EscucharAl menos ocho afirmaciones del mandatario Rodrigo Chaves o alguno de los miembros de su gabinete han sido desmentidas por tribunales. Cuatro de los casos tienen que ver con el ministro de Justicia, Gerald Campos.
Si quiere ver el especial completo de las 52 falsedades del gobierno puede ingresar a este enlace.
1. Sala IV no ordenó a Justicia compra masiva de computadoras
¿Qué dijo el gobierno? El 7 de febrero del 2024, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, afirmó que una sentencia de la Sala Constitucional le ordenó hacer una “compra masiva” de computadoras para los privados de libertad.
La realidad. Ese mismo día, ese Tribunal desmintió a Campos y aclaró que la resolución solo ordenó proporcionar medios para que los reclusos consulten electrónicamente sus expedientes.
2. Sala IV no impidió despido de policía penitenciario
¿Qué dijo el gobierno? El 11 de octubre del 2023, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos; y el mandatario Rodrigo Chaves, afirmaron que una resolución de la Sala IV les impedía despedir a un policía penitenciario acusado de introducir marihuana en una cárcel.
La realidad. Horas después, la Sala aclaró que no existía tal medida cautelar y que el Estado podía destituir a funcionarios que cometieran faltas.
3. Sala IV no ordenó poner cámaras en los cuerpos de todos los policías penitenciarios
¿Qué dijo el gobierno? En octubre del 2022, el ministro de Justicia, Gerald Campos, indicó a La Nación que no podía realizar más operativos de máxima seguridad para encontrar celulares, drogas y armas debido a una orden de los magistrados de colocar cámaras en el cuerpo de todos los policías.
La realidad. El 9 de agosto de ese año, la Sala IV resolvió un habeas corpus y ordenó a las autoridades de La Reforma usar “equipo de grabación portátil suficiente para filmar, almacenar, registrar y documentar todas las intervenciones, requisas y recuentos que se lleven a cabo”. El magistrado Fernando Castillo explicó que, aunque los oficiales deben grabar los decomisos y operativos que realicen en celdas, no impide la realización de operativos ni exige comprar una cámara para cada oficial.
4. Tribunal pidió más policías por informe de director de cárcel
¿Qué dijo el gobierno? El 17 de julio pasado, el ministro de Justicia, Gerald Campos, cuestionó una resolución de la jueza de Ejecución de la Pena de Alajuela, Kattia Carballo Chaves, quien instruyó al Ministerio de Justicia y a la Dirección de Adaptación Social para que, en dos meses, cubriera al menos el 50% del personal faltante en el Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora, para que este opere con seguridad. Campos le dijo al mandatario Chaves que la jueza solo le dio la orden de nombrar 15 policías en esa cárcel ubicada en San Rafael de Alajuela, lo que implicaba “quitar 15 policías de un centro y trasladarlos a otro”.
La realidad. En la resolución N.° 2024-004757, del 8 de julio del 2024, la jueza Carballo no ordenó el traslado de personal entre centros penales. En realidad, su decisión se fundamentó en un oficio presentado, desde octubre del 2023, por el director de la cárcel, Juan Manuel López Arias, quien informó de que el CAI cuenta con 183 policías, pero requiere de 212 oficiales para operar de forma segura.
5. Sala IV corrigió a Sinac sobre delimitación de Gandoca-Manzanillo
¿Qué dijo el gobierno? El 25 de junio del 2024, Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad Caribe, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), negó que la Sala IV les hubiese ordenado delimitar el área del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur, con el fin de incluir 188 hectáreas boscosas dentro de esa zona protegida.
La realidad. Un día después, la Sala Constitucional corrigió a Mora al reafirmar que, en la sentencia 12745-2019, del 10 de julio del 2019, ordenó al Sinac delimitar la zona, al declarar inconstitucional una ley del 2014 que desafectó esas 188 hectáreas.
6. Directivas del ICE no fueron nombradas ilegalmente
¿Qué dijo el gobierno? El 1.° de junio del 2022, el Consejo de Gobierno separó a tres directivas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) porque fueron nombradas de manera ilegal, sin cumplir con los requisitos para el cargo, durante el periodo de Carlos Alvarado. Se trata de Sandra Rojas Araya, María Elena Feoli Peña y Carla Murillo Solano, cuyos designaciones datan del 2019. Ese día, el Poder Ejecutivo también denunció los hechos ante el Ministerio Público.
La realidad. El 24 de mayo del 2024, tras una investigación, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción concluyó que “no se vislumbra ningún hecho controversial o doloso” en la ejecución de dichos nombramientos y solicitó el sobreseimiento de la causa penal tramitada en el expediente 23-000139-1218-PE contra el ahora expresidente Carlos Alvarado y otras ocho personas.
7. Juzgado desestimó denuncia de Luis Amador contra exviceministra de Transportes
¿Qué dijo el gobierno? En enero del 2023, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, le exigió la renuncia a su viceministra, Laura Ulloa, por solicitar bloquear una cuenta de correo electrónico anónima desde la cual llegaban, con copia a Amador, mensajes con insultos y contenido soez. Amador adujo que ella estaba “obstruyendo evidencias” y la denunció ante la Fiscalía.
La realidad. El 20 de junio de ese año, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José desestimó la denuncia de Amador, por falta de pruebas para imputar responsabilidades. El Ministerio Público señaló que no había elementos que sirvieran para imputar responsabilidades. La jueza penal, Laura Lara, concluyó que correspondía dictar la desestimación del caso.
8. Fiscala Criss González no incurrió en conflicto de intereses en ‘megacaso’ evasión fiscal
¿Qué dijo el gobierno? El 25 de enero del 2023, el mandatario Rodrigo Chaves criticó a la fiscala adjunta Criss González por haber solicitado la desestimación de una denuncia anónima sobre el supuesto “megacaso” de evasión fiscal, en el que figuraban el banco BCT y su socio y fundador, Leonel Baruch Goldberg. Chaves alegó que González debió inhibirse porque había sido subalterna de Baruch.
La realidad. El Tribunal de la Inspección Judicial no encontró actuación anómala ni conflicto de intereses en la actuación de Criss González. En la resolución 2023-001072, el Tribunal archivó el expediente al no encontrar falta disciplinaria.
