este aspecto.
Sin embargo, el texto propuesto por el diputado Carlos Ricardo Benavides, también liberacionista, estipula la obligación de que los sindicatos envíen cada año al Ministerio de Trabajo una nómina completa de sus miembros, así como una dirección electrónica para atender ese tipo notificaciones. Dicha información deberá ser de acceso público en línea.
En caso de incumplir con el registro, las resoluciones que el Juzgado dicte se tendrán por notificadas de forma automática, dice el proyecto.
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De igual forma, Benavides negó lo dicho por su compañera de bancada y afirmó que no existe negociación alguna de su parte con los sindicatos para variar este punto.
De hecho, el artículo 377 del texto de Banavides también obliga a los sindicatos y a las coaliciones gremiales a entregar al patrono, con copia al Ministerio de Trabajo, un aviso de huelga con cinco días de anticipación.
En esa advertencia, deberán indicar la fecha de inicio, quién es su patrono, cuáles serán los centros de trabajo afectados, la modalidad del movimiento y la dirección de correo electrónico donde atenderán notificaciones de parte del patrono, el Ministerio y las instancias judiciales; de lo contrario, también se les aplica la notificación automática.
En setiembre del año anterior, por ejemplo, en plena huelga contra la reforma fiscal, el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José logró notificar a Luis Chavarría, líder de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), en las afueras del Palacio Arzobispal, en San José.
En esa ocasión, a las 3 p. m., y luego de esperarlo una hora en las afueras del Palacio Arzobispal, el notificador Édwin Méndez Gómez logró entregarle la hoja a Chavarría, quien se preparaba para entrar a la quinta reunión de diálogo con el Gobierno y la Iglesia católica.
El documento, que había sido emitido 10 días antes por el Juzgado, fue arrebatado de las manos del notificador por Marta Rodríguez (secretaria general adjunta de Undeca), quien lo mantuvo en su poder mientras caminaba hacia el interior del edificio.
Tres días antes, el Juzgado había evidenciado su incapacidad para notificar al sindicalista sobre el proceso de legalidad o ilegalidad de la huelga, porque ningún dirigente de Undeca estaba disponible para recibir el aviso.
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De acuerdo con Benavides, un correo electrónico es vital para ese tipo de acciones. "Es una forma de evitar que los líderes sindicales puedan esconderse para no recibir la notificación como sucedió en las huelgas del 2018 y como acaba de suceder en la huelga más reciente de la Caja.
“Ocho días después no habían podido notificar a varios representantes de organizaciones sindicales y, entonces, usan esa falta de obligación de tener una dirección electrónica para atrasar el proceso y seguir holgando sin que el procedimiento ante el Juzgado comience. Por eso, es vital y por eso extraña tanto, que el texto sustitutivo que firmaron los diputados ayer lo haya quitado, hayan removido esa obligación”, expuso el verdiblanco.
La propuesta liderada por Nicolás establece que las resoluciones, una vez que quede en firme la declaratoria de ilegalidad de la huelga, se comunicarán conforme a la Ley de notificaciones.
De igual forma, ordena una reforma al artículo 19 de dicha legislación, para que esos documentos se entreguen a las “personas físicas de forma personal”, así como al domicilio contractual, real o registral, y a la casa de habitación.
No obstante, Benavides, explica que la Ley de notificaciones contiene vacíos. "No prevé la existencia previa de un lugar para ver notificaciones por parte de los sindicatos. En la ley de notificaciones tratan al sindicato como cualquier otra persona en la que no importaría que pase un mes, dos meses sin notificar para iniciar un procedimiento.
“En el caso de las huelgas, por afectar servicios de los ciudadanos, tiene que existir una dirección de manera que se pueda tramitar rápidamente y, en realidad, el sindicato no deberían de tener miedo porque el juez, lo que va a decir es si la huelga es legal o es ilegal; puede dictar una sentencia favorable y una sentencia desfavorable. Andarse escondiendo, sencillamente, es una forma de evitar una resolución por parte de la autoridades judicial”.
Al desmentir a Nicolás sobre un supuesto acuerdo con los sindicatos para variar este aspecto de su proyecto, el presidente legislativo recordó que la única negociación ocurrió en semanas anteriores con los gremios de educación.
Ese diálogo, que contó con la mediación del Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), permitió excluir a la educación de los servicios esenciales donde se prohíben las huelgas, en el texto dictaminado hace dos semanas.
Ahora, en su propuesta, se califica como servicio especial estratégico donde los movimientos tienen un límite de 21 días seguidos y 10 días discontinuos, siempre que los trabajadores presenten un plan mínimo de servicios.
El proyecto liderado por Nicolás fue presentada ayer miércoles vía texto sustitutivo. Contiene el respaldo de sus compañeros de fracción Paola Valladares y Daniel Ulate.
De igual forma lo respaldan Ignacio Alpízar, Harllan Hoepelman, Carmen Chan y Nidia Céspedes, del bloque fabricista Nueva República; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN); Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); José María Villalta, del Frente Amplio; y Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).