Juan Manuel López Arias, jefe policial del Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora, ubicado en San Rafael de Alajuela, alertó desde el 11 de octubre del 2023 sobre un déficit de 30 policías penitenciarios en esta cárcel.
Pese a ello, Gerald Campos, ministro de Justicia, cuestionó una resolución de la jueza de Ejecución de la Pena de Alajuela, Kattia Carballo Chaves, que instruyó al Ministerio de Justicia y a la Dirección de de Adaptación Social para que, en dos meses, se cubriera al menos el 50% del personal faltante para que el centro opere con seguridad.
En conferencia de prensa del 17 de julio, Campos le dijo al mandatario Rodrigo Chaves que la jueza le instruyó nombrar 15 policías en la cárcel Luis Paulino Mora, lo que implicaba “quitar 15 policías de un centro y trasladarlos a otro”.
Según Campos, ellos distribuyen los recursos conforme a una lógica de seguridad, y la orden Carballo representaba una coadministración.
Chaves le preguntó bajo qué fundamento emitió la orden la jueza y el ministro le contestó que simplemente era una orden. De seguido, el mandatario le respondió: “¿No sabe ella que para formar un policía se requiere un año mínimo por la ley de policías? Entonces, ¿ahora los jueces pueden ordenarle a alguien hacer magia?”.
El fundamento de la resolución
En la resolución 2024-004757, emitida el 8 de julio de 2024, la jueza Carballo no ordenó el traslado de personal entre centros penales. La decisión se fundamentó en el oficio SEG-CAI-LPMM-5108-2023, presentado en octubre por el director de la cárcel a Nils Ching Vargas, director de la Policía Penitenciaria.
En dicho documento, López informó de que el CAI Luis Paulino Mora cuenta con 183 policías (90 en la escuadra A, 89 en la escuadra B y cuatro con horario de 5x2), pero que el centro penal en realidad requiere de 212 oficiales para operar de forma segura.
En la resolución, la jueza subrayó que este déficit de personal no solo afecta la seguridad Institucional, sino también la capacidad operativa y funcional del centro para desarrollar actividades deportivas, atención técnica y salidas médicas.
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No es la primera vez
Esta no es la primera vez que unas declaraciones del ministro Campos se alejan de una resolución del Poder Judicial. El pasado, la Sala Constitucional contradijo, al menos, en tres ocasiones al ministro Campos.
El 7 de febrero anterior, los magistrados informaron de que no habían ordenado una compra masiva de computadoras para privados de libertad, como aseguró el jerarca de Justicia en una conferencia de prensa en Casa Presidencial.
Ese día, Campos afirmó que un fallo de la Sala Constitucional ordenó proporcionar una computadora con acceso a Internet a cada reo del país. Sin embargo, la sentencia solo ordenaba garantizar a los reclusos la posibilidad de consultar electrónicamente sus expedientes.
El 11 de octubre del 2023, el Tribunal Constitucional también lamentó que el ministro de Justicia y el presidente Chaves indicaran erróneamente que una resolución de la Sala impedía despedir a funcionarios corruptos.
Campos afirmó que los magistrados emitieron una medida cautelar, relacionada con una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Empleo Público, que impedía destituir a un policía penitenciario acusado de introducir marihuana a una cárcel. Horas después, la Sala IV emitió un comunicado aclarando que no existía tal medida cautelar y reafirmó que el Estado podía destituir a funcionarios que cometieran faltas.
En octubre del 2022, el ministro de Justicia indicó a La Nación que no podía realizar más operativos de máxima seguridad para encontrar celulares, drogas y armas debido a una orden de los magistrados de colocar cámaras en el cuerpo de todos los policías.
Él se refería a la resolución de un recurso de habeas corpus del 9 de agosto de ese año, en la que la Sala IV solicitó a las autoridades de La Reforma usar “equipo de grabación portátil suficiente para filmar, almacenar, registrar y documentar todas las intervenciones, requisas y recuentos que se lleven a cabo”.
Antes de esa sentencia, la Sala había establecido que los oficiales deben grabar los decomisos y otros operativos en las celdas, lo que no impide la realización de operativos ni exige comprar una cámara para cada oficial. Así lo explicó el presidente del Tribunal, Fernando Castillo.