Cuatro diputados del Partido Liberación Nacional y uno del Frente Amplio impulsan una moción para que los servicios de Bomberos y rescatistas, así como los suministros de agua, electricidad y combustibles, se saquen de la lista de actividades esenciales en las que las huelgas son ilegales.
La propuesta de los liberacionistas María José Corrales, Roberto Thompson, Paola Valladares y Daniel Ulate, junto al frenteamplista José María Villalta, es que esos cuatro servicios sean catalogados como trascendentales en el proyecto de ley que se tramita en el Congreso para regular las huelgas.
Con ese cambio, sus empleados podrían ausentarse del trabajo para protestar hasta por diez días naturales, y dejar a los usuarios con un servicio mínimo.
La versión vigente del plan de ley, por el contrario, incluye los cuatro servicios en una lista de diez áreas esenciales donde las huelgas quedarían prohibidas por el daño que pueden causar a la población si se suspenden. Se incluyen ahí los servicios de salud, seguridad, controladores aéreos y comedores escolares, por ejemplo.
Según Thompson, la moción se presentó para acompañar las inquietudes de otros diputados que consideran que la lista de servicios esenciales debería modificarse.
“En términos generales se mantienen los servicios que tienen que ver con la vida, la salud y la seguridad de las personas y eso lo estamos apoyando por supuesto, pero entra en la discusión con algunos otros compañeros la inquietud de algunos de los que se señalan ahí, que podrían pasar de categoría” alegó Thompson.
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El cambio daría flexibilidad para que participen en huelgas los funcionarios de Bomberos y aquellos que se dedican a la búsqueda de desaparecidos, la atención de desastres y las llamadas de emergencias.
También aplicaría para los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales; suministro de telecomunicaciones, energía eléctrica y reparación de averías; además de la importación, transporte, distribución y suministro de combustible, mientras se presten en régimen de monopolio.
El legislador alajuelense argumentó que, si los encargados de estas actividades se van a huelga, el plan de ley garantiza que las instituciones prestarán un servicio mínimo y continuo.
Valladares y Ulate son parte de la decena de diputados que respaldan el texto sustitutivo al plan de huelgas que impulsa la también liberacionista Franggi Nicolás, el cual legalizaría los movimientos de protesta en los servicios esenciales.
Thompson afirmó que él no respalda dicho texto y que su apoyo a la iniciativa de ley que impulsa el presidente legislativo Carlos Ricardo Benavides, está garantizado al 100%. Aun así, promueve varios “aportes” que, según dijo, se discuten en el seno de la bancada.
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Debate sobre prohibición a huelgas contra políticas
Thompson afirmó que la fracción del PLN inició este lunes un debate sobre si las huelgas contra políticas públicas deberían prohibirse del todo, o regularse.
Él y Corrales promueven una moción que eliminaría el párrafo del proyecto de ley que prohibiría a los trabajadores irse a huelgas que no tengan conexión directa con su patrono.
“Hay una discusión a lo interno de la fracción con respecto a este tema en particular, y ahí hay diferentes inquietudes con respecto al tema de lo que se entiende por una política pública. Algunos hemos pensado que el texto no es suficientemente claro y que podrían valorarse algunas otras opciones”, explicó Thompson.
El legislador por Alajuela dijo que Benavides le habló a la fracción sobre varias mociones que modificarían la disposición sobre las huelgas contra políticas públicas, por lo que la bancada acordó analizarlas.
Lo que sí está claro, dijo Thompson, es que la fracción mantendrá su oposición a las huelgas en los servicios públicos esenciales, así como a que se realicen bloqueos de vías.
Las mociones de fondo que presentaron los diputados al plan para regular las huelgas se someterán al conocimiento de la comisión especial que tramita el proyecto de ley en el transcurso de esta semana.
