La Sala IV refutó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y al ministro de Justicia, Gerald Campos, luego de que ambos afirmaron que una medida cautelar emitida por este tribunal impide despedir a un funcionario penitenciario que intentó meter droga a una cárcel.
Campos, apoyado por Chaves, dijo que el impedimento obedece a una acción de inconstitucionalidad presentada, ante la Sala IV, contra la Ley de Empleo Público, la cual entró a regir en marzo del 2023.
Mediante un comunicado de prensa enviado a las 3:08 p. m., los magistrados aclararon que ninguna acción de inconstitucionalidad en relación con esta ley impide al Estado ejercer la potestad disciplinaria contra funcionarios que violenten la ley.
“El Tribunal Constitucional lamenta profundamente que el Poder Ejecutivo haya incurrido en este error, al afirmar que los cursos de las acciones de inconstitucionalidad imponen medidas cautelares que impiden tramitar los procesos administrativos disciplinarios, y al asegurar que no se puede despedir al funcionario que haya cometido algún acto ilegal cuando en derecho corresponda”, dijo la Sala IV.
El comunicado agrega que, actualmente, los magistrados estudian cinco acciones de inconstitucionalidad sobre la Ley de Empleo Público, pero insiste en que no existe la medida cautelar citada por el presidente y el ministro.
La Sala IV reaccionó luego de que, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, el ministro de Justicia dijo que la Fiscalía pidió medidas contundentes contra el funcionario penitenciario que trató de meter drogas a una cárcel, pero el Tribunal de Flagrancia de Alajuela solo le impuso firmar una vez por semana y le impidió cambiar de domicilio.
Dijo que el sistema penitenciario tendrá que recibirlo de nuevo como si nada hubiese pasado.
“Si hay un funcionario encontrado cometiendo un delito dentro del sistema penitenciario, debería de salir con otro tipo de medidas, mínimo que no siga dentro del sistema penitenciario costarricense”, mencionó.
Agregó que, ahora, el personero tendrá que salir de vacaciones mientras se inicia un proceso disciplinario, mas alegó que existe otro inconveniente.
“Esta persona merece el despido, pero una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, sobre la nueva ley, impide que resolvamos estas causas hasta que ellos den el criterio definitivo; o sea, no vamos a poder despedir”, dijo.
En ese momento, Chaves intervino para decir: “O sea, la Sala IV emitió una medida cautelar diciendo ‘no despidan a esta gente, no hagan los procesos administrativos sancionatorios hasta que yo, quién sabe cuándo, me pronuncie’. Entonces, este señor va a seguir trabajando o va a seguir recibiendo salario del Ministerio de Justicia, vaya, vaya”.
La Nación envió un correo al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, para solicitar copia del documento usado por los jerarcas del Poder Ejecutivo para fundamentar su posición.
